OPINIÓN/ En defensa de los consumidores de la industria láctea

(El Montonero).- El candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, acaba de acusar a la industria láctea de “bajar artificialmente los precios del litro de leche fresca”, de tal manera que, supuestamente, no se cubren los costos de producción. El líder de Renovación Popular agregó que cuando el mercado no funciona, el Estado debe intervenir.

Se necesita liberalizar el mercado de leche antes que mayores controles

En este portal siempre hemos señalado que lo mejor que le puede pasar al Perú para restablecer la gobernabilidad y reconstruir el principio de autoridad es que dos fórmulas de la centro derecha pasen a la segunda vuelta. Bajo esa aproximación nos parece absolutamente errado que los candidatos de la centro derecha asuman las banderas de la izquierda y del populismo como parte de sus estrategias electorales.

Cada vez que empieza una campaña electoral en el Perú los gremios de grandes ganaderos productores de leche empiezan a presionar para lograr controles de precios y una mayor de intervención del Estado en la producción de leche. El argumento siempre es el mismo: la industria láctea controla precios de la producción de leche fresca por su posición dominante en el mercado. En todas las argumentaciones de los gremios de los ganaderos siempre hay un ausente: los precios y la calidad de los productos para el consumidor.

Sobre estas argumentaciones vale señalar que la producción de leche fresca en el Perú abastece el 70% de la demanda nacional. El 30% restante se cubre con leche de polvo importada (que según todos los científicos y estudios solo es leche deshidratada con las mismas grasas y proteínas de la leche fresca). De ese 70% que abastece la demanda nacional, la mitad es comprada por la industria láctea nacional: Grupo Gloria, Laive y Nestlé. El otro 50% restante es adquirido por las micro, pequeñas y medianas empresas de lácteos que ofertan productos de altísima calidad (principalmente quesos), imbatibles en el mercado nacional.

En síntesis, la industria láctea nacional –es decir, la grande, la mediana, la pequeña y la micro– ha logrado desarrollar una oferta de calidad y con precios absolutamente competitivos.

Sin embargo, los grandes ganaderos del Perú, coaligados en asociaciones con mucha influencia –no los pequeños ganaderos, que tienen inmejorables relaciones con la industria láctea– suelen presionar por una mayor intervención del Estado en el control de la industria: exigen controles de precios y medidas proteccionistas. Una de estas últimas normas fue el Decreto Supremo 004-2022- MIDAGRI, promulgado durante el gobierno de Pedro Castillo, que prohíbe usar leche en polvo importada en la elaboración de leche evaporada. La medida sigue vigente sin ninguna justificación técnica a pesar de que la leche en polvo es leche fresca, pero sin agua.

La medida en mención ha golpeado con extrema dureza, sobre todo a los ganaderos más pequeños porque ahora no se puede utilizar la leche en polvo para estabilizar y elevar la calidad de los pequeños productores, tal como sucedía antes del señalado decreto. Semejante situación determina que existan precios diversos según la calidad de leche fresca producida.

En cualquier caso, la industria láctea solo está defendiendo lo único que le ha permitido desarrollarse hasta convertirse en una industria con enorme potencia, incluso, a nivel regional: la calidad de los productos que se ofertan al consumidor nacional.

He aquí otra demostración sobre cómo el intervencionismo estatal perjudica a quienes, supuestamente, pretende proteger. Los controles de precios y medidas intervencionistas del Estado afectan principalmente a los consumidores y también a los productores más pequeños.