una de las tareas más urgentes del Perú actual: pasar de una cultura de las oportunidades para algunos a una cultura de oportunidades basadas en capacidades, reglas claras y resultados.
En el Perú de hoy, hablar de meritocracia no es referirse únicamente a concursos públicos, ascensos laborales o requisitos profesionales. Es hablar de confianza. De la confianza de millones de ciudadanos en que estudiar, prepararse y trabajar responsablemente todavía puede abrirles oportunidades en un país donde las instituciones atraviesan una etapa de cuestionamiento y la ciudadanía exige resultados.
El problema es que esa confianza se ha ido debilitando. Para muchos jóvenes, culminar una carrera profesional ya no garantiza encontrar oportunidades acordes con su preparación. En determinados espacios persiste la percepción de que los contactos, las relaciones personales o la cercanía con quienes tienen poder pueden pesar más que la experiencia y las capacidades. Cuando esa percepción se instala, el mensaje que recibe la sociedad es preocupante: el esfuerzo puede no ser suficiente. Y un país no puede avanzar si sus ciudadanos dejan de creer en el valor del esfuerzo.
La meritocracia, bien entendida, no significa establecer una competencia permanente entre las personas ni suponer que todos parten de las mismas condiciones. Significa algo más elemental: que para ocupar una responsabilidad debe considerarse la preparación, la experiencia, las capacidades y los resultados, con reglas conocidas y oportunidades razonablemente abiertas para quienes cumplen los requisitos.
Esta discusión adquiere especial importancia en el Estado. El Perú necesita instituciones capaces de responder a problemas concretos: inseguridad, servicios públicos deficientes, brechas de infraestructura, informalidad, pobreza y dificultades para generar empleo de calidad. Frente a estos desafíos, contarcon funcionarios preparados no debería ser una opción, sino una condición básica para gobernar.
Por eso, cada cambio de gobierno debería significar continuidad en aquello que funciona y renovación donde sea necesario, pero no el reemplazo automático de profesionales por razones políticas. La administración pública necesita preservar conocimiento, experiencia y capacidad técnica. Un funcionario competente no debería perder su responsabilidad simplemente porque cambió la autoridad política.
El reto, sin embargo, no consiste únicamente en aprobar nuevas normas. El Perú ya cuenta con instituciones, procedimientos y mecanismos destinados a promover la profesionalización del servicio público. El desafío está en conseguir que estos funcionen con mayor transparencia, independencia y eficacia.
Una agenda nacional por la meritocracia podría comenzar por algo sencillo: concursos públicos verificables, criterios de evaluación previamente conocidos, publicación de resultados y mecanismos efectivos para detectar conflictos de interés. También debería fortalecerse la evaluación del desempeño y protegerse a los servidores que cumplen adecuadamente sus funciones.
La ciudadanía, además, tiene un papel importante. No debería aceptar como normal que una posición de responsabilidad se convierta en una recompensa por afinidades personales o políticas. Exigir profesionales competentes en el Estado no es una demanda contra un gobierno determinado. Es una exigencia a favor de mejores instituciones.
El sector privado tampoco está al margen de este desafío. Las empresas que seleccionan y promueven a sus trabajadores sobre la base de capacidades, resultados y compromiso pueden contribuir a demostrar que el mérito no es solamente un principio deseable, sino también una herramienta para mejorar la productividad y la competitividad.
El Perú enfrenta una etapa en la que recuperar la confianza institucional será tan importante como resolver los problemas económicos y sociales. En ese contexto, la meritocracia puede convertirse en uno de los puntos de encuentro que necesita la sociedad: una regla que trascienda gobiernos, partidos y coyunturas.
No se trata de prometer que el mérito resolverá todos los problemas del país. Se trata de algo más concreto: garantizar que la preparación tenga valor, que la experiencia sea reconocida y que las oportunidades no estén condicionadas por los contactos.
El desafío de los próximos años debería ser construir instituciones en las que un joven profesional pueda mirar su futuro con una expectativa razonable: que su formación, su esfuerzo y su capacidad puedan abrirle una puerta.
Recuperar esa confianza también es construir país. Y quizá allí se encuentre una de las tareas más urgentes del Perú actual: pasar de una cultura de las oportunidades para algunos a una cultura de oportunidades basadas en capacidades, reglas claras y resultados.
