Escribe: Pedro Morales Mansilla.

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A vísperas del presente año, el gobierno publicó controversial decreto que allanaría camino a la privatización del Petroperu

El primer día del año 2026 amanecimos con una novedad que sospechábamos llegaría pronto, cuando denunciamos el desesperado copamiernto del MINEM por el gobierno de Jerí y su círculo congresal. Irán por PETROPEERU, concluimos.

Cierto, el 2025 cierra como un año oscuro para la institucionalidad democrática del país. Crisis política persistente, captura progresiva del Estado y claudicación evidente de los órganos llamados a fiscalizar. Quizá lo más grave -y lo más triste- es constatar que no se cuenta con Congreso de la República. No fiscaliza, no investiga, no debate. Su silencio confirma que Palacio de Gobierno actúa como su mandadero, ejecutando decisiones que comprometen el patrimonio nacional, sin capacidad de observarlas.

En ese marco, aparece el Decreto de Urgencia relacionado con Petroperú con la justificación de la innegable necesidad de su reestructuración patrimonial (“Gobierno: Queremos acabar con sinfín de gollerías en PETROPERU”). Quién podría oponerse a una reestructuración en ese sentido, restableciendo la transparencia, meritocracia y despolitizándola ¿Pero entregar el encargo a PREINVERSIÓN, con una serie de actos de entreguismo? Tiene récord de cuestionamientos en sus concesiones y privatizaciones; por tanto, no sería un error técnico ni una mala decisión administrativa. Por la forma y el momento podría sospecharse de un asalto político planificado, ejecutado con cálculo y sigilo.

Mes atrás advertimos el copamiento, “a toda máquina”, del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) que, empezando por los cargos clave del sector, pasaron a DISTRILUZ y a otras ramas, sin plan conocido y con personal poco idóneo de acuerdo a sus trayectorias. No era casual. Sostuvimos que el objetivo final era Petroperú. Hoy, los hechos confirman esa advertencia que curiosamente pasó inadvertida.

El Decreto de Urgencia N.° 010-2025, junto con otras normas que modifican el régimen del IGV y del ISC, fue publicado en una edición especial del diario oficial El Peruano el 31 de diciembre de 2025, aprovechando las fiestas de fin de año, entre gallos y medianoche. No hay ingenuidad posible: se trató de una maniobra deliberada para evitar el escrutinio público. Cuando un gobierno actúa así, es porque algún despropósito esconde.

El contenido del DU es grave. Habilita la intervención de PROINVERSIÓN en Petroperú, sentando las bases para viabilizar una privatización encubierta de la principal empresa petrolera del país. Todo ello sin debate democrático, sin estudios técnico-financieros públicos y sin legitimidad política. Un gobierno transitorio, sostenido por un Congreso desacreditado, no tiene legitimidad para decidir el destino de una importante empresa estratégica del Estado, más si se le debilitará negándole operar como empresa integrada, con el peligro de acelerar una “privatización por partes” como señala el expresidente de PERUPETRO, Aurelio Ochoa.

PROINVERSIÓN: privatizar sin responder

En este esquema, PROINVERSIÓN aparece como un actor central, con poder casi absoluto y sin rendición de cuentas. Petroperú debe pagar S/ 144 millones a PROINVERSIÓN para que esta conduzca procesos que podrían culminar en su remate. El absurdo es total: “la empresa pública debe financiar a la entidad que facilitaría su desmantelamiento”.

Aquí surge una pregunta que el poder evita: ¿qué balance real puede exhibir PROINVERSIÓN a favor del interés ciudadano? El saldo histórico de privatizaciones y concesiones es, en el mejor de los casos, cuestionable. Tarifas elevadas, servicios deficientes, contratos desequilibrados y arbitrajes internacionales millonarios pagados por el Estado, forman parte del legado. PROINVERSIÓN privatiza, pero no asume las consecuencias. No responde por los impactos sociales ni económicos de sus decisiones. Se ha convertido en una institución prácticamente intocable.

Ofensiva mediática y opinólogos reciclados

Esto NO sería posible sin una campaña sostenida de desprestigio. Medios alineados con la política ultra neoliberal, encuestadoras y opinólogos funcionales han construido el relato de que Petroperú es inviable por definición. Lo revelador es que muchos de estos voceros fueron exministros o exdirectores liberales que ya tuvieron la oportunidad de fortalecer la empresa. Qué hicieron. Hoy reaparecen para justificar su venta.

Se oculta sistemáticamente que la Refinería de Talara es moderna y produce combustibles de buena calidad, y que Petroperú cumple un rol social clave en la contención de precios SOBRE TODO EN LAS ZONAS ALEJADAS DEL PAÍS. Los hechos son contundentes: en Oxapampa, Petroperú vende gasolina a S/ 13.20 el galón, mientras que en Lima los privados llegan a venderla hasta en S/ 22.00. Petroperú es “una piedra en el zapato de los privados”, y por eso buscan sacarla del mercado. No quieren competencia pues en nuestra Constitución la economía social de mercado está de adorno, no se aplica, los monopolios y concertación de precios son cosa común.

El copamiento del MINEM: el poder real opera en la sombra

El debilitamiento de Petroperú no se explica sin el copamiento político del MINEM. Formalmente existe un ministro. En la práctica, el ministro de facto es Mario López Tijerina. Él decide. El ministro Luis Bravo solo firma. Así funciona la organización compuesta por el poder político de Jerí y su entorno de congresistas inescrupulosos, ante los que, las competencias fiscalizadoras y de control político congresales están ciegas, obsesionadas en su reelección.

López Tijerina, hoy asesor de la alta dirección del MINEM, ha ejercido influencia decisiva desde el inicio del gobierno de José Jerí. Su cercanía con congresistas sindicados como “niños” de Castillo, operadores de cuestionados ex funcionarios de ELECTROCENTRO es conocida, así como su participación en iniciativas discutidas como la extensión del REINFO. El dato que explica todo: López Tijerina designa a su exjefa como presidenta del directorio de Petroperú. No hubo concurso ni evaluación transparente. Hubo “control” político. 

Entonces es lógico, el directorio no está concebido para salvar la empresa, sino para administrarla funcionalmente para el proceso de privatización que quieren los “privados”, felizmente no todos.

Un Congreso ausente y cómplice

Frente a este cuadro, el Congreso guarda silencio. Por la importancia del caso, controversias y suspicacias, la Comisión Permanente ya debió tomar cartas sobre el asunto del DU 010-2025, no interpela a PROINVERSIÓN, no investiga el copamiento del MINEM ni los nombramientos funcionales. Su omisión no es neutral: es complicidad política. El equilibrio de poderes ha sido reemplazado por una relación de conveniencia donde el Ejecutivo ejecuta y el Congreso se encubren en diferentes espacios como la dación de presupuestos. Por eso, pee la incertidumbre que motivan las elecciones, hay una demanda de cambios, sobre todo en la ética púbica, que parece no encontraremos.

Conclusión

Petroperú no debe ser privatizada nunca. Debe ponerse en valor, ser rentable y gestionarse con profesionales independientes de primer nivel. El facilismo de vender todo ha fracasado. El país no necesita menos Estado, necesita un Estado eficiente, soberano y no capturado. En este caso, Petroperú en sus 54 años de vida, 50 ha dado ganancias.

No olvidemos la ingrata experiencia de la privatización de la Refinería de “La Pampilla”, por similares motivos… ¿Y?

Esperamos que el proceso de copamiento que hoy nadie quiere fiscalizar sea, inevitable, tema central del próximo Congreso. El 2025 deja una advertencia. El 2026 definirá si el Perú recupera su soberanía institucional o consuma la entrega de su principal empresa energética. 

Lima, 2 de enero de 2026.