INVESTIGAN A VELA Y PÉREZ POR SUPUESTAMENTE HABER FAVORECIDO A ODEBRECHT EN PERJUICIO DE LA SUNAT
Con el pretexto de que el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht es secreto, los fiscales Rafael Vela y José Pérez no sustentaron los verdaderos motivos para anular una deuda de 568 millones de soles con la Superintendencia de Administración Tributaria y Aduanas (Sunat). Esta falta de argumentos ha motivado que la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público haya iniciado acciones para saber la verdad.
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Anularon deuda con Sunat de S/ 568 millones, y ocultan motivo por acuerdo secreto.
Así lo indica la Resolución 241-2024-ANC-MP-CIPPD, del 18 de este mes. La fiscal adjunta suprema Patricia Rodríguez Aliaga solicita a los mediáticos funcionarios que envíen los documentos que presentaron para beneficiar a quienes supuestamente investigaban.
A decir del diario Expreso, además de darles cinco días útiles para cumplir este pedido, se dispone realizar “otros actos previos que resulten necesarios, siempre y cuando sean pertinentes y útiles para los fines de la presenta calificación”.
Esta controversia se remonta a junio de 2019. En ese entonces, Vela negociaba con Odebrecht la firma y homologación del acuerdo de colaboración eficaz. En medio de esto, solicitó a la entonces fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, atribuciones para evaluar las denuncias por temas tributarios a esta empresa.
Entre el 20 y el 21 de ese mes, la ahora inhabilitada cumplió con el pedido, pero ya la Sunat había presentado una denuncia penal a Jorge Barata, Raymundo Trindade Serra y Carlos Nostre, exejecutivos de la firma corrupta.
La tesis de la entidad recaudadora era que Odebrecht había ocultado ingresos, y esto había provocado que dejen de pagar impuestos. Fue entonces que José Pérez entró en acción.
la Sunat había obtenido los indicios de evasión en el 2017. Para ese entonces ya Marcelo Odebrecht estaba preso en Brasil
El 25 de septiembre de 2019, este funcionario alegó que se estaba vulnerando el acuerdo (el cual era secreto), por lo cual correspondía archivar la denuncia.
Esto no era tan cierto. En realidad, la Sunat había obtenido los indicios de evasión en el 2017. Para ese entonces ya Marcelo Odebrecht estaba preso en Brasil, y desde Estados Unidos y Suiza se había revelado el modus operandi de la empresa.
Esto figuraba en su escrito, y fue recogido por el ciudadano con código vpgc7k8o, en el documento ingresado en la Oficina de Integridad del Ministerio Público hace dos años, y recién derivado a la Autoridad de Control en el 2024.
“Volviendo a lesionar el derecho a una motivación adecuada, alegando falsamente que se utilizó información del acuerdo confidencial con Odebrecht para facilitarle el archivo de la denuncia y favorecer a Odebrecht económica y tributariamente. Mi persona colaboró con el Equipo Lava Jato hasta el año 2019”, revela el documento que ha motivado este proceso interno.
Segunda Sala del Tribunal Constitucional ordenó que se admitiera la demanda contra Vela y Pérez.
Cabe indicar que, cuando la Sunat apeló, le tocó a Rafael Vela coordinar la respuesta. Esta se dio en el mismo tenor que la posición esgrimida por Pérez. Sin embargo, aquí se detectó un error, que motivó otro reclamo.
Se presentó una acción de amparo, pero el Tercer Juzgado Constitucional Transitorio de Lima ni siquiera la admitiría. Esta decisión en primera instancia fue confirmada por la Primera Sala Constitucional de la capital.
El error de los jueces era que, cuando se presentó la acción constitucional (setiembre de 2021) ya estaba en vigencia el Nuevo Código Procesal Constitucional (Ley 31307). Este indica que toda demanda de este tipo debe ser evaluada, lo cual no hicieron los magistrados limeños.
Así llegó septiembre de 2023, y la Segunda Sala del Tribunal Constitucional ordenó que se admitiera la demanda contra Vela y Pérez.
Francisco Morales, Helder Domínguez y Gustavo Gutiérrez Ticse habían puesto nuevamente en carrera el reclamo de Sunat.
Más perlas del fiscal Pérez
Viene al caso recordar que según dio cuenta el diario El Comercio, en agosto del 2023, la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público también abrió otra investigación preliminar al fiscal José Domingo Pérez, del Equipo Especial del Caso Lava Jato, por el plazo de 30 días por presunta falta administrativa.
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En agosto del año pasado la Autoridad Nacional de Control también abrió investigación a José Pérez Gómez y otros fiscales por presuntamente haber entregado de forma ilegal una copia de video que contiene la declaración de Jorge Barata a los periodistas Gustavo Gorriti y Romina Mella, así como a Gustavo Mohme Seminario.
Según la resolución a la que accedió el citado diario, la medida también alcanza a los fiscales Walter Villanueva Luicho y Eddie Mishael Velásquez Flores, a raíz de una queja presentada por el abogado Luis Alberto Pacheco Mandujano.
En dicha oportunidad, el jurista alegó que dichos fiscales habrían entregado de forma ilegal una copia de video que contiene la diligencia de declaración de Jorge Barata a los periodistas Gustavo Gorriti y Romina Mella, así como a Gustavo Mohme Seminario.
Por ese motivo, también solicitó copias de los archivos audiovisuales de la Carpeta Fiscal Nro. 19-2016, dentro de los cuales se tomaron las declaraciones de Barata y de los ciudadanos brasileños Olivio Rodríguez Junior, Vinicius Vega Boirin y Adolpho Julio Da Silva Mello Neto.
Cabe reco4dar que para ese entonces, Pérez Gómez ya afrontaba otras indagaciones de la ANC, una de ellas junto al fiscal coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, “por haber emitido comentarios sobre procesos que aún se encuentran en curso”.
En el informe de ese caso se detalla que los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez cometieron faltas disciplinarias por dar entrevistas o declarar ante los medios de comunicación, durante el mes de abril, sobre casos como el de Alejandro Toledo.
En el caso de Pérez Domínguez también se le imputa “adelantar opinión sobre procesos e investigaciones a su cargo”. Se enfatiza que ambos fiscales cometieron “faltas muy graves”; sin embargo, “no se formula propuesta de apartamiento preventivo”.
FUENTE: Expreso, El Comercio