OPINIÓN/ Se amplía el Reinfo y continúa la tolerancia a la minería ilegal

(El Montonero).– El Ejecutivo acaba de anunciar que el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo, del sector Energía y Minas) se ampliará hasta el 31 de diciembre de 2025 y, de esta manera, el señalado registro –que ha fracasado en todos sus objetivos– se extenderá por cuarta vez desde su creación en el 2016. El problema no es solo el evidente fracaso en todas las acciones formalizadoras de este registro, sino que, de una u otra manera, ha sido utilizado por los mineros ilegales para avanzar sobre las concesiones de la minería formal.

Uno de los mayores problemas que enfrenta nuestra sociedad

 

Vale señalar que desde la creación del Reinfo se han inscrito en él más de 87,000 mineros informales; sin embargo, apenas 2,000 lograron formalizarse. Para el resto simplemente no era viable la formalización o se mantenían en calidad de suspendidos. El gran problema del Reinfo es que mientras se permanece inscrito, al margen del resultado final, el productor que desarrolla minería ilegal tiene una protección especial. Es decir, está exento de las graves penas establecidas en contra de la minería ilegal.

El argumento del Ejecutivo para esta prórroga es que en el Congreso no se ha aprobado una nueva ley de la Minería Artesanal y Pequeña Minería (MAPE), que debía organizar un nuevo proceso de formalización. Sin embargo, es necesario señalar que las marchas y contramarchas en este proceso lo único que revelan es que la organización de un nuevo proceso de formalización minera definirá el futuro del modelo económico del país.

¿Por qué? Algunos sectores que, de una u otra manera, proponen tolerar la minería ilegal han comenzado a argumentar que existen concesiones ociosas; es decir, concesiones de especuladores que le niegan los recursos mineros a las pequeñas unidades. Este argumento es demasiado peligroso e irresponsable porque promueve la liquidación del sistema de propiedad en el país y, finalmente, la fractura del Estado de derecho.

¿Un exceso en el análisis? Si se violenta el sistema de propiedad minera en el Perú, ¿por qué no se puede atacar la propiedad agraria e, incluso, cualquier propiedad predial? Y si el sistema de propiedad es relativo, entonces la Constitución y el Estado de derecho están pintados en la pared.

En el Perú apenas el 14% del territorio nacional está concesionado para la minería. ¿De dónde entonces sale el argumento de que hay concesiones y faltan tierras para las pequeñas unidades? Por otro lado, los conflictos con la minería ilegal –es decir, con quienes asaltan y violan la propiedad de una concesión de la minería formal– se produce en el 10% de las reservas probadas de minerales de la minería moderna luego de desarrollar un incesante trabajo de exploración. Es evidente, pues, que la minería ilegal está robando el trabajo de otros.

Una concesión de la minería moderna tiene en promedio más de 10,000 hectáreas. ¿Por qué? La empresa minera luego de verificar las reservas probadas de mineral tituliza toda la concesión con el objeto de conseguir el financiamiento del proyecto en el sistema financiero internacional. De allí que las inversiones modernas demanden desde US$ 1,000 millones hasta US$ 10,000 millones. Con el dinero conseguido la minera formal comienza a explotar en el centro de las reservas probadas, pero asimismo empieza un incesante proceso de exploración en el resto de la concesión para encontrar nuevos yacimientos y ampliar la vida útil de la mina y capitalizar a la empresa.

Bajo este sistema se han desarrollado todas las potencias mineras del mundo, tales como Canadá, Australia y Chile, por ejemplo. Con este sistema de concesiones y de propiedad el Perú ha llegado a convertirse en una potencia minera mundial. Y si hoy, por ejemplo, retrocedemos del segundo al tercer lugar en la producción mundial de cobre solo se explica porque el Estado de derecho no ha defendido a cabalidad el sistema de propiedad minera.

Cuidado entonces que, bajo criterios populistas, con el afán de ganar clientelas y votos en el 2026, se ponga en peligro el sistema de derechos de propiedad en la minería. Cualquier avance en formalización e inclusión de las pequeñas unidades debería respetar ese gigantesco logro de casi tres décadas.