PERÚ DEBE CONTROLAR EL DÉFICIT FISCAL

El país empezó el año con la extraordinaria noticia de que las políticas del Banco Central de Reserva habían logrado controlar la inflación y que, de una u otra manera, este fenómeno –que amenaza a los sectores más vulnerables del país– estaba bajo control. Sin embargo, enseguida se conoció una noticia devastadora: luego de tres décadas de disciplina fiscal, es decir de un manejo prolijo de los gastos con respecto a los ingresos del Estado, la economía no podía cumplir las metas de reducción del déficit. El año pasado el hueco fiscal había sumado 2.8% del PBI, no obstante que se había proyectado 2.4% del PBI. Si no se hubiese desarrollado la extraña operación financiera de adelantar las utilidades del Banco de la Nación el déficit pudo haber sumado 2.9% del PBI.

Luego de la victoria del BCR sobre la inflación

El déficit, pues, está descontrolado luego de tres décadas en que el Perú se convirtió en ejemplo mundial en el manejo de esta variable. Algunos señalan que el descontrol del déficit se explica por la caída de los ingresos tributarios en más de 10%. Sin embargo, la caída de la recaudación y el aumento del déficit lo único que revelan es que las cosas no andan bien por el Ministerio de Economía y Finanzas.

En cualquier caso, el 2024 se convertirá en la prueba de fuego para el gobierno de Dina Boluarte porque la meta de reducción fiscal planteada es del 2% del PBI. Si las cosas siguen fuera de control el Perú estará a punto de perder los grados de inversión conseguidos en las últimas tres décadas luego de uno de los ajustes económicos más dolorosos de la región. A inicios de los noventa el Perú decidió cerrar ese círculo vicioso de déficit e inflación que nos arrojó a una de las hiperinflaciones más aterradoras de la historia.

Hoy, en algunos sectores del gobierno de Dina Boluarte, quizá cegados por la ideología colectivista, se parece haber olvidado la relación entre el déficit, la hiperinflación y el aumento de la pobreza. Una de las causas de la pérdida del control del déficit tiene que ver con los sucesivos reflotamientos de Petroperú. En el 2022 se sumó un rescate financiero de US$ 2,500 millones, y se proyecta otro de US$ 3,500 millones. Y si a estas cifras le sumamos que la modernización de la refinería de Talara ha generado una deuda de US$ 8,000 millones, entonces tenemos una de las explicaciones de que el Perú esté perdiendo la guerra contra el déficit fiscal, que suelen alimentar los estatismos y los populismos.

Detrás de los irresponsables reflotamientos de Petroperú, una empresa quebrada, de alguna manera está la ideología y el programa de Perú Libre, que proponía la nacionalización de la política petrolera y de los recursos naturales. Paradójicamente, luego del fracaso del golpe de Pedro Castillo y del eje bolivariano, el programa de nacionalización del petróleo se implementa porque, incluso, a la petrolera estatal se le entregan lotes petroleros de manera directa y sin compromisos de inversión.

El Perú necesita, pues, reaccionar en contra de la ola estatista que proviene de un sector del gobierno de Boluarte, que considera que el Estado y sus empresas son los principales agentes de redistribución de riqueza y que lleva a ignorar el grave problema que representa un déficit fiscal sin control. En ese sentido, no solo se debe detener el reflotamiento de una empresa estatal quebrada, sino que se debe comenzar a pensar en cómo reducir el tamaño del Estado, que consume cerca de un tercio del PBI nacional, que sobrepasa los US$ 220,000 millones.

El presidente Javier Milei en Argentina redujo los ministerios de 19 a solo 9 y dejó en claro que la reducción del gasto estatal es posible cuando se trata de ajustar la economía. De alguna manera, el enorme Estado que ha construido el progresismo en las últimas décadas está organizando la necesidad de un nuevo ajuste; no traumático, pero un ajuste necesario.

TOMADO DE: El Montonero