En el cine las torpezas provocan carcajadas. En la política, cuando están de por medio la gobernabilidad y la estabilidad democrática, terminan pagándolas millones de peruanos.
Hay quienes parecen no terminar de entender que gobernar no consiste solamente en tener buenas intenciones, exhibir disposición al diálogo o confiar en que el paso del tiempo terminará por hacer entrar en razón a quienes han decidido convertir la confrontación en su principal instrumento de acción política.
Y es que, si los más altos dirigentes del fujimorismo, comenzando por el premier Luis Galarreta y siguiendo por su “hermanito menor” Miguel Torres, quien gusta autodenominarse Miki, creen realmente que están frente a una oposición que dentro de cinco o seis meses de interacción congresal habrá adquirido mayor confianza en el Gobierno y, en consecuencia, estará mejor dispuesta al diálogo, no están haciendo sino una demostración de inadmisible candidez política.
Una cosa es apostar por el entendimiento democrático, que resulta indispensable para la gobernabilidad, y otra muy distinta es suponer que todos los actores políticos comparten esa misma voluntad. Confundir ambas cosas no solamente constituye un error de apreciación. Puede terminar convirtiéndose en una peligrosa manera de conducir los destinos del país.
Porque convendría recordarles a Galarreta y Torres que no toda la oposición es igual. Hay sectores con los que se puede discrepar profundamente y, sin embargo, encontrar espacios de entendimiento. Pero también los hay de un tenaz caviaraje, acostumbrado a revestir sus intereses políticos con el lenguaje de la superioridad moral, tanto como expresiones de una izquierda profundamente ideologizada, cuya práctica parlamentaria reproduce aquella vieja lógica de intolerancia y obstruccionismo que caracterizó a las vertientes más radicales del criminal senderismo.
No se trata de afirmar que toda oposición radical sea senderista, ni mucho menos. Se trata de advertir que determinadas prácticas políticas, más allá de las diferencias históricas y de sus protagonistas, terminan coincidiendo en un mismo propósito: debilitar la institucionalidad, desacreditar a quienes ejercen el poder y hacer de la confrontación permanente una forma de acción política.
¿De verdad creen Galarreta y Torres que quienes han encontrado en la obstrucción una manera de hacer política van a renunciar a ella simplemente porque transcurran cinco o seis meses de interacción congresal? ¿Suponen acaso que la confianza en el Gobierno habrá de surgir espontáneamente entre quienes han hecho de su debilitamiento una de sus principales banderas?
La política exige bastante más que semejante optimismo.
Y es precisamente en ese escenario donde errores garrafales, como el cometido en la conducción del Senado respecto del tratamiento de la norma que otorga facultades legislativas al Ejecutivo, adquieren una dimensión que no puede ser minimizada, ni tampoco resuelta con una fe de erratas.
Porque cuando la institucionalidad se encuentra sometida a una permanente confrontación, las equivocaciones de quienes tienen la responsabilidad de conducirla no son asuntos menores. Se convierten en oportunidades que una oposición decidida a desgastar al Gobierno difícilmente dejará pasar.
Lo ocurrido en el Senado, más allá de las responsabilidades que corresponda establecer, pone nuevamente en evidencia una cuestión elemental: no basta con conocer la Constitución, dominar el reglamento parlamentario o contar con una mayoría circunstancial. Hay que tener criterio político para conducir situaciones complejas sin terminar proporcionando argumentos a quienes esperan cualquier yerro para convertirlo en un nuevo frente de confrontación.
Y esto resulta particularmente preocupante porque no estamos hablando de dirigentes recién llegados a la política. Galarreta y Torres tienen suficientes años de experiencia como para saber que las buenas intenciones no neutralizan el obstruccionismo, que las concesiones no necesariamente producen reciprocidad y que el diálogo, para ser verdaderamente fructífero, requiere interlocutores dispuestos a reconocer reglas y límites.
Nadie puede cuestionar que el Gobierno busque entendimientos. Por el contrario, es su obligación hacerlo. Pero una cosa es mantener abiertas las puertas del diálogo y otra, bastante distinta, permanecer esperando que quienes no tienen mayor interés en cruzarlas terminen haciéndolo por una suerte de iluminación democrática.
Mientras tanto, cada desacierto en el Congreso, cada contradicción entre los propios dirigentes oficialistas y cada muestra de improvisación termina alimentando precisamente aquello que dicen querer evitar: la desconfianza, el enfrentamiento y el progresivo deterioro de la institucionalidad.
Lo verdaderamente grave es que, en esa dinámica, no solamente pierde el Gobierno. Pierde también el país, que necesita estabilidad, decisiones oportunas y autoridades capaces de comprender que el ejercicio del poder exige tanto serenidad como firmeza.
La firmeza no significa autoritarismo, como tampoco el diálogo puede confundirse con debilidad. Gobernar democráticamente exige saber distinguir entre quienes discrepan legítimamente y quienes utilizan los espacios democráticos para hacer imposible cualquier entendimiento.
Por eso resulta difícil comprender que dirigentes con la trayectoria de Galarreta y Torres parezcan depositar tantas esperanzas en el simple transcurso del tiempo, mientras las equivocaciones políticas del propio oficialismo van proporcionando nuevas municiones a sus adversarios.
El problema no es que exista una oposición dura. Eso forma parte de la democracia. El problema comienza cuando quienes tienen la responsabilidad de gobernar no alcanzan a comprender la naturaleza de la confrontación que arrostran y, peor todavía, contribuyen con sus propios errores a fortalecerla.
A estas alturas, el fujimorismo debería haber aprendido que una mayoría electoral no garantiza gobernabilidad y que esta tampoco se construye solamente con llamados a la buena voluntad. Se construye con conducción política, inteligencia, capacidad de anticipación y, sobre todo, con una clara comprensión de los intereses y estrategias que se mueven al otro lado de la mesa.
Si Galarreta y Torres no son capaces de entenderlo, terminarán representando, sin proponérselo, una versión bastante lamentable de aquella conocida comedia titulada El tonto y el más tonto.
Con una diferencia que no es poca cosa: en el cine las torpezas provocan carcajadas. En la política, cuando están de por medio la gobernabilidad y la estabilidad democrática, terminan pagándolas millones de peruanos.
Y el Perú, después de tantos años de crisis, no está para seguir pagando las consecuencias de la ingenuidad de quienes tienen la obligación de gobernar.
