Es necesario exigir de una vez por todas la Ley de Responsabilidad Política, para que no vuelva a suceder calamidades como la mencionada
Don Fernando Belaunde Terry, con apoyo del Partido Aprista, el 06/03/1998 expide el DL 276 y en su extremo de exposición de motivos “que la Carrera Administrativa es una institución social que permite a los ciudadanos ejercer el derecho y el deber de brindar sus servicios a la Nación, asegurando el desarrollo espiritual, moral, económico y material del servidor público, a base de méritos y calificaciones en el desempeño de sus funciones y dentro de una estructura uniforme de grupos ocupacionales.”; una verdadera joya de preocupación social y desarrollo laboral, y estabilidad de la Administración Pública Nacional.
Esta norma de origen constitucional, regulaba el ingreso bajo estrictos concursos personales de ascensos por méritos; capacitaciones, tiempo de servicio y con remuneraciones acorde a ellos, estabilidad laboral, capacitación permanente, con un Fuero y proceso disciplinario; que además de este profundo sentido social, buscaba una administración sólida, segura, ajena a las asechanzas y peligros que siempre buscaron minar al Estado.
Sin embargo al poco tiempo los políticos, congresistas y ministros, comenzaron “contratar por miles sin concurso”; canje de nombramientos para evitar se detecte el nepotismo, nombramientos por compensación política a sus militantes, abuso del Estado; nombramientos de confianza con el cual se permitieron nombrar inclusive “amiguitas y novias”; y por último en las Leyes de Presupuesto bajo las fórmulas de amnistías laborales de los contratos de trabajo, miles se aseguraron cargos y remuneraciones a los cuales no tenían derecho.
Las consecuencias fueron fatales, acabaron destruyeron esta noble Ley, con un sistema administrativo infructuoso, inoperativo, inútil y lleno de corrupción; retrasando al Estado en sus planes de desarrollo, superpoblándola y con un forado en el Presupuesto Nacional.
El Régimen del Ing. Fujimori no tenía oportunidad para corregir el tremendo daño hecho al país y a la clase trabajadora; no quedándole otra formula con un grave costo social, liquidar esta etapa de la historia del país, despidiendo a inocentes trabajadores de la 276; aunque paradójicamente regresando a la propuesta de esa norma, con concursos de méritos, estudios y capacitación; que sin embargo ya volvieron a las mismas andanzas de meter por la puerta falsa a otras miles de personas sin ningún derecho.
Finalmente, genero esta grave responsabilidad de los políticos, desesperación, miles de juicios de desnaturalización de contratos laborales inundando con una avalancha de causas en el Poder Judicial; que resuelve según cartilla sin entrar al fondo del drama, falleciendo empleados y funcionarios mientras reclamaban sus derechos en Instancias Nacionales y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Los Congresistas de aquella época que fueron los causantes de este atraso, políticos y Ministros, nunca fueron procesados; porque en el Congreso nunca ha funcionado las Comisiones de Fiscalización, Acusaciones Constitucionales, Ética; por lo que es necesario exigir de una vez por todas la Ley de Responsabilidad Política, para que no vuelva a suceder calamidades como la mencionada.
