Opinión/ La presidenta en la ONU
Por Luis Gonzales Posada.
El discurso de la presidenta Keiko Fujimori en la Asamblea General de Naciones Unidas ha tenido la virtud de exponer la verdadera dimensión del crimen trasnacional, que afecta a nuestro país y al hemisferio. Resaltó, en efecto, la alarmante expansión de esos grupos que el año pasado asesinaron 109 mil personas en la región.
A delincuentes locales se han sumado organizaciones extranjeras como el Tren de Aragua de Venezuela; Gota a Gota de Colombia; los Choneros y Tiguerones de Ecuador; el Comando Vermelho y Primer Comando de la Capital de Brasil, así como los carteles mexicanos del Golfo y Sinaloa.
Son grupos que están conectados e interactúan teniendo como principales víctimas en el Perú a comerciantes y choferes de ómnibus y mototaxis, a quienes extorsionan y matan si no pagan cupos, pero hoy han derivado al plagio.
Hace algunos días, por ejemplo, las autoridades capturaron a 29 secuestradores de nacionalidad venezolana, que pronto estarán en la misma prisión con 4,400 de sus compatriotas.
En ese contexto, no basta con el trabajo de la Policía Nacional sino que, por la magnitud del problema, debe participar la Fuerza Armada y, además, necesitamos una labor coordinada con la comunidad de naciones.
El marco para hacerlo, destacó la mandataria en su discurso, es el «Escudo de las Americas», alianza militar-policial y de inteligencia que involucrará 17 Estados del continente.
Luchar contra el narcotráfico, el contrabando y la minería ilegal debe ser una prioridad porque se trata de potentes redes que movilizan enormes sumas de dinero y están infiltradas en diversas instituciones públicas.
En lo que va de este año los medios registraron dos mil casos de extorsión y 1,260 de enero a julio, mientras el 2025 la cifra ascendió a 2,213.
El cuadro es más dramático si consideramos que para hacer frente al delito tenemos un déficit de 53 mil agentes policiales, un faltante de 8 mil patrulleros y 40% de la flota se encuentra inoperativa, a lo que debemos agregar que muchas comisarias están en ruinas y carecen de teléfonos fijos y otros implementos necesarios para que los agentes cumplan sus funciones a cabalidad.
Para derrotar a la delincuencia también requerimos jueces y fiscales comprometidos en este propósito y no magistrados que dilaten ad infinitud los procesos o togados timoratos que dejen en libertad a los malhechores.
No menos urgente es construir más establecimientos penitenciarios. Hoy tenemos 69 penales con capacidad de albergar 41,764 internos, pero hospedan a casi 105 mil reos de los cuales 63% son sentenciados y 37% procesados, 112, 500 hombres y 21,235 mujeres.
En los penales se organizan y dirigen muchos actos delictivos, porque no existe control, al punto que no cuentan con bloqueadores de celulares como quedó demostrado en la última requisa donde se encontraron treinta de esos equipos, dinero, armas de fuego, chips y un router para brindar wifi a todos los ambientes.
El país urge un trabajo serio e integrado. No que la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, rechace altaneramente las observaciones de la jefe de Estado, que es su superior jerárquica, pensando que lidera una entidad intachable e inobservable, lo cual no es cierto.
En suma, solo juntos podemos arrostrar a la delincuencia.