El Salvador es una de las naciones centroamericanas que ha recibido mayor atención en los últimos años, gracias a sus logros en materia de seguridad ciudadana. Este éxito ha sido replicado o imitado por otros países que enfrentan este flagelo social: la criminalidad organizada.
Podría decirse que el país ha superado ciertas etapas críticas y se encuentra en una fase en la que implementa el “Plan Cero Ocio”, mediante el cual los reclusos que han cometido delitos menores tienen la oportunidad de reinsertarse en la sociedad civil a través de trabajos como la construcción de carreteras, el aprendizaje de oficios o la producción de botas para el Ejército salvadoreño, tras haber superado la etapa más grave de la crisis que azotó al país.
Costa Rica, un país con poco más de cinco millones de habitantes, registró 873 homicidios, según cifras publicadas por el propio Estado costarricense. Esta situación, sostenida en los últimos tres años, arroja un promedio de 16,7 asesinatos por cada 100 mil habitantes. A pesar de ello, sectores productivos clave, como el turismo, crecieron un 1 %, lo que encendió las alarmas del gobierno anterior y motivó la firma de un convenio con El Salvador.
Este acuerdo, firmado a finales de 2025, propone tres acciones importantes: en primer lugar, orientar una política de seguridad y cooperación entre ambos países; combatir el crimen organizado mediante el desmantelamiento de microrredes criminales transnacionales; y compartir información prioritaria a través de coordinaciones entre sus respectivos organismos de inteligencia.
Esta alianza entre ambos países es un ejemplo de la sinergia que deben generar los Estados para lograr una mayor efectividad en el control territorial de las fronteras y de las zonas donde actualmente existen extorsiones, y donde las fuerzas policiales no han tenido capacidad de respuesta, no por falta de aptitud, sino por diversos factores, entre ellos el ideológico.
¿Y qué pasa en nuestra región?
Muchos funcionarios de alto rango de Sudamérica han visitado El Salvador para observar el funcionamiento de su sistema de seguridad e incluso han ingresado al CECOT (Centro de Confinamiento del Terrorismo). Para el gobierno salvadoreño, este fenómeno delictivo es considerado terrorismo, aunque en parte de la región se sostiene que no lo es por la ausencia de un componente ideológico. Sin embargo, desde los marcos conceptuales, se trata de terrorismo que ha avanzado debido a sistemas de justicia debilitados e instituciones corruptas, una realidad que también vivieron los países centroamericanos, aunque posteriormente lograron reconstruir sus instituciones.
Esta alianza constituye, quizá, un precedente para muchos países y un cambio de paradigma frente a la realidad actual. Los Estados ya no solo buscarán alianzas económicas, de intercambio comercial o de defensa disuasiva, sino también la conformación de bloques que compartan acuerdos de seguridad transnacional y de control territorial contra las redes de crimen organizado, como parte de una nueva dinámica en función de sus intereses.
Esperemos que nuestros países tomen acciones y se sumen a este escudo, o bien creen mecanismos de defensa basados en la cooperación multilateral, de modo que cuenten con más herramientas para combatir este flagelo.
Solo la unión entre países y la sinceración de intereses frente a este tipo de problemas sociales ayudará a que los Estados recuperen el control. Esperemos que este ejemplo sea tomado en esta parte del mundo y que la iniciativa surja pronto, más allá de magnificar lo hecho por El Salvador, pues lo que se busca son soluciones y no solo seguir acumulando opiniones.
