Más allá de la recesión del año pasado y más allá también de que la pobreza se haya incrementado en 10% desde la pandemia y de la llegada de Pedro Castillo y las izquierdas al poder ( se acerca al 30% de la población), es evidente que el Perú sigue siendo una sociedad de ingreso medio, con un ingreso per cápita sobre los US$ 6,500. Sin embargo, una de las cosas que sorprende a cualquier observador internacional es el nivel de informalidad, de sociedades extralegales y economías ilegales, que no se condice con una economía de ingreso medio.
Sobrerregulaciones y más Estado para proteger derechos declarativos
Las cifras van y vienen sobre cuánta informalidad existe en el país. No obstante, en términos gruesos se puede hablar de que la economía y la sociedad tienen más de 60% de informalidad, que en el mundo del trabajo la informalidad sobrepasa el 75% y que en algunas regiones con alta pobreza (Cajamarca, Puno, Huánuco, Ayacucho, con más de 40% de pobreza) la informalidad puede sobrepasar el 80% de la sociedad. ¿Por qué el Perú, entonces, se ha convertido en un foco de informalidad en la región?
A nuestro entender en el país, en las últimas tres décadas, se ha ensayado un nuevo modelo anticapitalista que tiene la sagacidad de no oponerse directa y frontalmente a la economía de mercado. Es un modelo lento, gradual, a diferencia de la estrategia bolchevique del asalto al poder y las inmediatas nacionalizaciones, colectivizaciones y expropiaciones. ¿A qué nos referimos? A las sobrerregulaciones que se han multiplicado en el Estado, en el gobierno central, en los gobiernos regionales y municipios. La floresta de procedimientos y sobrerregulaciones se han incrementado exponencialmente, a tal punto que los criterios desreguladores de la Constitución de 1993 y los 22 tratados de libre comercio se han convertido en letra muerta.
Cualquiera sea el sector a analizar las sobrerregulaciones ahogan la inversión privada, los mercados, el crecimiento, y la generación de empleo. El potencial minero en el Perú se ha detenido por la violencia de los radicalismos antimineros es verdad, pero mucho tienen que ver las sobrerregulaciones que simplemente anulan las posibilidades de exploración y explotación de nuestros recursos naturales.
¿Por qué se levantaron murallas legales en contra de la inversión minera? Por el discurso progresista del ecologismo radical. Lo mismo ha sucedido en la agroindustria: la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria (Ley 27360), norma que explica el milagro agroexportador peruano y el impresionante proceso de reducción de pobreza en las regiones agrarias, se produjo invocando “derechos de trabajadores” que nunca existirán al margen de la productividad de las empresas.
La burocratización del Estado, las leyes tributarias y las leyes laborales han convertido al Estado en el peor enemigo de las sociedades populares y pobres: en Puno, por ejemplo, solo los trabajadores del gobierno regional y del Estado parecen ser formales: la extralegalidad supera el 90% de la economía.
Es evidente, pues, que la burocratización es la consecuencia del triunfo ideológico y cultural de las corrientes progresistas que suelen crear derechos de aquí para allá, derechos que siempre serán declarativos y que solo pueden existir con la intervención del Estado, con una nueva sobrerregulación y un procedimiento diferente. Y, en este proceso inflacionario de derechos se suele demonizar al sector privado como el enemigo de esos derechos que se declaran y se lanzan a los cuatro vientos. El objetivo es uno solo: empoderar, agrandar al Estado.
Si hay alguna duda, allí están los derechos identitarios que abarcan la sexualidad y la existencia del “género o los géneros”, la raza, las religiones y las culturas. Allí también están los derechos al agua, al aire y los derechos que, incluso, se atribuyen a la naturaleza, como si se tratara de una persona. Todos estos derechos declarados, supuestamente, colisionan con el capitalismo y la economía de mercado, con las tradiciones patriarcales y la hegemonía del hombre blanco, occidental.
Con estas fábulas progresistas y las correspondientes sobrerregulaciones se ha detenido el capitalismo peruano y la pobreza hoy vuelve a crecer.