La salud pública peruana no necesita un relato heroico. Necesita verdad, reconstrucción y justicia. Porque un hospital abandonado no es solamente un edificio deteriorado; es una sentencia de sufrimiento para miles de personas
Las declaraciones del ministro Luis Dyer no deberían quedar como una anécdota de inicio de gestión ni como un diagnóstico más de esos que cada cierto tiempo se anuncian con tono dramático para luego ser archivados en el interminable cementerio de las promesas estatales.
Si, como ha señalado, el Ministerio de Salud se encuentra prácticamente treinta años atrasado; si los hospitales, centros de salud, equipos médicos y sistemas tecnológicos presentan un nivel de deterioro que convierte la atención pública en una experiencia penosa para millones de peruanos, entonces estamos frente a un escándalo nacional que exige mucho más que discursos y buenas intenciones. Exige responsabilidades.
Porque el estado deplorable de la infraestructura hospitalaria, el equipamiento obsoleto, la tecnología añeja, la falta de mantenimiento, la precariedad de los servicios y el abandono de los establecimientos de salud no aparecieron de un día para otro. Esa realidad fue construida durante años de desidia, incompetencia, improvisación y, probablemente, de decisiones administrativas que privilegiaron otros intereses antes que el derecho fundamental de los ciudadanos a una atención digna.
Lo que el ministro describe no es solamente un problema técnico. Es la evidencia de un fracaso institucional de enormes proporciones. Es la demostración de que el Estado, a través del Ministerio de Salud, dejó que el sistema se degradara hasta extremos incompatibles con un país que aspira a llamarse moderno. Hospitales que no pueden diagnosticar oportunamente, equipos que dejan de funcionar, tecnología que pertenece al pasado y pacientes obligados a esperar meses por una cita o por un procedimiento esencial constituyen una afrenta permanente contra la población más vulnerable.
Por eso, lo dicho por Luis Dyer no puede terminar en una conferencia de prensa. Si los hallazgos son reales y documentados, deben dar lugar a una auditoría integral e independiente que identifique con nombres y apellidos a quienes condujeron al Ministerio de Salud hacia semejante deterioro. Los exministros, viceministros, directores generales, funcionarios de línea y responsables de las áreas de infraestructura, equipamiento, logística, tecnología y administración deben rendir cuentas por las decisiones -o las omisiones- que contribuyeron a esta situación.
Durante demasiado tiempo se ha instalado en el Perú una cultura de impunidad administrativa. Cada gestión llega, culpa a la anterior, anuncia una reorganización y luego entrega el sector en condiciones similares o peores. Ese círculo perverso tiene que romperse. La continuidad del desastre no puede seguir siendo una excusa para la ausencia de consecuencias.
Sería profundamente injusto que quienes padecieron la negligencia estatal -los pacientes que murieron esperando atención, las familias que recorrieron hospitales buscando un equipo operativo, los médicos y enfermeras obligados a trabajar en condiciones indignas- sean los únicos que carguen con el peso de esta tragedia. La otra cara de esa realidad es la obligación del Estado de investigar y sancionar, cuando corresponda, a quienes permitieron que los recursos públicos destinados a la salud terminaran produciendo establecimientos colapsados y servicios indignos.
El ministro Dyer ha abierto una puerta. Ahora tiene la responsabilidad de no cerrarla. Si sus afirmaciones son ciertas, el siguiente paso no puede ser únicamente un plan de modernización. Debe ser también la remisión de toda la información a los órganos de control, a la Contraloría y al Ministerio Público para que se determine si existieron responsabilidades administrativas, civiles o penales.
La salud pública peruana no necesita un relato heroico. Necesita verdad, reconstrucción y justicia. Porque un hospital abandonado no es solamente un edificio deteriorado; es una sentencia de sufrimiento para miles de personas. Y cuando ese abandono fue permitido por quienes tenían el deber de impedirlo, la historia deja de ser una simple ineficiencia para convertirse en una responsabilidad que el país ya no puede seguir tolerando.
