De las memorias de mi padre: el Ing. Eduardo Ridoutt la Rosa
En el desarrollo de obras públicas, una de las mayores amenazas no son los suelos inestables, los plazos ajustados o las restricciones presupuestarias. Es, muchas veces, la figura del mal supervisor: aquel profesional sin preparación técnica suficiente, sin criterio, o peor aún, con intenciones ocultas, que convierte cada decisión de obra en una barrera, y cada solución técnica en una sospecha.
Durante la ejecución de la Urbanización Maranga el año 1971, proyecto del Ministerio de Vivienda, enfrenté uno de esos casos paradigmáticos. El cronograma ya era irreal desde el inicio se licitó con 240 días de plazo y luego, de la noche a la mañana, se redujo a 210 días sin mayor sustento técnico, pero eso no era nada frente a lo que significó tener a cargo un inspector cuya función, lejos de facilitar, era obstaculizar.
Se negaba a revisar en campo las condiciones reales del terreno; imponía decisiones contrarias al sentido común técnico, obligando a excavaciones y procedimientos innecesarios que solo generaban sobrecostos, sin mejorar la calidad de la obra. Rechazaba estudios y materiales aprobados por entidades técnicas competentes, como el Laboratorio Central de Caminos, sin ofrecer argumentos válidos. Y como si eso fuera poco, recortaba arbitrariamente las valorizaciones mensuales, afectando la liquidez del proyecto.
Muchos, ante estas situaciones, ceden. Dan un “incentivo”, un pago extraoficial, una “muestra de agradecimiento” para que las cosas fluyan. Es así como muchas veces se consolidan las cadenas silenciosas de corrupción técnica en nuestro país: bajo el disfraz de la burocracia inflexible, se esconde el chantaje. Se espera que uno se rinda, que acepte jugar en ese terreno fangoso. Pero yo no acepte.
No me presté a ese juego. Documenté cada obstáculo, cada negativa arbitraria, cada intento de frenar el avance legítimo de la obra. Presenté los informes al departamento legal, y con firmeza elevamos la queja al Ministerio de Vivienda. La respuesta fue ejemplar: se conformó una comisión técnica con profesionales de nivel, se evaluó en campo todo lo actuado, y finalmente, se me dio la razón. El inspector fue retirado, nuestras decisiones técnicas fueron validadas, y la obra se completó en el plazo establecido.
Este episodio no fue solo una anécdota laboral: fue una reafirmación de principios. Fue la prueba de que, incluso en entornos adversos, el profesionalismo, la ética y el respeto por la ingeniería bien hecha pueden y deben prevalecer.
Hoy, muchos jóvenes profesionales se enfrentan a situaciones similares. Supervisores impuestos políticamente, técnicos que buscan su tajada del presupuesto, decisiones sin criterio que solo generan retrasos y frustración. A ellos les digo: no claudiquen. Documenten, defiendan sus decisiones, eleven su voz. La integridad puede no ser el camino más fácil, pero es el único que construye verdaderamente.
Porque las obras bien hechas no solo se sostienen sobre concreto y acero. Se sostienen, sobre todo, sobre la dignidad de quienes las hacen posibles.
Y cuando esa dignidad se acompaña de verdad y convicción, la ética siempre termina ganando.
