El Congreso debatirá en sus sesiones plenarias de esta semana, diversos temas que la Junta de Portavoces Parlamentarios acordó hoy priorizar, entre ellos la reforma constitucional que inhabilita a las personas sentenciadas por determinados delitos postular a cargos populares y ejercer cargos de confianza durante los diez años posteriores al cumplimiento de sus sentencias.
Impedimento también se aplica para el ejercicio de cargos de confianza
Con tal fin, la iniciativa modifica los artículos 34-A y el inciso 22 del artículo 139 de la Constitución.
Se indica en ella que están impedidos de postular a cargos de elección popular y de ejercer cargos de confianza, “hasta diez años después de haber sido rehabilitadas”, quienes tengan condena de pena privativa de la libertad, efectiva o suspendida, con sentencia consentida o ejecutoriada, en calidad de autores, cómplices o instigadores por la comisión dolosa de diversos delitos.
Estos son terrorismo, tráfico ilícito de drogas, violación de la libertad sexual, colusión, peculado, corrupción de funcionarios, homicidio, trata de personas, secuestro, delito contra la seguridad nacional y traición a la patria, y contra los poderes del Estado y el orden constitucional.
Pensión e Inteligencia
Otro de los dictámenes que la Junta de Portavoces acordó priorizar en el debate a realizarse durante los plenarios de los días miércoles, jueves y viernes de la presente semana, está el que plantea aplicar el derecho de igualdad en el acceso a la pensión de viudez regulada por el Decreto Ley 19990.
En este se modifica el artículo 53 del mencionado decreto ley, que dispuso la creación del Sistema nacional de Pensiones de la Seguridad social, a fin de establecer que la cónyuge o integrante de una unión de hecho viuda de un pensionista fallecido tiene derecho a pensión.
También se acordó priorizar la discusión de la ley que busca fortalecer las funciones de supervisión y control de la Dirección Nacional de Inteligencia, incluyendo en estas “supervisar y controlar a otros organismos del Poder Ejecutivo” que desarrollan actividades de inteligencia.
En el texto del dictamen se especifica que están exceptuadas de esa supervisión y control la Unidad de Inteligencia Financiera y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria.
Se incluyó también el debate que insiste en la aprobación de la ley referida al marco de la responsabilidad y transparencia fiscal de los gobiernos regionales y gobiernos locales, a fin de establecer la excepcionalidad del informe previo favorable del Ministerio de Economía y Finanzas para el redimensionamiento o la creación de nuevos distritos o provincias
