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OPINIÓN/ Cuando llueve, todos somos inocentes

Escribe: Julio César Villafuerte

 

En el Perú, cuando llueve, ocurre un milagro: todos somos inocentes. La culpa es de El Niño, de la ciencia o del gobierno. ¡Qué fácil resulta culpar al cielo cuando olvidamos lo que hicimos en la tierra!

La costumbre se hace ley

Basta con que un río no se desborde durante cinco o diez años para que aparezcan cultivos, viviendas, caminos, negocios y servicios públicos. La ocupación se normaliza y lo provisional termina pareciendo un derecho adquirido. Hasta que vuelve el río.

Entonces escuchamos: ¡El agua invadió nuestras propiedades! Pero ¿quién ocupó primero el espacio natural de quién?

Los ríos no solamente tienen cauces habituales. Durante sus crecidas pueden ocupar llanuras de inundación. No toda actividad en estas áreas es ilegal, pero ignorar sus peligros puede resultar desastroso.

Chosica, con sus huaicos de 1987 y 2015; Ica, con las inundaciones de 1998; Catacaos, con el desborde del río Piura en 2017; y Trujillo, con la activación de la quebrada San Ildefonso ese mismo año, ofrecen lecciones que no deberían olvidarse.

Sin embargo, la memoria colectiva parece tener una duración menor que nuestros periodos de gobierno.

Ricos, pobres y el negocio del riesgo

Una familia pobre ocupa una zona peligrosa porque carece de alternativas. Un pequeño agricultor puede sembrar cerca del río porque necesita sobrevivir. Sus circunstancias merecen comprensión y pero debe haber soluciones.

Pero existen propietarios, comerciantes, empresarios e inversionistas que conocen los peligros y disponen de recursos para prevenirlos. También hay muchos que pueden encontrar oportunidades económicas en terrenos baratos, ocupaciones informales o actividades desarrolladas sin las precauciones necesarias.

La diferencia es fundamental: una cosa es asumir riesgos por necesidad y otra aprovechar conscientemente para obtener beneficios. Esa brecha es el truco de la informalidad.

El problema se agrava cuando las ganancias son privadas, pero las pérdidas terminan trasladándose a toda la sociedad mediante reconstrucciones, obras de emergencia y recursos públicos.

El Estado debe proteger vidas sin discriminación. Sin embargo, proteger a las personas no significa garantizar indefinidamente inversiones realizadas incumpliendo las normas.

¿Y si pagamos impuestos?

Otra curiosidad nacional consiste en creer que pagar impuesto predial, recibir electricidad o disponer de agua potable convierte automáticamente un terreno en seguro.

Ningún recibo modifica el cauce de un río. Tampoco el pago de tributos legaliza una ocupación irregular.

Pero corresponde preguntar: ¿Qué hicieron y que les hicieron a las autoridades que conocían esos peligros, permitieron nuevas ocupaciones o no fiscalizaron adecuadamente?

La responsabilidad no desaparece porque una oficina cobre impuestos mientras otra debería impedir construcciones peligrosas.

La bola de nieve de la informalidad

Aquí comienza uno de nuestros problemas más graves.

Primero alguien ocupa un terreno prohibido. Después llega otro. Aparecen cultivos, viviendas, negocios y conexiones de servicios. Transcurren cinco o diez años sin inundaciones y la ocupación se consolida.

Cuando llega una crecida, se exige protección, reconstrucción y nuevas inversiones públicas.

Mientras tanto, el ciudadano que respetó las normas compró un terreno seguro, contrató estudios o renunció a una inversión riesgosa observa lo sucedido y pregunta: ¿Y por qué yo no?

Así comienza una peligrosa bola de nieve. La informalidad atrae más informalidad, el incumplimiento se normaliza y las autoridades encuentran cada vez mayores dificultades para recuperar el orden.

 

La impunidad no solamente beneficia a quien incumple; también desanima a quien cumple.

Y cuando la excepción se convierte en costumbre, hacer respetar las normas termina pareciendo una injusticia.

Cuando la emergencia borra las responsabilidades

Cada temporada lluviosa concentra nuestra atención en las precipitaciones, los desbordes, los pronósticos y las declaraciones de emergencia.

Pero ¿quién vendió terrenos peligrosos? ¿Quién autorizó construcciones? ¿Quién permitió ocupaciones irregulares? ¿Quién obtuvo beneficios? ¿Se investigaron posibles delitos o actos de corrupción?

No toda irregularidad constituye un delito, pero las denuncias sustentadas deben investigarse y sancionarse.

Las lluvias no deberían servir para olvidar expedientes, incumplimientos ni responsabilidades.

La estación de Lluvias y sus moduladores como El Niño puede explicar determinadas condiciones meteorológicas. No puede justificar la informalidad, la negligencia ni la corrupción.

Cuatro prioridades para cambiar esta historia

Primera: conocer y respetar el territorio a nivel de región y municipios. Delimitar cauces, fajas marginales y zonas inundables con tecnología. Publicar mapas accesibles e impedir nuevas ocupaciones incompatibles con la seguridad.

Segunda: hacer que cumplir las normas valga la pena. Fiscalizar ocupaciones y negocios irregulares, investigar responsabilidades y ofrecer alternativas reales a familias en riesgo no mitigable. Evitar que incumplir resulte más conveniente que respetar la ley.

Tercera: proteger la infraestructura y anticipar impactos a niveles regional y local. Fortalecer redes meteorológicas e hidrológicas regionales, drenajes, saneamiento, carreteras y puentes. Convertir los pronósticos en decisiones preventivas.

Cuarta: impedir que cada verano borre el anterior. Mantener planes, presupuestos, fiscalización e investigaciones aunque cambien las autoridades. Reconstruir sin corregir las causas solamente prepara el siguiente desastre.

Una disculpa necesaria

Quizás estas palabras resulten duras para quienes perdieron viviendas, cultivos o pertenencias. Corresponde ofrecer disculpas si esta reflexión hiere sensibilidades. No pretendo responsabilizar indiscriminadamente a quienes sufren por necesidad o falta de alternativas.

Pero guardar silencio tampoco ayuda. Reconocer nuestros errores no significa abandonar a las víctimas; significa evitar que mañana tengamos nuevas víctimas.

La ciencia debe advertir. El gobierno en sus tres niveles debe planificar, fiscalizar y proteger. Los ciudadanos y empresas también deben asumir sus responsabilidades.

Porque un país comienza a perder la batalla contra los desastres cuando quien cumple las normas se siente perjudicado y quien las incumple descubre que otros asumirán las consecuencias.

El río puede desbordarse cada cinco o diez años. La informalidad, en cambio, puede crecer todos los días.

Y mientras seguimos culpando al cielo, algunos continúan construyendo las condiciones del próximo desastre.

Después llega la lluvia, aparece El Niño u otro modulador del sistema climático, se buscan culpables y, milagrosamente, todos somos inocentes.

La naturaleza no necesita nuestras disculpas. Las próximas generaciones necesitan que aprendamos de nuestros errores. Digo yo.

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