CNN/ Solo un país de América Latina no tiene ningún expresidente con problemas en la Justicia. ¿Cuál es y por qué?

(CNN/ Por Sofía Benavides y Jhasua Razo)  Colombia y Brasil fueron sacudidos este año por decisiones judiciales que apuntaron directamente a lo más alto del poder político: expresidentes. Álvaro Uribe, presidente de Colombia entre 2002 y 2010, fue condenado en agosto a 12 años de prisión domiciliaria tras ser hallado culpable de fraude procesal y soborno a testigos, lo que lo convirtió en el primer exmandatario del país en ser condenado en un juicio.

En el caso de Jair Bolsonaro, el exjefe de Estado está siendo enjuiciado por el Tribunal Supremo de Brasil por un presunto complot para anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2022, aunque él niega los cargos.

El alto perfil de ambos casos podría remodelar la política nacional en Colombia y en Brasil, países donde habrá elecciones presidenciales en 2026, y tener un impacto incluso más allá de la región. Pero si se posa la lupa sobre el resto de las naciones latinoamericanas, un fenómeno salta a la vista: los problemas de los exmandatarios con la Justicia no son una excepción, son más bien la regla. En casi todos los países de América Latina hay un expresidente del período democrático en la mira de la Justicia.

El caso de Perú representa el paradigma de esta conflictiva relación entre los exmandatarios y la Justicia: la gran mayoría de quienes lideraron ese país desde la década de los 80 hasta el presente ha sido investigada, imputada o incluso condenada. Nada menos que cuatro de ellos cumplen condena de forma simultánea en la prisión de Barbadillo, en Lima.

Sin embargo, hay una excepción en América Latina.

El caso uruguayo, la calidad democrática y la excepción a la regla

Uruguay no solo es la excepción en tanto ninguno de sus presidentes del periodo democrático ha sido investigado, imputado o condenado por la Justicia. Es también la prueba de que una mayor cantidad de procesos judiciales contra mandatarios y exmandatarios no es necesariamente una señal de salud democrática, como muchos políticos y analistas especulan, sino más bien todo lo contrario.

El presidente saliente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, le impone la banda presidencial al presidente electo Yamandú Orsi durante la ceremonia de investidura presidencial en la Plaza Independencia el 1 de marzo de 2025 en Montevideo, Uruguay.

Año tras año, el pequeño país rioplatense encabeza los índices de calidad democrática, como el Democracy Index del grupo The Economist, que en 2024 lo ubicó en el puesto 15 del mundo y lo caracterizó como la única democracia plena de la región, seguido por Chile, en el puesto 29. El índice analiza factores como los procesos electorales y el pluralismo, el funcionamiento del gobierno, la participación política, la cultura política y las libertades civiles.

Según Ángel Arellano, profesor de la Universidad Católica del Uruguay y doctor en ciencia política, son varios los factores que explican este resultado, y no tienen que ver necesariamente con la ausencia de corrupción.

“En Uruguay existe una cultura política de respeto por el uso de lo público. Lo normal es que los altos jerarcas utilicen su propio carro y vivan en sus casas de siempre. No tienen grandes beneficios, sobre todo cuando los comparas con los del resto de América Latina. Tienen altos salarios, sí, pero cierta austeridad en sus prácticas. Es decir, lo común es que el ministro camine por la avenida para ir de una oficina a la otra, o que ande en su propio auto, o que el parlamentario vaya en su auto al parlamento. Nada de chofer, secretarios, helicópteros, cosas que sí pasan acá al lado, en Argentina. Esa infraestructura no existe en Uruguay, por supuesto que por la escala del país, por el tamaño de su economía y, nuevamente, por su cultura política”.

El expresidente peruano Pedro Castillo llega a la sala del penal de Barbadillo para su juicio en Lima, Perú, el 20 de marzo de 2025.

Del otro lado del espectro, el caso peruano, con la mayoría de sus presidentes del periodo democrático investigados, imputados o condenados, es un país con instituciones tremendamente débiles, ubicado en el puesto 78 del índice de calidad democrática de The Economist.

En suma, mucha de la clase política peruana ha sido judicializada, pero esto no parece haber sido un signo del fortalecimiento de la democracia. Con diferentes situaciones judiciales, la lista incluye a ocho presidentes recientes.

La judicialización de la política

Hay dos motivos que explican el proceso de judicialización de la política en América Latina. El primero de ellos es la corrupción, una problemática persistente en nuestra región, caracterizada por prácticas como sobornos, malversación de fondos públicos y falta de confianza en las instituciones. Según el último reporte de Transparencia Internacional, de 2024, el continente americano promedia 42 puntos sobre 100 posibles, en una escala de cero a 100, en la que 100 es percibido como muy transparente y cero como muy corrupto. Esto coloca a la región 22 puntos por debajo de la Unión Europea y solo a tres puntos por arriba de Medio Oriente y el Norte de África.

Arellano vincula la corrupción en la región con otro fenómeno: la forma de gobierno presidencialista. “Si uno ve el mapa, prácticamente no hay ningún país que no haya sido tocado por un escándalo de corrupción, y muchos de esos casos resultaron en el enjuiciamiento del principal responsable político del país. Eso responde a que América Latina es heredera de una cultura presidencialista muy fuerte, donde el presidente tiene un papel central en el Estado, diferente a las democracias europeas donde el presidente está condicionado por el Parlamento. Por eso la concentración de poder en la figura del presidente también explica parte del fenómeno”.

Según él, en América Latina hay una gran proliferación de normas que incluso han servido de ejemplo para países de otras latitudes. “No es un problema normativo, sino que tiene que ver con la implementación de esa normativa y de la cultura política. Me refiero a una idea bastante extendida de que en la gestión política caben algunas licencias y flexibilidades. Eso es cultura política”.

El segundo factor que explica la judicialización de la política tiene que ver con el lawfare, un concepto que, de acuerdo con la politóloga y especialista de la Universidad Torcuato di Tella, Catalina Smulovitz, fue mencionado en la región por primera vez en 2016 por los abogados de Luiz Inácio Lula da Silva. Aunque el concepto existía en el mundo anglosajón con otro significado, en ese entonces fue usado por primera vez para referirse a estrategias políticas con procedimientos legales cuestionables e irregulares en conflictos políticos no militares a fin de perseguir, neutralizar o descalificar a líderes políticos populares. Designa, según ella, el uso partisano de los procesos judiciales.

El entonces expresidente brasileño entre 2003 y 2011, Luiz Inácio Lula da Silva, llegando a la sede de la Policía Federal, donde cumplió parte de la condena de 12 años de prisión, en Curitiba, Paraná, Brasil, el 7 de abril de 2018

Silvina Romano, coordinadora del Observatorio Lawfare e investigadora del Conicet, además de autora de varios libros al respecto, explicó a CNN las diferencias entre lawfare y corrupción.

“En la actualidad hay muchas diferencias, y la más importante tiene que ver con la intencionalidad política. En el caso del lawfare, solemos detectar que son casos que aparecen en determinado momento político, sobre todo en épocas electorales. También observamos la actuación protagónica de los medios de comunicación y las redes sociales en la criminalización y sentencia previa de las personas implicadas en esos actos de corrupción. La falta de pruebas fehacientes de que se han cometido efectivamente esos actos. Y la diferencia entre algo que puede servir como una prueba a la luz de un proceso judicial y lo que puede ser una prueba en un programa de televisión”, explicó y añadió el caso de las delaciones premiadas, que no deberían ser tomadas como pruebas en sí en un proceso judicial serio sino, en todo caso, como un indicio para seguir adelante con una investigación judicial.

Expresidentes de América Latina con problemas judiciales desde los 90

CHILE

Aunque Chile es uno de los pocos países de la región que no tiene presidentes con condenas firmes, sí ha habido investigaciones contra algunos de ellos.

Sebastián Piñera fue investigado por presuntas violaciones a los derechos humanos durante el estallido social en 2019, y por el caso de la venta de la minera Dominga. También fue investigado por sus negocios en la pesquera Exalmar, un supuesto encubrimiento en el Ejército y un incidente relacionado con la salud pública. Todas las acusaciones fueron rechazadas y no implicaron condena ni inhabilitación

 

BOLIVIA

 

 

 

 

 

PERÚ

 

 

  Dina Boluarte fue investigada en el caso «Rolexgate» por acusaciones de cohecho y también fue denunciada dentro del país y ante la Corte Penal Internacional por las muertes ocurridas durante protestas en su Presidencia. Las investigaciones siguen su curso mientras Boluarte afirma que las acusaciones carecen de fundamento y ha rechazado las presiones para renunciar.

 

  Pedro Castillo fue acusado de rebelión, abuso de autoridad y perturbación del orden. Castillo ha declarado su inocencia y se ha presentado a sí mismo como un «presidente constitucional secuestrado», ya que se encuentra en prisión preventiva mientras enfrenta juicio.

 

  Martín Vizcarra fue investigado e inhabilitado y se encuentra detenido de forma preventiva. La causa es de presuntas irregularidades cuando fue gobernador de Moquegua, entre 2011 y 2014, aunque aún no tiene condena penal firme. Vizcarra ha negado las acusaciones.

 

  Pedro Pablo Kuczynski fue ampliamente investigado por supuesto lavado de activos, fraude procesal, posibilidad de organización criminal vinculada a Odebrecht y CASA. Se encuentra en libertad vigilada, sin sentencia firme. En diversas ocasiones, Kuczynski ha negado rotundamente las imputaciones.

 

  Ollanta Humala fue condenado a 15 años de prisión por lavado de activos, aceptar fondos ilícitos de Odebrecht y del gobierno de Venezuela. Actualmente se encuentra en prisión.

 

  Alan García fue investigado por presuntos sobornos de Odebrecht vinculados a contratos del Metro de Lima. Se suicidó en 2019 cuando estaba a punto de ser detenido.

 

  Alejandro Toledo fue condenado a 20 años y seis meses de prisión por colusión y lavado de dinero con Odebrecht.

 

  Alberto Fujimori, quien falleció en 2024, fue condenado por homicidio calificado, secuestro agravado y graves violaciones a los derechos humanos.

 

BRASIL

 

 

  Jair Bolsonaro es investigado por el máximo tribunal de Brasil por un presunto complot para anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2022. Se encuentra en prisión domiciliaria, mientras ha negado las acusaciones en su contra, calificándolas como una «persecución política». Sus abogados argumentan que no existen pruebas sólidas.

  Luiz Inácio Lula da Silva fue condenado en 2017 a 12 años de prisión por corrupción y cumplió 19 meses de esa condena. La Corte Suprema anuló varias causas penales en su contra, lo que le permitió recuperar sus derechos políticos.

  Michel Temer fue acusado en múltiples ocasiones de corrupción, obstrucción de justicia, y recepción de sobornos. Fue detenido en 2019 en medio de la operación Lava Jato, aunque obtuvo libertad bajo habeas corpus, y más tarde fue absuelto. Nunca fue condenado.

  Fernando Collor de Mello está en prisión domiciliaria tras ser condenado por el máximo tribunal a ocho años y diez meses por cargos de corrupción pasiva y lavado de dinero.

 

ECUADOR

 

 

  Guillermo Lasso fue investigado por su presunta participación en peculado y delincuencia organizada en el caso Flopec, pero la investigación en su contra fue más tarde desechada por la Justicia.

  Lenín Moreno fue procesado por posible cohecho, en una investigación sobre el contrato para la construcción de una planta hidroeléctrica china en Ecuador. Moreno reside en Paraguay, donde cumple con una medida alternativa a la prisión. Si es hallado culpable, podría enfrentar una pena de prisión de hasta 13 años, aunque sus abogados insisten en la nulidad del proceso. Él afirma que no tiene responsabilidades en el caso.

Rafael Correa fue condenado por un delito de corrupción y sentenciado, en primera instancia, a ocho años de cárcel por el «caso sobornos 2012-2016». Vive asilado en Bélgica.

  Lucio Gutiérrez fue investigado y destituido por acusaciones de malversación y sedición. Pasó tiempo detenido, se exilió y finalmente el proceso fue anulado.

  Gustavo Noboa fue investigado y acusado de malversación de fondos relacionados con la renegociación de la deuda externa. Luego obtuvo una amnistía.

 

  Jamil Mahuad fue investigado y condenado en ausencia por peculado.

 

  Fabián Ernesto Alarcón Rivera enfrentó investigaciones judiciales, fue procesado, aunque no fue condenado.

 

  Abdalá Bucaram fue destituido en febrero de 1997 por el Congreso bajo el argumento de «incapacidad mental». En 1998 fue condenado a 4 años de prisión por injurias calumniosas contra políticos rivales. Luego, los cargos fueron anulados y restablecidos. Y, finalmente, los procesos quedaron sin efecto al prescribir en abril de 2017.

 

VENEZUELA

 

  Nicolás Maduro es objeto de investigaciones y acusaciones internacionales, especialmente desde EE.UU. y otros países, por corrupción y violaciones a derechos humanos. Sin embargo, en Venezuela, bajo su gobierno, no ha enfrentado procesos judiciales en su contra que hayan llegado a una conclusión legal definitiva en el ámbito nacional.

  Carlos Andrés Pérez enfrentó acusaciones de corrupción y malversación de fondos durante su segundo mandato. En 1993 fue acusado de corrupción y malversación, lo que llevó a su destitución en 1994, aunque posteriormente fue exonerado en diversos procesos judiciales.

 

COLOMBIA

 

 

  Álvaro Uribe fue condenado a 12 años de prisión domiciliaria tras ser hallado culpable de fraude procesal y soborno a testigos, lo que lo convirtió en el primer exmandatario en ser condenado en un juicio por enriquecimiento ilícito y relaciones con grupos paramilitares en el país. Uribe se encuentra en libertad después de que un fallo por una tutela revocara la detención domiciliaria mientras avanza el proceso de apelación que continuará ante instancias superiores, incluida potencialmente la Corte Suprema. Su defensa denuncia la falta de pruebas directas, argumenta violación del debido proceso, y ha apelado la condena.

 

COSTA RICA

 

  Rodrigo Chaves  enfrenta una petición de desafuero para que enfrente un juicio por presunto desvío de fondos a favor de un aliado. En junio de 2025, la Fiscalía presentó una segunda acusación contra Chaves por supuesto financiamiento electoral ilegal en su campaña de 2022. Chaves rechaza las acusaciones.

  Miguel Ángel Rodríguez Echeverría fue condenado a cinco años de prisión por corrupción agravada, en el caso de sobornos de Alcatel, ligados a contratos de telefonía celular con el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Después de varias idas y vueltas, fue absuelto de manera unánime por tribunales posteriores.

  Rafael Ángel Calderón Fournier fue condenado en 2009 por dos delitos de peculado.

  Óscar Arias Sánchez fue investigado por supuesto prevaricato, tras haber impulsado un decreto a favor del proyecto minero canadiense “Crucitas” (2008), pero el caso quedó desestimado por prescripción en 2019. Ese año también fue denunciado por posible violación y abuso sexual, aunque el Ministerio Público dictó su sobreseimiento.

 

HONDURAS

 

 

  Juan Orlando Hernández fue condenado en Estados Unidos por conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas. En ese país cumple una pena de 45 años de prisión.

  Porfirio Lobo Sosa también ha sido investigado por corrupción, aunque hasta la fecha no ha sido condenado. Públicamente Lobo ha destacado su confianza en el sistema judicial y su disposición a enfrentar cualquier proceso legal, además de haber negado las acusaciones por corrupción.

  Rafael Leonardo Callejas también fue acusado de múltiples delitos de corrupción durante su mandato. En 2005 fue absuelto, aunque posteriormente se vio implicado en el escándalo FIFA Gate, acusado de aceptar sobornos para derechos televisivos de partidos de fútbol. En 2016, Callejas se declaró culpable de conspiración por crimen organizado y fraude electrónico, admitiendo que recibió sobornos por la adjudicación de derechos de transmisión de partidos clasificatorios para la Copa del Mundo. Su estrategia fue colaborar con las autoridades de EE.UU. para reducir su condena, aunque falleció antes de que se dictara la sentencia definitiva.

 

EL SALVADOR

 

 

  Salvador Sánchez Cerén tiene una orden de captura en su contra tras ser imputado por cargos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Actualmente reside en Nicaragua, país que le otorgó la nacionalidad, lo cual impide su extradición. Siempre negó los señalamientos y argumentó que no posee bienes muebles, inmuebles ni vehículos a su nombre.

  Mauricio Funes fue condenado por enriquecimiento ilícito y negociaciones con pandillas, pero falleció en 2025 mientras estaba asilado en Nicaragua.

  Elías Antonio Saca fue condenado a 10 años por corrupción, más dos años por sobornos.

  Francisco Flores Pérez, quien falleció antes del juicio, también fue acusado de corrupción.

  Alfredo Cristiani fue investigado por una masacre de jesuitas. Desde 2023 tiene una orden de captura en su contra y en 2024 un tribunal decidió enjuiciarlo por el caso, aunque se desconoce su paradero.

 

MÉXICO

 

  Enrique Peña Nieto tiene investigaciones abiertas en su contra por enriquecimiento, lavado y el caso Pegasus. Peña Nieto ha negado las imputaciones en su contra y ha defendido la legalidad de su patrimonio y acciones durante su mandato.

  Felipe Calderón está siendo investigado por denuncias de omisiones o favorecimientos relacionados con Odebrecht, pero sin proceso judicial claro en su contra. En 2011 fue denunciado ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, pero él rechazó categóricamente esas acusaciones, argumentando que su política de seguridad no constituyó un crimen internacional.

  Ernesto Zedillo fue investigado por el involucramiento de su gestión en la masacre de Acteal (1997), aunque sin procesamiento formal. Él ha rechazado las acusaciones en su contra.

  Carlos Salinas. A pesar de múltiples acusaciones y su mención en investigaciones, los casos en su contra no procedieron y nunca fue imputado. Él siempre rechazó las acusaciones.

  Luis Echeverría fue investigado por la matanza de Tlatelolco, y otros eventos de la llamada Guerra Sucia. Sin embargo, fue exonerado por prescripción y falleció en 2022.

 

HAITI

 

 

  Jocelerme Privert fue objeto de varias investigaciones bajo cargos de corrupción y posibles vínculos con el narcotráfico. Aunque en 2024, un juez emitió una orden de captura en su contra, hasta el momento no ha sido arrestado. Él ha rechazado las acusaciones, que califica de ilegales y sin fundamento.

  Michel Martelly fue investigado por la justicia por presunta corrupción, complicidad e influencia del narcotráfico en relación con el desvío de equipos del Centro Nacional de Equipamiento (CNE). También pesan en su contra sanciones internacionales. Aunque hay una orden de arresto en su contra, Martelly no ha sido arrestado ni hay un juicio en su contra, y él niega las acusaciones.

 

REPÚBLICA DOMENICANA

 

 

  Salvador Jorge Blanco fue acusado de malversación de fondos, en un caso relacionado con compras infladas para las Fuerzas Armadas. Fue arrestado y condenado, aunque la sentencia fue posteriormente anulada. En 1991 fue nuevamente condenado y, finalmente, en 2001 la Corte de Apelaciones anuló todas las condenas.

  Leonel Fernández fue investigado en varios escándalos de corrupción, aunque nunca fue formalmente imputado ni condenado.

 

GUATEMALA

 

 

  Alejandro Giammatei fue sancionado internacionalmente por su presunta implicación en actos ilícitos, aunque no fue investigado judicialmente en Guatemala. Giammattei ha negado las acusaciones de corrupción y sostiene que las sanciones impuestas por Estados Unidos carecen de fundamento.

  Jimmy Morales fue investigado en 2025 por su responsabilidad por la tragedia del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, donde murieron 41 niñas en un incendio bajo condiciones de negligencia en ese centro estatal. Morales niega su responsabilidad en el caso, aunque salió del país después de que se anunciara la investigación en su contra.

  Otto Pérez Molina fue condenado a 16 años de prisión en 2022 por asociación ilícita y defraudación aduanera en el caso conocido como «La Línea», aunque fue absuelto del cargo de enriquecimiento ilícito por falta de pruebas.

  Álvaro Colom fue investigado y arrestado en 2018 por presuntos actos de corrupción relacionados con el programa Transurbano, pero falleció antes de llegar a juicio.

  Alfonso Portillo fue acusado por peculado (desfalco de más de 120 millones de quetzales, casi US$ 16 millones) y acusado en EE.UU. de lavado de dinero por hasta US$ 200 millones. Tras ser extraditado, se declaró culpable y fue condenado a una pena de cinco años y diez meses de prisión federal. Fue liberado en 2019 tras recibir crédito por el tiempo ya cumplido en prisión preventiva en Guatemala.

 

NICARAGUA

 

 

  Arnoldo Alemán ( 1997 2002)fue condenado en 2003 a 20 años de prisión por corrupción y desfalco de caudales públicos, aunque la sentencia fue posteriormente revocada por la Corte Suprema en 2009. En 2020, el Departamento de Estado de EE.UU. lo incluyó en una lista de funcionarios corruptos.

  Enrique Bolaños Geyer (2002–2007) fue investigado por malversación de fondos públicos en 2010, tras dejar el cargo. Él negó que hubiera habido actos de corrupción durante su Gobierno.

 

PANAMÁ

 

 

  Ricardo Martinelli fue condenado a más de diez años de prisión por blanqueo de capitales en el caso New Business; es el primer expresidente panameño en ser condenado en la historia democrática del país. EE.UU. también lo sancionó y le prohibió su entrada al país.

  Martín Torrijos fue investigado en el marco del caso Odebrecht, presuntamente por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y peculado. Más tarde fue exculpado y el caso fue archivado.

  Juan Carlos Varela está siendo investigado también en el caso Odebrecht por sospechas de lavado de dinero, y fue vinculado a los Papeles de Pandora por tener una empresa offshore registrada en las Islas Vírgenes Británicas durante su gobierno. Varela ha rechazado las acusaciones, argumentando que no cometió actos de corrupción y, en respuesta a las sanciones de Estados Unidos, expresó que son «injustas» y «no tienen fundamento»

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TOMADO DE CNN / Texto completo en: https://cnnespanol.cnn.com/2025/09/02/latinoamerica/presidentes-america-latina-problemas-justicia-orix

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