Corresponde al nuevo gobierno asumir la responsabilidad de restablecer la verdad histórica y garantizar que la justicia deje de utilizarse como instrumento de venganza.
Cuando me preguntan por qué insisto constantemente en este tema, tengo muchas razones para hacerlo. Todas están relacionadas con la defensa de la verdad, la justicia y el futuro del Perú.
La primera es que en nuestro país se ha instalado una flagrante y sostenida falsificación de la verdad histórica. Seguiré denunciándola porque restablecerla constituye un deber cívico, moral y patriótico.
La segunda es que hemos permitido que esa distorsión llegue a gran parte de la población, que ha terminado compartiendo una versión tergiversada de lo ocurrido entre 1980 y 1997. Incluso personas que comparten nuestras ideas han cambiado su percepción de aquellos acontecimientos.
Más preocupante aún es la situación de los jóvenes, que solo conocen la versión predominante y que, en entrevistas televisivas realizadas en universidades, han llegado a declarar que desconocen quiénes fueron Abimael Guzmán o Víctor Polay.
La tercera razón es nuestra propia inacción, que ha permitido crear una situación que compromete el futuro del país. Como señala una conocida frase:«Para que el mal triunfe, basta con que las personas de bien no hagan nada». Quienes deseamos un Perú libre, pacífico y democrático hemos permitido que nos avasallen quienes profesan ideologías totalitarias alimentadas por el odio y el resentimiento.
La cuarta razón es que no podemos permanecer indiferentes cuando se vulneran los derechos que la Constitución y las leyes reconocen a las personas. No puede hablarse de democracia ni de Estado de derecho cuando jueces y fiscales desconocen disposiciones legales expresas y principios constitucionales. Denunciar estas actuaciones y exigir el respeto a la legalidad es una obligación impostergable.
Durante más de 25 años se han destinado cientos de millones de soles y dólares del erario público a financiar instituciones, museos, películas, publicaciones, monumentos y hasta textos escolares que han contribuido a imponer una versión sesgada de nuestra historia.
Ni siquiera los gobiernos de Alan García II y Pedro Pablo Kuczynski modificaron esa orientación. Se mantuvo una institucionalidad que, en lugar de reconocer la responsabilidad de las organizaciones terroristas, presentó las acciones de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y las rondas campesinas como violaciones de derechos humanos.
Paralelamente, diversas ONG y organizaciones de izquierda han sostenido procesos judiciales contra quienes fueron llamados a enfrentar aquella amenaza totalitaria. Los verdaderos responsables de la violencia parecen haber quedado relegados, mientras que nuestras fuerzas del orden continúan siendo objeto de persecución.
Esta distorsión ha llegado al extremo de presentar como intolerable cualquier intento de restablecer la verdad histórica y la legalidad.¿Por qué sucede? Porque la falsedad se ha impuesto como una verdad socialmente aceptada.
A ello se suma una evidente discriminación. ¿Por qué se ha concedido el indulto a más de mil extremistas de izquierda procesados o condenados por delitos terroristas, mientras nuestros militares son procesados, hasta hora, por violaciones a los derechos humanos?¿Por qué tanta indulgencia con quienes iniciaron la violencia y tanta severidad con quienes tuvieron que combatirla?
Parece que nos hemos olvidado que las organizaciones terroristas declararon la guerra a la democracia y pretendieron tomar el poder por las armas para imponer regímenes totalitarios inspirados en el maoísmo de la Unión Soviética y Cuba.
Un caso emblemático es el de los sucesos de 1986 en el penal El Frontón. Durante el motín, integrantes de Sendero Luminoso secuestraron y asesinaron a tres efectivos, además de herir a más de treinta guardias republicanos y miembros de la Marina. Después de dos días de enfrentamientos, durante los cuales los terroristas utilizaron armas de fuego, granadas y explosivos, la Infantería de Marina sofocó la rebelión. Murieron 132 internos.
En 1989, la Justicia Militar archivó las investigaciones y eximió de responsabilidad penal a los marinos. Sin embargo, en el 2001, durante el gobierno de Valentín Paniagua y con la intervención del entonces ministro de Justicia Diego García-Sayán, el Ministerio Público reabrió el caso en el fuero civil, cuestionando los efectos de aquella resolución y el principio de cosa juzgada.
En el 2013, el Tribunal Constitucional emitió un pronunciamiento que descartó la posibilidad de calificar los hechos como delitos de lesa humanidad, confirmando la prescripción de la causa respecto de los marinos involucrados.
Pese a ello, en el 2017, la Fiscalía formalizó nuevamente acusación contra 35 oficiales y suboficiales de la Marina de Guerra por homicidio calificado en el contexto de lesa humanidad, aunque esa figura no estaba incorporada en la legislación peruana al momento de los hechos.
A ello se suma la Ley 32107, que establece límites temporales para la aplicación de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, tomando como referencia el 1 de julio del 2002, fecha de entrada en vigor del Estatuto de Roma para el Perú.
A finales del 2024, después de más de cinco años de juicio oral, el proceso contra los 35 marinos fue declarado quebrado y se dispuso iniciar nuevamente el juicio desde cero. Así, este caso acumula aproximadamente treinta años de persecución judicial y mantiene a los acusados sometidos a una incertidumbre interminable.
Igualmente escandaloso es el caso del Gral. Brig (R) Juan Rivero Lazo, que cumplió 24 años preso, sin sentencia, vía prisiones preventivas, por ser, según sus acusadores, jefe del Grupo Colina, siendo en esa fecha Director de Inteligencia del Ejército (DINTE). Lo acusaron de ser responsible mediático de lo ocurrido en Barrios Altos y La Cantuta.
Además le imputaron la muerte de Pedro Huilca, líder sindical de la CGTP, quien fue asesinado por un grupo de Sendero Luminoso (SL). Hace tres años el General Rivero salió de prisión por una orden del Tribunal Constitucional, y actualmente, cerca de cumplir 85 años, el Poder Judicial le iniciará nuevamente y vía anulación del juicio anterior, un nuevo juicio por la muerte de Pedro Huilca.
También está el caso del general Jorge Karkovic, condenado en 2026 a quince años de prisión efectiva por hechos ocurridos en 1983, pese a que, según se ha denunciado, se encontraba en Lima cuando sucedieron los acontecimientos de Umasi. ¿Cómo puede justificarse que una persona espere más de cuatro décadas para recibir una condena?
Esta es la imagen de una justicia que, en lugar de garantizar imparcialidad y legalidad, termina convirtiéndose en instrumento de persecución contra quienes defendieron al país y a la democracia frente al terrorismo.
¿Por qué determinados jueces y fiscales insisten en decisiones cuestionadas por contradecir disposiciones legales expresas?
Si las razones no son jurídicas, cabe preguntarse si existen motivaciones políticas ideológicas Nuestras Fuerzas Armadas y Policiales conocen el costo humano de aquella lucha: miles de peruanos asesinados, familias destruidas y un país amenazado por organizaciones que pretendían imponer un régimen totalitario.
El derecho romano-germánico que aplica en el Perú (también conocido como Civil Law o derecho continental) es una de las grandes familias jurídicas del mundo, caracterizada por fundamentar su ordenamiento en la LEY ESCRITA. Lo que define los principios de LEGALIDAD Y NO RETROACTIVIDAD. No existiendo el control de Convencionalidad ni la Imprescriptibilidad.
Siendo el principio de legalidad basado en 4 criterios, debe haber una Ley PREVIA, ESCRITA, CIERTA Y ESTRICTA. Lo que DESMITIFICA la “Lesa Humanidad” que aun hoy no está tipificada en nuestro ordenamiento penal.
No podemos permitir que ese sacrificio sea borrado ni que nuestra historia se siga escribiendo sobre la base de omisiones, falsedades y resentimientos ideológicos.
Estoy convencido de que insistir en la defensa de la justicia, la verdad y la libertad es indispensable. Debemos denunciar la persecución judicial contra nuestros militares y policías, exigir el respeto a la legalidad y restituir el honor, el valor y la dignidad de quienes defendieron nuestra patria.
Corresponde al nuevo gobierno asumir la responsabilidad de restablecer la verdad histórica y garantizar que la justicia deje de utilizarse como instrumento de venganza.
Será muy bueno demostrarles a todos los peruanos, y en especial al Poder Judicial y compañía, que la Presidente de la República, Keiko Fujimori, tiene armas que su cargo le facultan, como Jefa Suprema de las FFAA y Policía Nacional, para indultar por Navidad a muchos de los militares procesados de más de 80 años que cumplieron con su deber.
Entre ellos están:
Gral Brig (R). Wilfredo Mori, 90 años – Acomarca 1985
Gral Brig (R). Luis Perez Documet, 85 años – La Granja 1991
Gral Brig (R). Manuel Delgado Rojas, 91 años – Pucará
Gral Brig (R). Luis Delgado De La Paz, 84 años – Uni,Nac.del Centro 1992
Y muchos coroneles mas ya condenados.
No es una petición: es una obligación para con el Perú, con quienes defendieron nuestra democracia y nuestra patria.
