OPINIÓN/ La incompetencia del Estado y la incapacidad de pensar más allá de un mandato
Escribe: Alexandre Ridoutt Agnoli
El cierre temporal de la playa Agua Dulce no es, como suele presentarse, un simple problema de mala conducta ciudadana. Es la consecuencia directa de una ciudad que, durante más de medio siglo, ha sido incapaz de habilitar de manera integral su frente marítimo.
Lima posee más de 70 kilómetros de litoral, pero solo un número reducido de playas cuenta con accesos, servicios e infraestructura adecuados. La concentración masiva de usuarios en pocos puntos populares genera una tugurización inevitable del espacio público, que ninguna campaña de sensibilización puede corregir por sí sola.
Agua Dulce colapsa porque el Estado renunció a planificar. En lugar de una política metropolitana de playas, se impuso la gestión fragmentada por distritos, la improvisación y la respuesta reactiva. El cierre de una playa por razones sanitarias no resuelve el problema de fondo: la ausencia de una visión de ciudad que entienda el litoral como un sistema continuo de recreación, integración urbana y bienestar social. El problema no es el mar ni el ciudadano; es la incapacidad del Estado para pensar y gobernar más allá de un mandato.
Este episodio, lejos de ser excepcional, fue precisamente lo que me llevó a revisar archivos familiares y documentos guardados durante décadas. Al hacerlo, reaparecieron fotografías y papeles que trajeron recuerdos al presente y reforzaron una pregunta incómoda: ¿en qué momento el país perdió la capacidad de pensar la ciudad con visión de largo plazo?
Siendo alcalde de Miraflores el arquitecto Ernesto Aramburú Menchaca, y mi padre, el ingeniero Eduardo Ridoutt, desempeñándose como concejal de Obras Públicas, tuve desde muy pequeño la oportunidad de acompañarlo en las labores de inspección de las obras municipales. Desde el primer día, y de manera casi cotidiana, lo seguía en los recorridos por los trabajos de recuperación del borde costero de Miraflores, que se extendían desde la bajada Armendáriz hasta la subida al Mercado de Productores, en San Isidro.
El material utilizado para conformar y estabilizar esa franja costera provenía de las excavaciones del último tramo de la Vía Expresa, desde la avenida Angamos hasta la salida hacia Barranco. Nada se desperdiciaba. La ciudad se pensaba como un sistema integrado, donde una obra alimentaba a otra, donde el planeamiento tenía coherencia técnica y sentido urbano.
Era una época en la que, más allá de las limitaciones económicas y tecnológicas, existía algo que hoy parece escaso: visión.
En 1972, el Ministerio de Vivienda, a través de la Dirección General de Desarrollo Urbano, junto con Consultores Asociados, el arquitecto Ernesto Aramburú Menchaca y la Corporación Peruana de Ingeniería S.A., desarrolló el Estudio de Prefactibilidad: Defensas del Litoral y Habilitación de Nuevas Playas de Lima Metropolitana.
No era una ocurrencia. Era una propuesta estructurada para entender el litoral como un sistema urbano integral.
Han pasado más de cinco décadas. Gobiernos centrales, municipales metropolitanos y distritales se han sucedido uno tras otro. Se creó incluso la Autoridad Autónoma de la Costa Verde. Y, sin embargo, el proyecto integral nunca se consolidó.
¿Por qué?
Porque el Estado peruano ha demostrado una constante: su incapacidad para sostener políticas que trasciendan gobiernos. Y porque los alcaldes de la franja costera han privilegiado el protagonismo personal sobre la planificación metropolitana.
Alcaldes con agenda propia, ciudad sin proyecto
Cada alcalde que asumió en un distrito costero llegó con su propia idea de “modernización”. Ninguno quiso subordinar su gestión a un proyecto común. La Costa Verde terminó convertida en una suma de iniciativas aisladas, en un mosaico de decisiones sin coherencia territorial.
Se priorizó su función como vía rápida para atravesar Lima, pero se abandonó el objetivo central: consolidar un gran frente marítimo como espacio público, turístico y recreativo para millones de ciudadanos.
En lugar de un parque costero continuo, tuvimos hangares prefabricados disfrazados de equipamiento cultural, canchas deportivas improvisadas y obras pensadas más para inaugurar que para durar.
Varias generaciones vieron diluirse la ilusión de lo que fue presentada como la gran obra emblemática de Lima.
Eso no es casualidad. Es consecuencia directa del individualismo político y de la ausencia de una institucionalidad metropolitana real.
Setenta kilómetros sin visión común
Lima posee más de 70 kilómetros de litoral. Pocas capitales en el mundo cuentan con semejante oportunidad. Sin embargo, no existe una visión integral de su frente marítimo.
Las intervenciones han sido distritales, parciales, muchas veces reactivas y con frecuencia condicionadas por calendarios electorales. Se gobierna para el próximo corte de cinta, no para los próximos treinta años.
La recuperación del borde costero desde Chorrillos hasta La Punta no puede seguir dependiendo de la voluntad circunstancial de una autoridad local. Debe convertirse en un proyecto técnico metropolitano obligatorio, sostenido en el tiempo y protegido de la improvisación política.
Y aquí es donde el debate deja de ser técnico y se vuelve electoral.
Los próximos postulantes a la Municipalidad Metropolitana de Lima y a los distritos colindantes con el litoral deben incluir explícitamente en sus planes de gobierno el compromiso de impulsar un proyecto integral del frente costero. No más proyectos independientes. No más iniciativas aisladas. No más competencia de egos municipales.
Si no están dispuestos a coordinar y a subordinar sus agendas personales a un plan común, no deberían aspirar a gobernar una ciudad que exige integración.
El problema no es el mar. Es la improvisación política.
La costa limeña es dinámica, compleja y técnicamente exigente. Tiene oleaje energético, déficit de sedimentos y exposición a eventos extremos. Intervenir sin estudios rigurosos puede generar erosión en playas vecinas, desperdicio de recursos públicos e infraestructura de corta vida útil.
Pero el problema no es intervenir.
El verdadero riesgo es intervenir sin planificación integral y sin coordinación metropolitana.
Si hoy se plantea arenar playas, instalar espigones o desarrollar un gran corredor costero, la discusión no puede reducirse a si “se ve bonito” o si “es muy caro”. Debe responder preguntas técnicas básicas:
¿Existe modelamiento oceanográfico actualizado?
¿Se ha evaluado el impacto sedimentario regional?
¿Hay un plan de mantenimiento a 20 o 30 años?
¿Se integra la infraestructura con el diseño urbano metropolitano?
¿Es financieramente sostenible?
Estas preguntas no son ideológicas. Son profesionales. Y su ausencia es negligencia.
El silencio técnico también es responsabilidad
Los colegios profesionales de ingenieros y arquitectos no pueden limitarse a trámites administrativos. En una ciudad como Lima, deben ser contrapesos técnicos frente a la improvisación.
Un proyecto costero serio requiere ingeniería marítima, geotecnia, urbanismo, gestión ambiental, evaluación económica y gestión de riesgos. Si las autoridades presentan iniciativas sin estudios sólidos, los colegios deben exigirlos públicamente. Si los estudios existen, deben revisarlos y debatirlos.
El silencio frente al error no es neutralidad. Es permisividad.
La academia como garantía de continuidad
Las universidades tampoco pueden ser observadoras pasivas. Tienen capacidad de modelamiento, laboratorios e investigadores. Un corredor costero integral podría convertirse en un laboratorio de adaptación al cambio climático y en una plataforma permanente de investigación aplicada.
Las autoridades cambian cada cuatro años.
El conocimiento permanece.
Si Lima quiere transformar su frente marítimo, debe basarse en evidencia científica local y revisión técnica independiente, no en consultorías de corto plazo orientadas a justificar decisiones previamente tomadas.
Basta de urbanismo por protagonismo
El mayor enemigo del litoral limeño no es el mar. Es el protagonismo personal de autoridades que gobiernan como si su distrito fuera un feudo autónomo.
La planificación urbana no puede depender del temperamento o ambición de una autoridad. Debe sustentarse en sistemas de coordinación obligatoria, revisión técnica colegiada, transparencia de estudios y concursos públicos de diseño.
La Costa Verde no pertenece a un alcalde.
Pertenece a la ciudad.
Una exigencia para el elector
El tramo entre Chorrillos y La Punta puede convertirse en un gran parque lineal marítimo, eje de integración metropolitana y símbolo de bienestar urbano. O puede seguir siendo un conjunto de obras inconexas, costosas y políticamente rentables en el corto plazo.
La diferencia dependerá de algo muy simple: si los ciudadanos exigen visión o siguen premiando el protagonismo.
En las próximas elecciones municipales, la pregunta no debería ser quién promete más obras aisladas, sino quién está dispuesto a comprometerse con un proyecto integral del litoral, coordinado, técnicamente sustentado y blindado frente al ego político.
Lima no necesita más alcaldes que busquen dejar su nombre en una placa.
Necesita autoridades capaces de dejar una política pública que sobreviva a su mandato.
El mar seguirá golpeando la costa con la misma fuerza.
La diferencia estará en si esta vez la ciudad responde con planificación y madurez institucional, o si vuelve a elegir el camino cómodo de la improvisación.
La participación técnica no es opcional.
Es una obligación ética con la ciudad y con las generaciones futuras.
Hoy, al volver sobre esas fotografías, no veo solo obras de ingeniería ni recuerdos familiares. Veo una forma de entender la ciudad como proyecto colectivo. Veo autoridades que caminaban la obra, que conocían el terreno, que entendían que el espacio público no era botín político sino legado urbano. Veo un Estado que, con recursos limitados, pensaba en décadas y no en titulares.
Lo que duele no es el paso del tiempo. Lo que duele es la regresión. Hemos cambiado planificación por improvisación, integración por fragmentación y visión por cálculo electoral. La ciudad dejó de ser una construcción estratégica para convertirse en una sucesión de parches, concesiones y decisiones aisladas. El Estado, en lugar de conducir el desarrollo urbano, se ha limitado a administrarlo sin horizonte.
Aquella generación no tenía más dinero ni más tecnología. Tenía algo más importante: claridad de propósito. Entendía que cada vía, cada talud estabilizado, cada metro ganado al abandono formaba parte de un diseño mayor.
Hoy, cuando miramos nuestras ciudades congestionadas, desarticuladas y vulnerables, la pregunta es inevitable: ¿en qué momento dejamos de pensar el país a largo plazo? ¿Cuándo renunciamos a planificar con grandeza?
Las fotografías no solo evocan recuerdos. Funcionan como un contraste incómodo. Nos recuerdan que sí se puede gobernar con visión. Que sí se puede integrar obras, territorio y futuro. Y que la verdadera pobreza de nuestro tiempo no es presupuestal: es una pobreza de Estado y de imaginación.
Sin visión, la ciudad se degrada.
Sin Estado conductor, el país se fragmenta.
Y sin memoria, repetimos el deterioro como si fuera destino.
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