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OPINIÓN/ Las máscaras de la violencia

Escribe: César David Gallo Lale

Teniente General FAP

 

Un Estado que renuncia a ejercer legítimamente su autoridad abandona a sus ciudadanos a merced de quienes sí están dispuestos a ejercer la violencia sin límites.

La violencia que hoy amenaza al Perú no tiene una sola manifestación ni utiliza siempre las mismas armas. Algunas veces empuña pistolas, ejecuta secuestros, extorsiona, asesina y siembra el terror en las calles. Otras veces se disfraza de reivindicación social, se ampara en discursos ideológicos, se protege detrás de supuestos principios democráticos y utiliza las propias instituciones del Estado para impedir que este ejerza su obligación fundamental: proteger la vida, la libertad y la seguridad de sus ciudadanos.

Una de las formas más peligrosas de encubrir la violencia es mediante una trampa semántica: cambiar el significado de las palabras para alterar la naturaleza de los hechos. Así, la violencia de quienes incendian, destruyen, amenazan, secuestran o atentan contra la propiedad y la integridad de las personas termina presentada como una reacción frente a una supuesta violencia estructural del Estado. El delincuente se convierte en víctima, el agresor en reivindicador y la autoridad que intenta restablecer el orden en responsable de la violencia.

Esta manipulación del lenguaje no es inocente. Es una estrategia política que permite relativizar la responsabilidad de quienes ejercen la violencia y trasladarla a quienes tienen el deber constitucional de combatirla.

En el Perú estamos asistiendo a una peligrosa reproducción de este fenómeno. Cada vez que el Gobierno intenta aprobar medidas para enfrentar la criminalidad organizada, el sicariato, la extorsión, los secuestros y las redes transnacionales del delito, aparecen sectores políticos que cuestionan, obstaculizan o desnaturalizan esas iniciativas, invocando supuestas amenazas a los derechos fundamentales, sin ofrecer necesariamente alternativas eficaces para proteger a los millones de peruanos que viven sometidos al miedo.

Particularmente preocupante resulta la conducta de quienes, desde organizaciones como Juntos por el Perú, y bajo el liderazgo político de figuras como “Odiadores Iver Maravi o Roberto Sánchez” y quienes comparten esa orientación, pretenden convertir la fiscalización parlamentaria en una resistencia sistemática frente a las medidas de seguridad. La crítica y el control político son legítimos y necesarios en democracia; lo que no puede admitirse es que se utilicen como mecanismos de obstrucción permanente cuando está en juego la vida de los ciudadanos, o para generar caos y conflictos.

Una segunda mentira consiste en presentar la violencia como una consecuencia inevitable de la desigualdad social.

Por supuesto que existen pobreza, exclusión, discriminación y carencias que deben ser atendidas por cualquier Gobierno responsable. Pero ninguna de esas circunstancias convierte el secuestro, la extorsión, el asesinato o el sicariato en expresiones legítimas de reivindicación social. La pobreza no concede licencia para delinquir, la desigualdad no justifica asesinar y ninguna injusticia social otorga derecho a someter a otros seres humanos mediante el terror.

Confundir los problemas sociales con la criminalidad organizada es una perversión conceptual que termina favoreciendo precisamente a quienes se aprovechan de las debilidades del Estado. Una cosa es combatir las causas sociales de la delincuencia y otra, completamente distinta, renunciar a perseguir y sancionar a quienes destruyen vidas.

Una tercera mentira consiste en afirmar que la violencia forma parte de la naturaleza de los pueblos y que, por tanto, resulta inútil pretender erradicarla mediante la autoridad y la ley.

Es cierto que los conflictos han acompañado a la humanidad a lo largo de su historia. Pero de esa constatación no se desprende que debamos aceptarlos ni mucho menos legitimarlos. La civilización consiste precisamente en establecer normas, instituciones y límites para impedir que la fuerza sustituya al derecho.

El Estado no existe para contemplar impotente cómo los más violentos imponen su voluntad sobre los más débiles.

Existe para garantizar que nadie tenga que vivir sometido a la amenaza de una organización criminal, una banda de sicarios o una estructura terrorista.

Resulta particularmente grave que quienes deberían comprender esta obligación constitucional pretendan deslegitimar, de manera anticipada y sistemática, cualquier instrumento legal destinado a recuperar el orden público.

Una cuarta falacia es utilizar la democracia como escudo para quienes trabajan contra sus propios fundamentos.

La democracia garantiza la libertad de expresión, la discrepancia, la organización política y la fiscalización del poder. Pero no significa impunidad, ni concede privilegios para destruir las instituciones desde dentro. Tampoco convierte cualquier protesta en un acto legítimo, ni transforma automáticamente en víctima a quien vulnera los derechos de los demás.

El Congreso de la República no puede convertirse en una trinchera ideológica desde la cual se paralicen las respuestas del Estado frente a una emergencia nacional de seguridad.

El Senado y la Cámara de Diputados tienen responsabilidades que trascienden las disputas partidarias. Cuando la criminalidad avanza y las familias entierran a sus muertos, la obstrucción injustificada deja de ser una simple discrepancia política y adquiere una dimensión de responsabilidad pública que debe ser examinada.

En este contexto, la conducta de los medios de comunicación tampoco puede quedar al margen del análisis. La libertad de prensa es indispensable, pero no debe confundirse con la manipulación de los hechos. Cuando se presenta al delincuente exclusivamente como producto de sus circunstancias, se silencian los derechos de sus víctimas o se califica toda acción policial como represión, se contribuye a distorsionar la realidad. La prensa tiene el deber de fiscalizar al poder, pero también el de informar sin convertir la propaganda ideológica en sustituto de la verdad.

Una quinta mentira, quizá la más peligrosa, consiste en relativizar el terrorismo y sus consecuencias históricas.

El Perú conoce demasiado bien el precio de esa equivocación. Durante décadas, Sendero Luminoso y el MRTA sembraron muerte, destrucción y miedo en nuestro territorio. Miles de peruanos fueron asesinados, secuestrados, torturados y desaparecidos. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional combatieron esa amenaza, muchas veces pagando un precio humano extraordinario.

Hoy, cuando el país enfrenta nuevas modalidades de criminalidad organizada, sicariato, secuestro y extorsión, y terrorismo urbano, no podemos permitir que se confundan las legítimas garantías judiciales con la desprotección del Estado, ni que se utilice la memoria histórica para desacreditar indiscriminadamente a quienes defienden el orden constitucional.

También corresponde examinar con rigor los antecedentes y las actuaciones de quienes ocupan cargos de representación pública, incluidos aquellos que tuvieron vinculaciones comprobadas con organizaciones terroristas. La ley debe aplicarse sin privilegios, pero también sin condenas basadas únicamente en sospechas, filiaciones ideológicas o imputaciones políticas. La historia y la justicia exigen verdad, pruebas y responsabilidades individuales.

Del mismo modo, resulta indispensable recuperar la credibilidad del sistema judicial. Las decisiones de jueces y fiscales deben responder a la Constitución, a la ley y a las pruebas, no a simpatías ideológicas ni a prejuicios contra quienes combatieron el terrorismo. Cualquier indicio de parcialidad, encubrimiento o actuación contraria a derecho debe investigarse y sancionarse con los procedimientos correspondientes.

La justicia no puede convertirse en refugio de intereses políticos ni en instrumento de persecución.

Finalmente, hay que comprender que la violencia no necesita conquistar el poder para destruir una democracia. Le basta con conseguir que la sociedad se acostumbre a ella, que las instituciones pierdan autoridad, que los ciudadanos desconfíen de la ley y que quienes deben combatirla terminen paralizados por el temor a ejercer sus propias atribuciones.

Ese es precisamente el peligro que enfrenta el Perú. No podemos aceptar que el secuestro sea considerado una consecuencia social, que el sicariato se convierta en una estadística cotidiana, que la extorsión sea asumida como un costo inevitable de trabajar y producir, o que el terrorismo urbano encuentre justificaciones políticas y jurídicas para expandirse.

La democracia permite todas las ideas, todas las discrepancias y todas las formas legítimas de participación política, pero no puede garantizar impunidad a quienes pretenden imponer sus objetivos mediante la violencia.

La autoridad no es autoritarismo; la aplicación de la ley no es persecución; la defensa del ciudadano no es represión.

Un Estado que renuncia a ejercer legítimamente su autoridad abandona a sus ciudadanos a merced de quienes sí están dispuestos a ejercer la violencia sin límites.

Y cuando eso ocurre, la democracia conserva sus discursos, sus ceremonias y sus instituciones, pero comienza a perder aquello que le da sentido: la capacidad de garantizar que los ciudadanos puedan vivir libres, seguros y sometidos únicamente al imperio de la ley.

“No se puede permitir más máscaras de violencia en el Perú. Es necesario que el Estado haga algo ahora, sino será demasiado tarde”.

¡COMUNISMO Y TERRORISMO NUNCA MAS EN EL PERU!

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