Al final, como siempre, será el Tribunal Constitucional quien aclare todos estos entuertos. Entuertos, reitero, promovidos por organismos electorales bajo la dirección de personas incapaces, carentes de probidad
La conducta de los organismos electorales a lo largo del 2026 será recordada en la historia republicana como la más mediocre, desastrosa y hasta malintencionada, solo comparable a la etapa oscura de los “papelito manda” y las visitas inopinadas de los magistrados del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a la salita del Servicio de Inteligencia, a fines de los años 90. Creímos ingenuamente que todo se había limitado a la incompetencia punible de Piero Corvetto (cuyos juicios abiertos son mantenidos lejos de los reflectores por sus amigos del consorcio político-mediático-judicial, de la misma forma que lo han hecho con la corrupta confesa Susana Villarán) durante la primera vuelta de las elecciones generales, pero la podredumbre, en realidad, tenía raíces más profundas.
Tanto la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) como el JNE han tocado el sótano de la desorganización, precariedad y falta de criterio administrativo para garantizarnos comicios regionales y municipales mínimamente creíbles y transparentes. La demora en el conteo de votos y procesamiento de las actas es infame, sobre todo cuando vemos que otras naciones latinoamericanas donde simultáneamente los ciudadanos han ido a sufragar conocieron los resultados en un lapso no mayor a una semana. ¿Qué maldición logística ha caído sobre la ONPE para explicar tanta lentitud y dilación?
Y el JNE ha dado esta semana una sonora bofetada a la razón y a la buena fe de los votantes resolviendo extemporáneamente lo de la “reelección encubierta” (alcaldes en ejercicio que postularon como primeros regidores en listas donde los aspirantes al mismo cargo renunciaron a fin de permitirles a los anteriores encabezar dichas listas), pese a que casi todo el país le pedía definirse antes de concurrir a las urnas.
Un desastre que estuvo precedido por aceptar que el senador electo y exalcalde de Lima Rafael López Aliaga no jure la función parlamentaria. También por admitir la participación de López Aliaga en el debate público con otros candidatos a burgomaestres, lo cual daba un reconocimiento tácito a la posibilidad de que retorne al sillón de Nicolás de Ribera el Viejo.
La decisión en última instancia del JNE de no entregar credenciales de alcalde a López Aliaga ni a más de una docena de candidatos en la misma condición se ha extendido a declarar imposible que se produzca la transferencia del cargo vía sucesión, sea por renuncia, pedido de licencia o vacancia del titular (en el caso de Lima, esta es la regidora Jeanette Alonzo de Renovación Popular). Pero hay dos aspectos por observar: uno es que López Aliaga renunció a la alcaldía a fines del 2025 para aspirar a la presidencia de la República y al Senado, y el JNE le entregó credencial de burgomaestre a Renzo Reggiardo. ¿Existe la figura de la reelección inmediata?
Y dos es que la soberanía del concejo edil puede enmendar el criterio limitante de impedir como sea el procedimiento de la sucesión. Al final, como siempre, será el Tribunal Constitucional quien aclare todos estos entuertos. Entuertos, reitero, promovidos por organismos electorales bajo la dirección de personas incapaces, carentes de probidad
