La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) difundió la noche de éste miércoles un comunicado en el cual defiende el libre ejercicio económico, tal y como lo establece la Constitución. Esto, en respuesta al comunicado de la denominada Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos señalando que es preocupante que el país se vea impedido de supervisar el puerto de Chancay.
Según refiere la oficina del gobierno norteamericano, el Megapuerto de Chancay quedaría bajo la jurisdicción de “propietarios depredadores chinos”, al pronunciarse sobre el fallo judicial que limita las facultades del Estado para supervisar esta importante infraestructura.
Pero además, y tal como damos cuenta en GUIK.pe, cuestionan el origen de la inversión en el megapuerto ubicado al norte de Lima. “Que esto sirva de advertencia para la región y el mundo: el dinero chino barato cuesta soberanía”.
El Comunicado
La Presidencia del Consejo de Ministros emitió hoy un comunicado oficial sobre sobre el proceso judicial iniciado por el consorcio privado Cosco Shipping Ports Chancay Perú S.A, el cual se reproduce a continuación:
En respuesta, la PCM aclara que en el Perú la iniciativa es libre y se ejerce en una economía social de mercado que promueve y vigila la libre competencia, protege la propiedad privada y establece que la inversión nacional y extranjera están sujetas a las mismas condiciones, tal como lo establece el artículo 63 de la Constitución Política del Perú.
Asimismo, el comunicado agrega que la promoción de la inversión extranjera, sin distinción de su procedencia, es una política de Estado diseñada para impulsar el desarrollo económico nacional, mejorar nuestra infraestructura crítica, promover la competitividad de nuestro país y luchar contra la pobreza.
Acto seguido, la PCM precisa que El Terminal Portuario de Chancay, de propiedad del consorcio privado Cosco Shipping Ports Chancay Perú S.A., debe cumplir con lo establecido por el ordenamiento normativo peruano, incluyendo aquella regulación en materia de seguridad portuaria a cargo de una serie de entidades públicas como la Autoridad Portuaria Nacional (APN), la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi) de la Marina de Guerra del Perú, la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria y Aduanas (Sunat), la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú (PNP-Dirandro), el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y la Municipalidad Distrital de Chancay, en el ámbito de sus competencias. Dichas entidades cuentan con presencia en el terminal portuario y ejercen de manera efectiva las funciones de control y fiscalización que la ley les asigna.
Finalmente subraya el documento que El Poder Judicial habría ordenado al Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) a abstenerse de ejercer sus funciones regulatorias, supervisoras, fiscalizadoras y sancionadoras respecto del Terminal Portuario Multipropósito de Chancay, declarando, además, inaplicables a las operaciones del referido terminal y diversas normas legales que sustentan las competencias de Ositrán. De configurarse tales supuestos, la Presidencia del Consejo de Ministros, en cumplimiento de la normativa legal vigente, hará uso de los recursos procesales que la ley
