PERÚ NEGÓ ANTE LA CIDH HABER COMETIDO DESACATO CON LIBERACIÓN DE ALBERTO FUJIMORI

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) presentó hoy el sustento del informe remitido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) con relación al caso Barrios Altos y La Cantuta, debido a la liberación del expresidente Alberto Fujimori.

la defensa y posición del Estado peruano ante las instancias supranacionales «no solo es legítima, sino también necesaria para salvaguardar el debido proceso»

 

El Estado peruano remitió un informe sobre los casos Barrios Altos y La Cantuta ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el que recalcó y concluyó que no cometió al ejecutar la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que, en diciembre del 2023, restituyó el indulto humanitario concedido al ex presidente Alberto Fujimori, por el entonces mandatario Pedro Pablo Kuczynski en diciembre del 2017.

En la conferencia de prensa participaron el titular del Minjusdh, Eduardo Arana; los agentes del Estado peruano que ejercieron la defensa del informe, Jorge Luis Cáceres y César Pastor Briceño; y el experto ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Adrián Simons.

Arana señaló que el informe presentado el 1 de abril de 2024 sobre el caso Barrios Altos – La Cantuta concluyó que la defensa y posición del Estado peruano ante las instancias supranacionales «no solo es legítima, sino también necesaria para salvaguardar el debido proceso».

Es fundamental recalcar que nuestro país ha actuado conforme a su marco jurídico interno y externo, y ha seguido los procedimientos establecidos para el caso Fujimori en estricto apego a los principios de legalidad y justicia”, precisó el ministro de Justicia.

Asimismo, sostuvo que desde el Gobierno promueven el respeto recíproco entre la soberanía y la jurisdicción de la Corte IDH, instando a la consideración respetuosa de las decisiones judiciales internas y soberanas del Estado peruano.

Expresó que lo que se ha hecho es respetar y ejecutar una decisión del Tribunal Constitucional (TC) con relación al indulto otorgado al exmandatario. Agregó que es fundamental que se reconozca el respeto a nuestra soberanía jurídica.

“Es fundamental recalcar que nuestro país ha actuado conforme a su marco jurídico interno y externo, y ha seguido los procedimientos establecidos para el caso Fujimori en estricto apego a los principios de legalidad y justicia”, precisó el titular del Minjusdh.

Por su parte, Pastor Briceño indicó que no existió desacato por parte del Estado peruano con relación al caso Barrios Altos – La Cantuta, pues se cumplió lo ordenado por la Corte IDH y hubo control jurisdiccional por parte del TC, el cual determinó que el indulto cumplía los parámetros para su otorgamiento.

Indicó que el Estado ha dado cumplimiento a su obligación de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de estos delitos, ya que Fujimori Fujimori fue extraditado y cumplió más de 16 años de carcelería. Agregó que la decisión por la que optó el Estado en 2017 fue la de terminar la carcelería por razones humanitarias, sustentada en un informe médico que no ha sido rebatido.

La Corte IDH determinó el año pasado que el Estado peruano cometió «desacato» al ejecutar la referida sentencia y, además, dispuso que se realice una supervisión reforzada de la obligación de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones de derechos humanas relacionadas a las matanzas en Barrios Altos y La Cantuta; por los que se condenó a Fujimori a 25 años de prisión.

Inicialmente, el organismo internacional dio como plazo máximo el 4 de marzo; pero el Perú presentó el documento el lunes, 1 de abril, tras requerir una ampliación.