Por: Mg. Ing. José Antonio Mansen Bellina & Eco. Roger Grández Ríos
La apuesta a futuro de la amazonia, conservar su enorme biodiversidad y poner en activo sus potencialidades, requiere de una articulación sistémica de instituciones, organizaciones locales y la cooperación internacional
A lo largo de los últimos tiempos se ha defendido la Amazonía como fuente de la biodiversidad de especies para nuestra supervivencia en la tierra, pero no puede entenderse exclusivamente como una reserva de materias primas ni como un territorio en el que toda intervención humana deba descartarse de manera general. Lo más importante es su ecosistema, único y frágil a la vez, y como tal, requiere de intervenciones inteligentes para conservar la naturaleza viva y en pie, como primer elemento en cuestión; y en segundo término, poner en valor una simbiosis de activos, hasta ahora, inmóviles, como: mano de obra local, innovación y tecnología adaptativa como los procesos y cambios climáticos, recursos potencialmente comerciales como la zonificación del territorio, e infraestructura logística conectiva.
El aprovechamiento de la Amazonía está sujeta a la legislación, incluyendo su conservación, evaluando los impactos de cualquier actividad, principalmente el respeto irrestricto de las poblaciones aledañas, y aquellas que puedan ser susceptibles de ser afectadas, entre ellas, alterar sus costumbres, tradiciones y conservar su lengua materna.
¿Se puede instrumentalizar políticas de desarrollo local territorial y, al mismo tiempo, conservar el patrimonio natural?
Las organizaciones ambientalistas han sido férreos defensores de mantener prístinamente el agua, la flora y fauna, durante décadas se han opuesto a cualquier proyecto que pudiera alterar la naturaleza y a las poblaciones que obtienen la subsistencia diaria.
El Estado o gobiernos regionales han creado reservas naturales para evitar que ingrese cualquier actividad, sin antes cumplir con la conservación de la misma, a través de los planes maestros determinando la categoría y objetivos de establecimiento del área natural protegida establecida según la diversidad biológica, sus servicios ecosistémicos y su aporte al bienestar humano, estableciendo zonas y unidades en base a los criterios ambientales, socioculturales y gestión como: Zona Silvestre, Zona de Aprovechamiento Directo, Zona de Recuperación y Zona de Uso Especial
La realidad amazónica muestra una contradicción preocupante, mientras se establecen áreas protegidas para preservar la biodiversidad, la deforestación, la minería ilegal y el narcotráfico; las actividades económicas ilícitas y delictivas continúan generando presiones sobre distintos territorios, cuyas actividades no solo afectan los bosques y los cursos de agua, sino que también alteran los hábitats naturales, reducen la diversidad de especies y exponen a las poblaciones cercanas a sustancias contaminantes, como mercurio, combustibles derramados en los cursos de agua, adicionalmente, la violencia, la trata de personas, la explotación infantil y otras formas de vulnerabilidad social.
¿A quién corresponde protegerla?
Ninguna política ambiental será sostenible si no puede garantizarse el cumplimiento de normas establecidas para generar gobernanza y gobernabilidad del territorio, ni tener las herramientas legales para combatir y prevenir las actividades ilegales, por lo que se necesita una presencia permanente y efectiva del Estado, con instituciones fuertes, presupuesto suficiente, vigilancia permanente, coordinación interinstitucional y participación de las poblaciones locales o comunidades nativas.
Es cierto, que la Amazonía tiene los peores índices de atención por parte del Estado en salud, educación, infraestructura económica y desarrollo productivo, e inseguridad ciudadana, particularmente en territorios donde la ausencia de servicios públicos y de oportunidades económicas incrementa la vulnerabilidad de las poblaciones, en particular en los territorios de frontera, poblaciones dispersas y comunidades indígenas.
¿Cuál es el reto ante esta terrible situación?
El daño al ambiente continua inexorablemente, deteriorando la naturaleza, afectando a las poblaciones y tierras, y esto debe de parar, para lo que se necesita un gobierno decidido y empoderado para poner coto a esta situación, porque no basta con reportar en diagnósticos y estudios el impacto negativo y la triste realidad, sino se necesitan planes de acción, para detener y erradicar afectación de la biodiversidad de la Amazonía.
El reto consiste en convertir ese marco institucional en resultados concretos, estableciendo un programa para recuperar las tierras afectadas por las actividades que han afectado la naturaleza, porque, de lo contrario estaríamos condenando a las poblaciones a una mayor pobreza multidimensional, de la que padece en la actualidad.
El futuro de la Amazonía dependerá menos de las declaraciones sobre su importancia, que, de la capacidad efectiva del Estado para protegerla, recuperar los territorios degradados y garantizar que sus recursos y servicios ecosistémicos permanezcan disponibles para las generaciones futuras.
El mensaje es claro: la apuesta a futuro de la amazonia, conservar su enorme biodiversidad y poner en activo sus potencialidades, requiere de una articulación sistémica de instituciones, organizaciones locales y la cooperación internacional, cuyas iniciativas de acciones estratégicas tienen que ser impulsadas desde los principales actores e interesados locales, allí donde la sapiencia y el conocimiento marca la diferencia entre un futuro próspero y uno incierto.
Dejar que el Estado y sus instituciones de primer nivel planifiquen el futuro de la Amazonia, tal como se concibe hasta ahora, es alcanzar la frontera del punto de no retorno, pero con planes y programas a ejecutarse, debidamente presupuestados y estructurados.
