OPINIÓN/ El globalismo del Tratado del Mar y las oenegés anti-industria nacional

(El Montonero).- El globalismo ideológico que promueven todas las corrientes progresistas en el mundo siempre está buscando crear foros internacionales, sistemas globales y mecanismos de sanción globalizados con el objeto de menoscabar las soberanías nacionales de los Estados. El gran problema es que la red del globalismo ideológico ha sido utilizada por el progresismo mundial para detener el capitalismo en el mundo y en Hispanoamérica. Por ejemplo, unos años atrás se quiso hacer pasar el llamado Acuerdo de Escazú, que convertía en temas de Derechos Humanos cualquier tipo de conflicto social o ambiental entre las poblaciones y los estados y las empresas privadas. Bajo esa lógica, por ejemplo, un radical antiminero que asaltaba una mina o incendiaba instalaciones de empresas privadas era considerado un “defensor ambiental” y tenía un fuero especial para ser investigado. ¡Imagínense!

La responsabilidad del Congreso de evitar un caballo de Troya en la soberanía nacional

El llamado Acuerdo de Escazú era una especie de sistema de justicia interamericana recargado, y ya imaginamos las consecuencias que se iban a desencadenar en el desarrollo del país. De allí la reacción nacional ante la decisión de la presidente Dina Boluarte de suscribir el Tratado de Alta Mar o Tratado de Biodiversidad Biológica en Aguas Fuera de la Jurisdicción Nacional (BBNJ por sus siglas en inglés) en Francia. La suscripción se hizo de espaldas al país, sin consultar con las entidades especializadas como el Instituto del Mar Peruano (Imarpe), sin consultar con las fuerzas armadas, el Congreso y el sector empresarial. Algo muy grave de principio a fin.

Si bien el Tratado de Alta Mar establece que el objetivo principal del acuerdo se focaliza en “la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica marina en las áreas situadas fuera de la jurisdicción nacional, sin embargo, en el artículo 5, en el numeral 1, se establece que el Tratado se interpretará de acuerdo con los criterios generales de la Convención del Mar. Como todos sabemos el Perú no ha firmado la Convención del Mar por su política irrenunciable en defensa de la soberanía de las 200 millas.

Únicamente basta esa referencia para interpretar el Tratado de Alta Mar dentro de los parámetros de la Convención del Mar para que las oenegés anti-industria pesquera desarrollen todos los relatos y habidos y por haber para erigirse como defensores de la biodiversidad marina con el objeto de captar los fondos y la llamada “cooperación azul” que sobrevendrá con la ratificación del Tratado suscrito en Francia.

En el Perú las oenegés anticapitalistas han desarrollado innumerables fábulas para erigirse en defensores de los recursos hídricos para consumo humano y agricultura frente a la minería; para defender el agua frente a la supuesta depredación de la agroexportación, y también han mermado de gravedad la productividad de la industria pesquera reduciendo el espacio de pesca de la milla 3 hasta la milla 5. Casi siempre detrás de los fondos de estas oenegés están los competidores internacionales del Perú en minería, agroexportación y también en pesca.

Sin embargo, siempre sucede todo lo contrario. Por ejemplo, el bloqueo de las inversiones mineras formales ha posibilitado el avance de la informalidad y la minería ilegal que destruye el medio ambiente. En el caso de la pesca la zona reservada de 5 millas –no puede entrar la pesca industrial– para el consumo humano solo ha significado la desaparición de la chita, el toyo, el bonito, el ojo de uva y otras especies del mercado familiar. Sin embargo, desde hace varios años Imarpe y la industria pesquera nacional han preservado la biomasa de anchoveta en alrededor de 10 millones de toneladas métricas. Un verdadero ejemplo mundial.

¿A qué viene todo esto? Con la firma del Tratado de Alta Mar, ¿a quién se le ocurre que el monitoreo de la biodiversidad en aguas no nacionales no afectará las políticas de Estado con respecto a la industria pesquera? Todos los competidores nacionales de una industria que representa el 1.5% del PBI y que genera 700,000 empleos, entre directos e indirectos, apuntarán a financiar a los frívolos militantes izquierdistas que organizarán oenegés para detener la industria peruana. Y ni qué decir de la posibilidad de desarrollar la explotación de recursos naturales e hidrocarburos en el mar, tal como lo hacen Noruega y otras naciones desarrolladas.

En otras palabras, de ninguna manera el Legislativo debe dejar pasar la ligereza cometida por Dina Boluarte al suscribir el Tratado de Alta Mar.