EXISTEN LAS GARANTÍAS DE LA JUSTICIA

Escribe: María del Pilar Tello

 

No son los medios los que deben definir la responsabilidad penal de ningún imputado. La denuncia o imputación no implica culpabilidad desde que existe la presunción constitucional de inocencia. 

 

Las disputas de poder internas en las altas instituciones de la justicia colisionan con la defensa y el respeto de la constitucionalidad. Su debilitamiento y manipulación lesiona la democracia y la imagen que exportamos al mundo. Están en peligro la estabilidad política y económica y ninguna seguridad ni confianza jurídica será posible sin respeto a la ley. Las instituciones jurisdiccionales no pueden ser espacios donde se diriman controversias ni conflictos políticos ni se exprese la indeseable politización de la justicia.

Toca al Congreso defender la constitucionalidad y los derechos fundamentales, priorizar el diálogo político y rechazar toda manipulación, prepotencia e irrespeto de las garantías constitucionales como son el debido proceso, la tutela jurisdiccional, la defensa procesal y la presunción de inocencia.  Se trata de impedir situaciones de indefensión como está sucediendo con la Fiscal de la Nación Patricia Benavides que enfrenta una gran campaña de demolición mediática como sucedió anteriormente con el fiscal Gonzalo Chávarry y con el presidente constitucional Manuel Merino de Lama, cuando las condenas primigenias vinieron de la televisión que definió posiciones.

El uso correcto de la libertad de expresión tiene como correlato la responsabilidad de los contenidos que se difunden a su amparo. No son los medios los que deben definir la responsabilidad penal de ningún imputado. La denuncia o imputación no implica culpabilidad desde que existe la presunción constitucional de inocencia.

El interés por la noticia puede llegar al sensacionalismo que no tiene en cuenta que nadie puede ser sentenciado si no se actúa pruebas dentro del debido proceso. La denuncia contra Patricia Benavides está en investigación preliminar, etapa en la que no existen delitos probados. No puede haber separaciones, suspensiones, destituciones o sentencias aceleradas o arbitrarias, sin derecho a la defensa. Se impone la prudencia.