OPINIÓN/ Cierre de brechas sociales en el Perú: entre la urgencia y los obstáculos sistémicos
Escribe: Mg. Ing. José Antonio Mansen Bellina
El optimismo debe mantenerse porque necesitamos cerrar las brechas sociales en el Perú, con urgencia eliminando los obstáculos sistémicos,
El cierre de brechas sociales en el Perú representa uno de los desafíos históricos de mayor criticidad para el desarrollo nacional, a pesar de los discursos políticos recurrentes, ofrecimientos y deseos, el resultado es que, con los aportes de recursos y ejecución para reducir las desigualdades, los avances son limitados y continúan las profundas inequidades en el acceso a servicios básicos como educación, salud, agua, saneamiento e infraestructura productiva.
Las brechas sociales reflejan la realidad fragmentada que se vive en el Perú, mientras Lima y algunas capitales regionales muestran indicadores de desarrollo similares a países de ingreso medio, la gran mayoría de zonas rurales y periurbanas enfrentan condiciones comparables a las de naciones con grave crisis humanitaria. Según el Banco Mundial (2023), el Perú mantiene una de las tasas de desigualdad más altas de América del Sur, con indicadores de desarrollo humano que se refleja fuera de los principales centros urbanos.
A junio de 2025, el balance del cierre de brechas muestra resultados desiguales como en lo referente a conectividad digital, se registran avances significativos con el programa “Internet Para Todos” a través de una empresa creada por Telefónica del Perú, BID Invest, CAF y Meta, con el objetivo de cerrar la brecha digital de las zonas rurales del Perú y el propósito de transformar la vida de las personas a través de las oportunidades de desarrollo que ofrece el acceso a internet (2019) y la ejecución de la Política Nacional de Transformación Digital al 2030 (D.S. Nº 085-2023-PCM). Asimismo, la expansión de internet satelital y de fibra óptica está ayudando a conectar cientos de comunidades rurales, facilitando el acceso a teleeducación y telemedicina.
En el caso de la infraestructura básica, el programa «Agua para Todos» – (PAPT) surge por el Decreto Supremo N° 006-2007-VIVIENDA, como responsable de coordinar las acciones correspondientes a los proyectos y programas del sector saneamiento, ha permitido inaugurar proyectos de agua y saneamiento, especialmente en la sierra norte y central, pero la necesidad de atender a la población en general tiene un significativo atraso.
En educación el avance ha sido mínimo, teniendo en cuenta que la brecha educativa sigue siendo «abismal» según diversos analistas, existen profundas diferencias entre colegios privados urbanos y escuelas públicas rurales. Resulta imperioso remarcar que la recuperación de aprendizaje post-pandemia avanza con lentitud, mientras persisten problemas de infraestructura educativa, falta de materiales y alta rotación de docentes, incluso profesores multigrados en primaria para lograr cubrir las necesidades en las zonas rurales, por falta de disponibilidad de docentes.
En salud, el acceso a servicios especializados en zonas rurales se hace imposible por las limitaciones de infraestructura y personal médico. Esta realidad se hizo evidente en la temporada de dengue y otras enfermedades metaxénicas de principios de 2025, saturó los precarios sistemas de salud de varias regiones, desviando recursos destinados a programas de salud preventiva.
El principal impedimento para cerrar brechas no es solo la falta de recursos, sino problemas estructurales de gestión pública, como la corrupción que desvía miles de millones de soles anuales mediante prácticas de direccionamiento de licitaciones, sobrecostos injustificados y contratos amañados. Según el Informe N° 002-2025-CG/SESNC, la Contraloría General de la República (2025), reportó que, al 31 de marzo de 2025, existen 2,572 obras paralizadas e inconclusas en todo el territorio nacional, por un monto superior a S/ 43 mil 163 millones de soles.
Las obras inconclusas como hospitales, colegios, carreteras, agua potable y saneamiento representan oportunidades perdidas para las poblaciones y comunidades que continúan esperando servicios esenciales. Las causas de estas paralizaciones son: 23.3% por incumplimientos contractuales, 20.9% por falta de recursos financieros, 9.9% por deficiencias en expedientes técnicos, 9.5% por abandono directo de obras y 8.2% por discrepancias, controversias y arbitraje, lo cual representa 1,849 obras (71.89%) con un costo actualizado de S/. 35,740,687,665.
La ineficiencia administrativa y técnica en gobiernos regionales y locales, responsables de ejecutar cerca del 60% de la inversión pública nacional, agrava el problema. Las causas son los expedientes técnicos deficientes, limitada capacidad de supervisión y ausencia de meritocracia en la selección de funcionarios que conducen a retrasos, costos adicionales y baja calidad en la provisión de bienes y servicios.
Cada obra inconclusa o recurso desviado significa estudiantes que siguen en aulas precarias, pacientes sin acceso a servicios de salud, y comunidades sin de agua potable. Esta situación no solo perpetúa la exclusión, sino que erosiona la confianza ciudadana en las instituciones democráticas.
Igualmente, el mal uso de los recursos públicos tiene un efecto doblemente negativo: por un lado, la población no accede a los servicios que necesita; por otro, el Estado pierde recursos invertidos que no generan retorno social ni económico. Esto profundiza el círculo vicioso de pobreza y desigualdad que frena el desarrollo nacional.
Otro data interesante son las obras paralizadas por cada sector del gobierno al 31 de marzo de 2025:
Fuente: Sistema Nacional de Obras Públicas – Infobras
Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control (SESNC).
Fecha: 31/03/2025
Lo que se necesita con carácter de urgente es hacer reformas drásticas en la gestión pública como:
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Fortalecer los sistemas de control con mayor independencia, recursos y capacidad sancionadora de la Contraloría General de la República.
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Profesionalizar la gestión pública mediante meritocracia y formación técnica, especialmente en gobiernos regionales y locales.
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Implementar mecanismos de transparencia y participación ciudadana que permitan a la población supervisar el avance de proyectos.
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Reformar los procesos de planificación y contratación pública para evitar improvisación y garantizar calidad técnica en los expedientes.
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Establecer sanciones efectivas contra la corrupción que aseguren que los responsables rindan cuentas y que los recursos puedan ser recuperados.
Conclusiones
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El cierre de brechas sociales en el Perú requiere de asignaciones presupuestales, pero con un Estado con funcionarios que tengan capacidades técnicas, mecanismos de control efectivos y un compromiso real con la transparencia y la meritocracia, porque si continua la corrupción y la ineficiencia absorbiendo los recursos públicos, las brechas sociales seguirán ahondándose y el distanciamiento de las autoridades que llegaron al poder y la población será irreconciliable al sentirse traicionados, porque los recursos deben dar bienestar a todos los peruanos.
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Resulta alentador el editorial del diario El Peruano, del 8 de setiembre de 2025, cuando titula “Un presupuesto con rostro social”, haciendo referencia al Proyecto de Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, presentado la semana pasada por el Ejecutivo, no es solo un conjunto de cifras millonarias haciendo énfasis que “De los 257,562 millones de soles que lo conforman, una porción significativa está destinada a educación (22%), salud (15%) y transportes (10%), muestra un compromiso con los peruanos”; lo cual significa que 56,663 millones (educación), 38,634 salud, 25,756 a transporte
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El optimismo debe mantenerse porque necesitamos cerrar las brechas sociales en el Perú, con urgencia eliminando los obstáculos sistémicos, para lo cual quedamos atentos para la ejecución eficiente, eficaz y transparente, y corresponde a la Contraloría General de la República realizar el seguimiento.