La Tercera Sala Constitucional de Lima revocó la resolución que declaró nula el mandato de prisión preventiva por 30 meses contra José Nenil Medina Guerrero, exalcalde de Anguía, Cajamarca, en el marco de la investigación por presunta organización criminal.
es procesado por los presuntos delitos de organización criminal, colusión agravada y lavado de activos.
“Se ordena retrotraer el procedimiento del Expediente Nº 319-2022- 11-5001-JR-PE-08 al momento de la presentación del requerimiento fiscal de prisión preventiva del favorecido José Nenil Medina Guerrero, y se proceda a llevar a cabo la audiencia y se resuelva lo correspondiente”, señala la resolución.
La sala emitió este pronunciamiento ante el pedido de apelación presentado por la Procuraduría del Poder Judicial contra la decisión que declaró nula la prisión preventiva dictada por el Tercer Juzgado de Investigación Preparatorio Nacional.
La defensa del exalcalde de Anguía, investigado junto a la cuñada del expresidente Pedro Castillo, alegó que hubo una transgresión al derecho a la debida motivación de la detención preventiva, que no se ha hecho una real valoración de los delitos imputados y que no se han valorado en forma adecuada los descargos ante las imputaciones.
La Sala precisa que si bien observa que hay una debida motivación en la resolución que ordena la prisión preventiva y que la revisión de los presupuestos legales por tratarse de una medida que afecta la libertad personal, es competencia de la justicia penal y no constitucional.
«La Sala deja constancia que su pronunciamiento se circunscribe únicamente a la verificación de la existencia de la motivación fáctica y jurídica en las cuestionadas resoluciones judiciales penales, sin que ello suponga entrar al análisis de la valoración probatoria y el razonamiento allí contenidos, ya que tales circunstancias no pueden ser materia de discusión en la presente vía constitucional«, refiere.
José Nenil Medina Guerrero es procesado por los presuntos delitos de organización criminal, colusión agravada y lavado de activos.
El Ministerio Público le atribuye ser “operador”de la red criminal liderada por el expresidente Pedro Castillo, que habría concertado con algunas autoridades locales para destinar presupuestos para la ejecución de obras en Cajamarca, a través del Ministerio de Vivienda.
