La futilidad, la novelería y el protagonismo está haciendo sufrir al país de una confusión que impide encontrar el horizonte para resolver problemas tan graves, percibidos por la población. El facilismo de políticos, supuestos analistas, especialistas, contagiando a una prensa superficial; a gritos pedían una solución similar al presidente de El Salvador Nayib Armando Bukele Ortez.
El Salvador, tiene territorialmente 21 041 km², y 6.39 millones de habitantes equivalente la población de 3 Departamentos del Perú, la de Piura, La Libertad y Arequipa; pero con un área geográfica igual al de Ica 21 327,83 km²; con salida y puertos en el Océano Pacífico.
El Salvador en relación a su población tiene 40,000 efectivos policiales, es decir 1 policía cada 160 habitantes aproximadamente, y nosotros con 35 millones tenemos 135,297 efectivos policiales, es decir 1 policía cada 259 habitantes aproximadamente; siendo notoria en comparación, arrojando un enorme déficit de seguridad ciudadana.A ello hay que sumar un Congreso ecuánime sin corrupción, y un Poder Judicial sólido y oportuno.
Con este mínimo comentario, podemos entender que los copiones nacionales del modo Bukele no tiene ninguna alternativa real para aplicarla en el país, la receta muy complicada por la cantidad de población, territorio muy grande ocupando el tercer puesto en Sudamérica detrás de Brasil y Argentina; con una geografía de las más complicada del mundo, con costumbres y tradiciones distintas de nuestra población; lo que hace casi imposible vigilancia policial por los medios comunes que se usan.
Esta nota no pretende señalar ninguna sugerencia, más que ligeras opiniones para que la población y los entendidos puedan verter las sugerencias adecuadas.
Lo que si no podemos dejar pasar por alto, es la Legislación diseñada por una esquizofrenia política, basta para ejemplo la famosa “Ley Soto” que recorto a un año la prescripción de los procesos penales en mano de la Fiscalía, luego la Corte Suprema en un Plenario la declararon inaplicable por inconstitucional.
Sin embargo, de los 3,600 Jueces Ordinarios y 8,412 Fiscales, algunos acataron el Plenario, mientras otros aplicaron la Ley Soto; para colmo de males de esta locura Legislativa, el Congreso cuenta con opiniones para derogar esta nefasta Ley, pero a su vez el Tribunal Constitucional, días antes, hizo conocer que dicha norma tenía vigencia constitucional, con un agregado que si es cierto de que la inactividad fiscal duraba hasta 10 o 15 años, con grave perjuicio a los Derechos Humanos de la ciudadanía.
Próximamente, comentaremos como el Congreso de la República, legisló la llamada «Ley Soto», fue impulsada y promulgada en un contexto que benefició al entonces presidente del Congreso, y a otros políticos y personajes investigados, permitiendo que varios procesos penales quedaran archivados por prescripción
Finalmente, si la clase gobernante quiere enmendar este caos, deben ponerse de acuerdo para que en un mínimo tiempo se realice el proceso de consolidación del espectro normativo peruano, fijando Leyes claras en la Administración de Justicia, donde no escape como el memorable congresista Soto, la justicia que necesita el país.
