OPINIÓN/ Delincuencia y turismo en el Perú
Escribe: Eco. José Soto Lazo (*)
La seguridad no solo es una condición para atraer visitantes: es también una base esencial para el desarrollo humano y económico
En esta oportunidad creo oportuno escribir sobre un tema poco debatido pero muy importante para quienes estamos convencidos del potencial económico del país.
El Perú ha experimentado un repunte significativo y lamentable de la delincuencia, con efectos directos en su imagen como destino turístico. En los últimos años, cerca de un millón de peruanos se han convertido en nuevas víctimas de la delincuencia, tanto que en el año 2024, el 27,1% de la población de 15 y más años de edad del área urbana del país, manifestó haber sido víctima de algún hecho delictivo que atentó contra su seguridad, cifra que refleja un deterioro sostenido de la seguridad ciudadana.
Los delitos más frecuentes son los robos y hurtos —principalmente en Lima Metropolitana, Callao, Arequipa, Cusco y Trujillo— al punto que el Ministerio del Interior (MININTER) y la Policía Nacional del Perú (PNP) han reportado más de 500,000 denuncias penales anuales entre 2022 y 2023, donde casi el 70 % corresponden a delitos contra el patrimonio, seguidos por delitos contra la vida, el cuerpo y la salud.
El turismo receptivo que fue afectado por la crisis del COVID-19 y la inestabilidad política se ha visto amenazado por la inseguridad, tanto que han aumentado las denuncias de robos a turistas extranjeros, muchas ocurridas en zonas tradicionalmente seguras como Miraflores y el Centro Histórico de Lima. Incluso embajadas como la de Estados Unidos, Reino Unido y Canadá han emitido repetidas alertas de viaje, desaconsejando visitar ciertas regiones del país como el VRAEM, Puno, Cusco y ciertas partes de Lima.
De lo descrito, se puede advertir que la delincuencia obstaculiza el crecimiento del turismo, subrayando que el sector solo se recuperará con avances en seguridad. El sector privado también se ha pronunciado, según la Cámara Nacional de Turismo (CANATUR), el temor a la inseguridad ha provocado cancelaciones de reservas, menor tiempo de estadía de visitantes y reducción en el gasto promedio por turista. Esta situación es especialmente crítica en zonas como Cusco, Ica y Arequipa, que dependen
fuertemente del turismo para su economía local. Situación que no busca alarmar porque que solo describe los hechos acontecidos.
Por otra parte, el gobierno implementó un Plan de Protección al Turista, que incluyó coordinación interinstitucional entre MINCETUR, MININTER y gobiernos regionales. Se han creado “corredores seguros”, reforzado la presencia policial en destinos turísticos y fortalecido la capacitación de la Policía de Turismo. Sin embargo, los resultados aún son limitados, en parte por la falta de continuidad política y por una percepción pública de impunidad.
Desde ésta perspectiva, puede afirmarse que el Perú enfrenta un doble desafío: controlar la delincuencia generalizada y proteger uno de sus sectores económicos más vulnerables y estratégicos: el turismo. Si bien Perú aún no figura entre los países más violentos de la región, la tendencia creciente de homicidios y extorsión es alarmante. Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la inseguridad puede representar hasta el 3.4 % del PIB en pérdidas para los países latinoamericanos, principalmente por su efecto disuasivo sobre la inversión extranjera, turismo y consumo.
El Perú atraviesa una crisis de seguridad profunda, con múltiples indicadores negativos: homicidios crecientes, violencia urbana, atentados con explosivos y extorsiones visibles y mediáticas. La proliferación de bandas, el desgarro institucional y declaraciones de alerta de gobierno extranjeros han golpeado la confianza, tanto ciudadana como turística.
Se requiere una real política de seguridad ciudadana: firme contra el crimen, pero también justa, preventiva y sostenible