El Perú no necesita otra temporada de la misma historia. Necesita, finalmente, comenzar a escribir una nueva.
La instalación de la nueva Cámara de Diputados no debería verse como un simple procedimiento institucional. Es, en realidad, una nueva oportunidad para comprobar si el Perú puede dejar atrás años de inestabilidad política. La composición que surge de las urnas muestra una fuerza política importante, pero sin una mayoría suficiente para controlar por sí sola el Parlamento. Por eso, el escenario vuelve a plantear un desafío conocido: la necesidad de llegar a acuerdos para evitar que las diferencias políticas terminen paralizando al país.
Durante los últimos años, el Perú ha vivido una sucesión de crisis políticas, cambios de gobierno y frecuentes modificaciones en los equipos ministeriales. Esta inestabilidad ha debilitado las instituciones y ha generado una sensación de cansancio y desconfianza entre los ciudadanos. Muchas personas ya esperan poco de la política y consideran que, después de una crisis, llegará simplemente otra.
Este problema no significa que los peruanos sean pesimistas por naturaleza. La desconfianza tiene una explicación: durante mucho tiempo se han anunciado soluciones que finalmente no se concretaron. La ciudadanía ha visto promesas incumplidas, enfrentamientos entre autoridades y decisiones políticas que muchas veces estuvieron más relacionadas con intereses partidarios que con los problemas reales del país.
La nueva Cámara de Diputados corre el riesgo de repetir esta historia si convierte su trabajo en una permanente confrontación entre grupos políticos.
El debate democrático es necesario, pero discutir no significa enfrentarse por todo. Un Parlamento tiene que representar diferentes posiciones, pero también debe ser capaz de encontrar acuerdos sobre los asuntos fundamentales.
El principal peligro es que las disputas políticas terminen ocupando todo el espacio público. Mientras los legisladores discuten por el control de las comisiones, cargos o protagonismo político, millones de peruanos continúan esperando respuestas concretas. La inseguridad ciudadana sigue afectando a las familias, muchos hospitales y centros de salud tienen enormes limitaciones y miles de estudiantes reciben una educación que no les garantiza las mismas oportunidades.
La inestabilidad también tiene consecuencias económicas. El Perú mantiene fortalezas importantes, pero su crecimiento está por debajo de lo que podría alcanzar. La incertidumbre política dificulta la inversión y hace más complicado planificar proyectos de largo plazo. Esto afecta especialmente a sectores que necesitan grandes inversiones, como la minería, la infraestructura y los servicios.
El problema no es solamente cuánto crece la economía, sino cuánto empleo formal y oportunidades puede generar ese crecimiento. Cuando las reglas cambian constantemente y las decisiones públicas no mantienen una dirección clara, las empresas tienen menos incentivos para invertir y crear puestos de trabajo de calidad.
Por eso, una de las principales tareas de la nueva Cámara debería ser discutir una verdadera reforma del Estado. El Estado debe funcionar mejor, atender oportunamente al ciudadano y facilitar la actividad económica. No puede convertirse en una barrera para quien quiere invertir, trabajar o emprender.
Dentro de esta reforma también debe ocupar un lugar central la informalidad. Millones de peruanos trabajan en ella porque no encuentran suficientes oportunidades dentro de la economía formal. Combatirla no significa simplemente imponer más sanciones. Significa crear condiciones para que formalizarse sea atractivo y posible, especialmente para los pequeños empresarios.
También es necesario discutir seriamente las finanzas públicas. El Estado debe gastar mejor y establecer prioridades claras. No basta con aumentar el gasto; es fundamental saber si ese dinero realmente mejora la salud, la educación, la seguridad y la infraestructura. De la misma manera, el país necesita analizar cómo ampliar la recaudación tributaria sin perjudicar a las pequeñas empresas ni a quienes ya cumplen con sus obligaciones.
Otro asunto fundamental es la rendición de cuentas. Los ciudadanos necesitan saber cómo se utilizan los recursos públicos y quién responde cuando las decisiones producen malos resultados. Recuperar la confianza en las instituciones exige transparencia, responsabilidad y consecuencias cuando se cometen irregularidades.
Si vuelve a repetirse el ciclo de confrontación, crisis y parálisis, aumentará todavía más la desconfianza de los ciudadanos.
En definitiva, la nueva Cámara de Diputados tiene una oportunidad que no debería desperdiciar. El Perú no necesita otro Parlamento concentrado en las peleas políticas de corto plazo. Necesita representantes capaces de discutir y aprobar reformas que permitan mejorar el Estado, impulsar la inversión, generar empleo formal y elevar la calidad de los servicios públicos.
La ciudadanía no espera que todos los diputados piensen igual. Espera algo más importante: que sean capaces de ponerse de acuerdo en aquello que beneficia al país. El verdadero éxito de esta nueva legislatura no debería medirse por la cantidad de enfrentamientos que protagonice, sino por su capacidad para resolver problemas.
Si vuelve a repetirse el ciclo de confrontación, crisis y parálisis, aumentará todavía más la desconfianza de los ciudadanos. Pero si existe voluntad para construir acuerdos y enfrentar los problemas estructurales, la nueva Cámara podría convertirse en el comienzo de una etapa diferente. El Perú no necesita otra temporada de la misma historia. Necesita, finalmente, comenzar a escribir una nueva.
