La Real Academia de la Lengua Española define al gánster como “miembro de una banda organizada de malhechores” y al rufián como persona “sin honor, perversa, despreciable”. Traducido políticamente, ambos conceptos calzan en la pedestre figura del dictador Maduro, jefe de un régimen corrupto y genocida que ha provocado el éxodo de 7 millones 700 mil venezolanos, un millón 500 mil de ellos al Perú.
Huyeron de la miseria, falta de alimentos, medicinas, puestos de trabajo y por la sistemática violación a los derechos humanos practicada por una cúpula cívico-militar imputada de enriquecerse por unos 300 mil millones de dólares y de cometer crímenes de lesa humanidad, según reportes de los fiscales de la Corte Penal Internacional.
El chavismo gobierna de esa forma desde 1999 –hace 25 años– y pretende hacerlo seis más, vía un escandaloso fraude en marcha que sólo prosperará si los gobiernos del hemisferio no lo frenan, denunciando la inhabilitación de candidatos opositores y comprometiéndose a no reconocer los resultados del tracalero proceso electoral.
Sobre el tema, se escuchan voces de protesta.
El presidente del Ecuador, Daniel Noboa, dijo que no considerará válida una elección a todas luces amañada. El mandatario de Uruguay, Luis Lacalle, manifestó que “en Venezuela existe una dictadura y no habrá elecciones libres”. El chileno Gabriel Boric tampoco vaciló en condenar “el arresto de opositores que afecta la realización de elecciones presidenciales democráticas y transparentes”.
Paraguay, Colombia, Perú, República Dominicana, Costa Rica, Estados Unidos, Canadá y 27 países de la Comunidad Europea se encuentran en una línea de repudio al fraude, y en Naciones Unidas y la OEA también se levantan voces de condena.
Cada vez más cercado, apoyado por las satrapías de Cuba, Nicaragua, Honduras y Bolivia, además de Rusia e Irán, Maduro ha llegado al extremo de ordenar el corte de luz de la residencia de la Embajada de Argentina en Caracas, donde se encuentra refugiada una docena de venezolanos, violando así la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas.
Y no permite el voto de 5 millones 500 mil de sus compatriotas que viven en el exterior.
En ese contexto recordemos que el chavismo está habituado a la represión porque controla todos los organismos públicos: Tribunal Constitucional; Poder Judicial y Fiscalía; Consejo Electoral; Defensoría del Pueblo; Contraloría; Policía Bolivariana y Fuerzas Armadas, con quienes cogobierna a través de un cuerpo de dos mil generales, una cifra mayor que el conjunto de generales de Estados Unidos y la OTAN.
Su brazo opresor incluye el empleo de matones asalariados, llamados “colectivos”, entre estos sicarios de la banda criminal del Tren de Aragua.
En su camino a la reelección, Maduro ha cometido atrocidades. A la candidata socialdemócrata María Corina Machado (MCM) la hostilizó mafiosamente, arrestando a sus asesores, prohibiendo que le vendan pasajes aéreos y movilizando barras bravas para atacar a sus simpatizantes.
Ahora la fiscalía ha calificado al partido de MCM –Vente Venezuela– como “organización terrorista”, imputándole tentativa de magnicidio, sin ninguna prueba. A pesar de esas retaliaciones, MCM obtuvo 93% de votos en la interna celebrada en 46 naciones. Posteriormente, la empresa internacional Meganalisis publicó una encuesta proyectando que ganaría los comicios con el 69.1 % de sufragios, mientras Maduro quedaba reducido a un escuálido 7.4 %, una diferencia de casi 10 a 1.
Esa misma medición de Meganalisis registra dos datos reveladores. El primero, que 88.1 % de la población considera que el chavismo solo ha generado pobreza, destrucción familiar y angustia; y, segundo, que si el dictador continúa en el poder 37. %% se iría del país y 47.2% lo pensaría. Es decir, 84.7% de habitantes se exiliaría.
Luego de eliminar a MCM, el chavismo vetó a su reemplazante, Corina Yoris, filósofa y académica de prestigio, a quien previamente demolió en las redes sociales alterando el contenido de su Wikipedia para sostener la falsía de que tenía nacionalidad uruguaya e inventar un tuit del 2017 insultando a MCM.
En ese dramático escenario sólo queda –repetimos– el bloqueo diplomático y no reconocer la validez de un proceso trucho. Esperamos que la presidenta Boluarte retire a nuestro embajador en Caracas y que se manifieste con firmeza, en apego a los valores democráticos.
