El Segundo Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios solicitó al Poder Judicial el sobreseimiento o archivo total de la causa penal seguida en el denominado caso Antalsis.
Archivo del caso Antalsis beneficiaría a Vladimir Cerrón, Belaunde Lossio y 25 procesados
La medida formulada por el Ministerio Público beneficia al líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, al empresario Martín Belaunde Lossio y a otras 25 personas comprendidas en la investigación.
El requerimiento fue presentado ante el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, a cargo del juez Leodan Cristóbal Ayala.
Así, el magistrado notificó la resolución a las partes procesales y fijó para el jueves 5 de noviembre a las 3:00 p.m. la audiencia virtual inaplazable en la que se evaluará el pedido fiscal de archivo definitivo.
Antecedentes del caso
Tras recibir la solicitud de la fiscalía emitida el último 9 de octubre, el juez Cristóbal Ayala dispuso un plazo de diez días hábiles para que las partes involucradas expongan sus observaciones o formulen oposición. Los sujetos procesales podrán requerir la realización de diligencias o actos de investigación adicionales si lo consideran pertinente.
Cabe recordar que el pasado 10 de abril, el mismo juzgado declaró fundado un pedido previo de sobreseimiento por la causal de «sospecha insuficiente», archivando el delito de colusión agravada imputado a Cerrón. Sin embargo, el Poder Judicial determinó que el dirigente político continúe vinculado al proceso en el extremo de la acción civil, ante el cobro de una eventual reparación a favor del Estado.
El caso Antalsis responde a la hipótesis fiscal sobre la existencia de una presunta red criminal encabezada por Martín Belaunde Lossio que habría defraudado al Estado por más de 26 millones de soles. Las pesquisas se centraron en la licitación y ejecución de las obras de los puentes Comuneros y Eternidad durante la gestión de Vladimir Cerrón como gobernador regional de Junín entre los años 2011 y 2014.
Además de los cargos archivados o en revisión, el proceso penal contemplaba atribuciones por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir y cohecho pasivo propio. La decisión final sobre el sobreseimiento global quedará en manos del juzgado tras la audiencia pública.
