Ahora que el canciller Carlos Espá ha viajado a Moscú, debemos recordar que en ese país se encuentran de 400 a 600 peruanos sirviendo en las fuerzas armadas que combaten en Ucrania, territorio que invadieron el 22 de febrero del 2022.
Lo hicieron alevosamente, lanzando misiles contra escuelas, hospitales, viviendas, reservorios de agua y alimentos. Fue un ataque brutal, despiadado, que provocó la condena de la Corte Penal Internacional, que calificó esas acciones bélicas como «crímenes de guerra» y dispuso el arresto de Vladimir Putin.
Una opinión similar sobre la barbarie, la compartieron Amnistía Internacional y Human Rights Watch, agregando que también atacaron indiscriminadamente áreas civiles y centros médicos, incluido el lanzamiento del misil balístico 9M79 Tochka, cargado de bombas de racimo, que destruyeron un hospital en Vuhledar, Donetsk, al sureste de Ucrania, así como otros ataques similares a un jardín de infantes y un orfanato.
Además, ni un solo compatriota debería haberse alistado en el ejército ruso porque existen dos barreras que impiden hacerlo.
La primera, nuestra Constitución, que en el artículo 118, numeral 23, establece que solo el presidente de la República puede autorizar a los peruanos servir en un ejército extranjero, consentimiento que no ha sido otorgado. Y, en segundo lugar, porque lo prohíbe la Convención de Naciones Unidas contra el Reclutamiento, la Utilización, Financiación y Entrenamiento de Mercenarios, norma establecida en la Asamblea General de la ONU mediante resolución 44-43 del 4 de diciembre de 1989.
El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS ) calcula que han muerto 450 mil soldados rusos y sumando heridos y desaparecidos la cifra rebasa 1.4 millones . La misma fuente estima entre 125 mil a 150 mil ucranianos fallecidos, aparte de 600 mil bajas, entre lesionados y no ubicados.
Según las agencias de la ONU (ACNUR y OIM) la tragedia es mayor considerando 9.6 millones de habitantes desplazados de sus hogares, cifra que equivale al 22% de la población de Ucrania.
En su momento, nuestra Cancillería protestó ante esos hechos ilegales, que, sin embargo, continúan. Así lo recordó un familiar de las víctimas advirtiendo que «hay 150 cuerpos de peruanos pudriéndose en una morgue de Rostov, en Rusia».
Esta agresión ha provocado que Ucrania pierda dos billones de euros y la ONU, la Comunidad Europea y el Banco Mundial estiman que el costo de la reconstrucción sería de 550 mil millones de euros.
Mientras el presidente norteamericano Donald Trump se hace el desentendido de la agresión, la ONG rusa Memorial, ganadora del Premio Nobel de La Paz, no vaciló en calificar la invasión ordenada por Putin como «insensata y criminal».
El ministro Espá debe conducirse con celo, prudencia y ponderación en el periplo que ha emprendido, pero es su deber pedir explicaciones sobre el reclutamiento ilegal de compatriotas para llevarlos a la guerra, exigiendo sanciones a los responsables de esos actos.
