Hay quienes parecen no haber aprendido absolutamente nada de nuestra historia reciente. O, lo que resulta todavía más preocupante, quienes, habiéndola conocido y sido parte de ella, pretenden encontrar nuevas formas de reproducir aquellas prácticas de intolerancia y confrontación que tanto daño le hicieron al Perú.
Sendero Luminoso no solamente dejó una dolorosa estela de violencia y muerte. Pretendió imponer una manera de entender la política en la que el adversario debía ser destruido, las instituciones carecían de legitimidad y cualquier posibilidad de entendimiento constituía una traición a sus pretendidas «convicciones revolucionarias».
Sería irresponsable sostener que toda expresión de radicalismo parlamentario constituye una prolongación de aquella aviesa y desgraciada organización. Pero igualmente ingenuo sería desconocer que determinadas prácticas políticas pueden reproducir, desde escenarios distintos y mediante instrumentos aparentemente democráticos, una lógica de confrontación orientada al debilitamiento institucional.
Y es precisamente allí donde corresponde poner especial atención.
En determinados sectores del Congreso de la República parecen haberse instalado personajes para quienes la representación popular no constituye una responsabilidad frente al país, sino una oportunidad para convertir la confrontación permanente en su principal instrumento político. Poco importan la viabilidad de las propuestas, la estabilidad institucional o las consecuencias de sus decisiones.
Lo fundamental parece ser impedir que el gobierno avance, desacreditar sus iniciativas y alimentar el enfrentamiento. Es el obstruccionismo elevado a la categoría de estrategia política. Y lo más grave es que semejante comportamiento pretende justificarse en nombre de los sectores históricamente postergados, precisamente aquellos que terminan pagando las consecuencias de la incertidumbre, la parálisis del Estado y el deterioro de la gobernabilidad.
Porque conviene preguntarse: ¿De qué sirve proclamarse defensor de los pobres si, en los hechos, se contribuye a debilitar las instituciones de las que dependen sus derechos?
No se trata, por cierto, de reclamar una oposición complaciente ni de pretender que el Congreso renuncie a sus atribuciones constitucionales. La fiscalización, la crítica y el control político son indispensables en cualquier democracia que merezca ese nombre. Todo gobierno debe rendir cuentas, explicar sus decisiones y asumir sus responsabilidades.
Pero una cosa es fiscalizar y otra muy distinta obstruir con el único propósito de impedir que el adversario gobierne. Una cosa es discrepar de una iniciativa y otra convertir su rechazo en una consigna anticipada, independientemente de sus méritos o de las necesidades nacionales.
Cuando esa conducta se vuelve sistemática, el Parlamento corre el riesgo de dejar de ser un espacio de deliberación para transformarse en escenario de una confrontación sin horizonte constructivo. Allí reside el peligro de quienes, por sus métodos políticos y eventuales filiaciones, podrían ser identificados como herederos de una lógica senderista: aquella que considera que cuanto mayor sea el conflicto, mayores serán las posibilidades de alcanzar sus objetivos.
Ayer, Sendero Luminoso pretendió destruir el Estado democrático mediante el terror. Hoy, el riesgo es distinto: que expresiones de extremismo autoritario pretendan erosionar la confianza ciudadana en las instituciones mediante la deslegitimación permanente, la intolerancia y la utilización del conflicto como instrumento de acumulación política.
No son fenómenos equivalentes, pero nuestra historia obliga a reconocer las señales de una cultura política que desprecia el entendimiento democrático.
Y aquí corresponde establecer una distinción fundamental.
La izquierda peruana no nació con Sendero Luminoso ni puede confundirse con aquella experiencia criminal. Por el contrario, hombres y mujeres de sus distintas vertientes contribuyeron a la organización sindical, la conquista de derechos sociales y la defensa de las libertades democráticas, incluso enfrentándose abiertamente al terrorismo.
Por eso preocupa que algunas voces de ese mismo espacio político prefieran guardar silencio frente a expresiones de intolerancia que deberían ser las primeras en cuestionar.
La izquierda democrática tiene una responsabilidad histórica que no puede seguir eludiendo: disputarle al extremismo la representación de las legítimas aspiraciones populares y demostrar que la justicia social no necesita de la ingobernabilidad para convertirse en realidad.
Porque defender al pueblo no significa apostar por el fracaso de un gobierno democráticamente constituido. Ninguna discrepancia política justifica convertir la obstrucción sistemática en una suerte de mandato parlamentario.
Hay, además, una contradicción que merece ponerse en evidencia.
Quienes proclaman representar a los sectores populares deberían comprender que son precisamente estos los que más necesitan de un Estado que funcione. Los ciudadanos con mayores recursos siempre encontrarán alternativas frente a la ineficiencia pública. Los más pobres, en cambio, dependen de instituciones capaces de garantizar educación, salud, seguridad, servicios básicos y oportunidades.
Debilitar esas instituciones no constituye una victoria popular. Es, por el contrario, una manera de profundizar las desigualdades que se dice combatir.
El Perú conoce demasiado bien las consecuencias de convertir la intolerancia en una supuesta virtud política. Ninguna convicción ideológica, por profunda que sea, concede el derecho a desconocer la legitimidad de quienes piensan diferente.
Resulta, por ello, paradójico que desde espacios conquistados mediante el voto ciudadano se desarrollen prácticas que alimentan el descrédito del mismo sistema democrático que hizo posible acceder a la representación parlamentaria.
La democracia permite cuestionar al poder, pero exige reconocer sus reglas. Permite una oposición firme, pero demanda responsabilidad frente a las consecuencias de las decisiones políticas.
Y, sobre todo, obliga a comprender que el adversario no es un enemigo al que deba destruirse, sino un competidor cuya legitimidad proviene de la misma voluntad popular que sustenta la propia representación.
De allí que el extremismo encuentre en el obstruccionismo una herramienta particularmente funcional a sus propósitos. Cada enfrentamiento innecesario, cada iniciativa bloqueada sin una alternativa razonable y cada episodio de confrontación convertido en espectáculo profundizan la percepción de que las instituciones son incapaces de resolver los problemas nacionales.
Y cuando esa percepción se instala en la ciudadanía, no solamente pierde el gobierno de turno. Pierden el Congreso, la representación política y, finalmente, la propia democracia.
No podemos permitir que el legítimo descontento popular se convierta en combustible de proyectos políticos que necesitan del fracaso institucional para justificar su existencia.
Urgen, por tanto, voces provenientes de la propia izquierda que asuman, sin complejos ni cálculos de oportunidad, la tarea de enfrentar políticamente a sus expresiones más intolerantes. Voces con autoridad moral, trayectoria democrática y compromiso social, capaces de demostrar que es posible cuestionar severamente al gobierno sin apostar por la destrucción de la gobernabilidad.
No basta con guardar prudente distancia del extremismo. Es indispensable confrontarlo en el terreno de las ideas, desenmascarar sus contradicciones y recuperar aquellas banderas populares que no pueden quedar a merced de quienes encuentran en la confrontación su única razón de ser.
La defensa de la institucionalidad democrática no es una concesión de la izquierda a la derecha ni una bandera que esta última pueda reclamar como patrimonio exclusivo. Es una obligación compartida por quienes entienden que los gobiernos pasan, las mayorías parlamentarias cambian y las circunstancias políticas se modifican, pero las instituciones deben permanecer.
El Perú no necesita un Congreso subordinado al Ejecutivo. Necesita un Parlamento que fiscalice, legisle, proponga y ejerza sus atribuciones con responsabilidad. Tampoco necesita un gobierno protegido de toda crítica, sino uno capaz de construir entendimientos sin renunciar a sus obligaciones constitucionales.
Lo que definitivamente no necesita es que la representación popular se convierta en refugio de una cultura política que confunde la firmeza con la intolerancia, la oposición con el sabotaje y la defensa del pueblo con el debilitamiento del Estado.
Porque si alguna lección debería habernos dejado nuestra historia reciente es que la democracia no comienza a destruirse únicamente cuando alguien pretende acabar con ella mediante la violencia. También se deteriora cuando quienes tienen la obligación de fortalecerla hacen de su desprestigio y parálisis una práctica política cotidiana.
Y aquí conviene insistir en una certeza que no admite ambigüedades: nadie puede proclamarse defensor del pueblo mientras trabaja sistemáticamente por debilitar las instituciones que garantizan sus derechos.
Los herederos políticos de la intolerancia podrán cambiar de discurso, de escenario y de instrumentos. Lo que no debemos permitir es que la confrontación antidemocrática vuelva a encontrar legitimidad bajo el pretexto de defender las reivindicaciones populares.
Porque, finalmente, el verdadero compromiso con el pueblo no consiste en hacer fracasar al adversario político, sino en impedir que, en esa disputa, termine fracasando el Perú.
