El Perú no puede continuar siendo rehén de esta confrontación política y de las prácticas parlamentarias que socavan la institucionalidad desde dentro y paralizan al Estado frente a sus dos mayores amenazas contemporáneas.
Cuando la delincuencia amenaza la vida de los ciudadanos y la perversión política bloquea las herramientas y requerimientos del Estado, la irresponsabilidad y la falta de respeto deja de ser un problema jurídico y parlamentario para convertirse en una tragedia nacional.
El Perú atraviesa una de las crisis estructurales más voraces e indolentes de su historia reciente. Mientras la ciudadanía sobrevive acorralada por el desborde sangriento de la criminalidad organizada y los primeros embates climáticos de un fenómeno de El Niño extremo, que ya causa estragos en nuestro territorio, el Congreso de la República exhibe una conducta que sobresale en la abierta indolencia y el desprecio por la vida de los peruanos.
El Ejecutivo necesita instrumentos legales adecuados para combatir estas organizaciones, fortalecer la inteligencia policial, mejorar la capacidad operativa de las instituciones y cerrar los espacios de impunidad. Si solicita facultades para enfrentar esta emergencia, corresponde al Parlamento examinarlas, debatirlas dentro de los plazos reglamentarios aplicables y aprobar las medidas que resulten legítimas y necesarias.
Tras más de 53 días desde que el Poder Ejecutivo presentó su solicitud de delegación de facultades legislativas en materias prioritarias de seguridad y prevención ante el desastre, el trámite parlamentario quedó sepultado bajo el odio ideológico de la izquierda radical. El plazo legal de 15 días hábiles establecido para emitir el dictamen en la Cámara de Diputados fue sistemáticamente incumplido. Con una demora injustificable que superó ampliamente el plazo previsto, la representación parlamentaria solo terminó tramitando menos del 30% de lo solicitado y otorgando facultades recortadas e incompletas, tanto en el paquete de medidas para combatir el crimen cibernético y el sicariato, como en las normas urgentes destinadas a mitigar los efectos devastadores del fenómeno de El Niño extremo.
Estas cifras se confirman en los expedientes parlamentarios. No estaríamos, por tanto, ante una simple demora burocrática, sino ante una grave señal de obstruccionismo ideológico, negligencia e incapacidad moral y política frente a dos emergencias que no esperan: “la criminalidad desbordada y la amenaza climática”. La naturaleza podría azotarnos con una violencia inusitada, mientras que la confrontación política solo contribuiría a agravar sus consecuencias.
¡La delincuencia no espera los acuerdos del Congreso, y las lluvias tampoco esperan el desenlace de sus retorcidas y viles “tácticas políticas”!
¿A qué responde semejante nivel de parálisis? La explicación se encuentra al observar la composición y la calidad ética y moral de la representación parlamentaria.
Podríamos comenzar por el incompetente que preside la Cámara de Diputados. Tras la falta de aprobación oportuna de las facultades solicitadas y las demoras registradas en su propia cámara, habría pretendido responsabilizar públicamente a la bancada minoritaria oficialista por la escandalosa morosidad, pese a que, los plazos ya habían vencido y dicha bancada había rechazado inicialmente el otorgamiento de facultades al Ejecutivo.
Nos encontramos ante un hemiciclo dominado por sectores de izquierda radical y extremista, entre cuyos integrantes se encuentran personas vinculadas al terrorismo y al brazo político que atribuye a este, como el MOVADEF, así como de representantes de las facciones más radicales de agrupaciones como Juntos por el Perú (JP).
A esta confrontación ideológica se suma una grave preocupación por la integridad de la representación parlamentaria. Más del 30% de los congresistas registran en sus hojas de vida sentencias condenatorias firmes o ejecutoriadas por delitos dolosos (peculado, violencia familiar, estafa, omisión de asistencia familiar, entre otros), a lo que se añaden abultadas denuncias policiales, carpetas fiscales abiertas e historiales de condenas extintas.
Esta combinación de sectarismo, extremismo y cuestionamientos éticos constituye una verdadera lacra política, que impide atender las necesidades urgentes del país y de sus ciudadanos. La población observa con absoluta incredulidad e impotencia cómo se reducen sus posibilidades mínimas de seguridad, supervivencia y desarrollo económico, mientras el Ejecutivo permanece limitado en su capacidad para ejecutar medidas de contingencia, pese a que ya habría transcurrido más de dos tercios del plazo solicitado, en medio de un sabotaje legislativo desalmado.
El Perú no puede continuar siendo rehén de esta confrontación política y de las prácticas parlamentarias que socavan la institucionalidad desde dentro y paralizan al Estado frente a sus dos mayores amenazas contemporáneas.
La pregunta que queda flotando en las calles, entre el luto provocado por la extorsión, el desborde de los ríos, el barro de huaicos y las lluvias, es desgarradora: ¿podrá el Perú sobrevivir a este embate de negligencia, desidia e impunidad enquistadas en el Poder Legislativo y Poder Judicial, o terminará consumido por completo por la violencia y la impotencia? ¡
