INACEPTABLE INTROMISIÓN DIPLOMÁTICA EN EL PERÚ

Por: Luis Gonzales Posada.

En Norteamérica, en efecto, rige la Ley de Registro de Agentes Extranjeros; el Reino Unido cuenta con la Ley de Organizaciones Benéficas; Australia con una norma denominada Esquema de Transparencia de Influencia Extranjera FITS; Canadá, con el Proyecto C-/70 para Contrarrestar la Interferencia Extranjera; y, en Francia, la Alta Autoridad de Transparencia de la Vida Pública supervisa los donativos a las ONG.}

Quedará registrado como uno de los momentos estelares de la diplomacia peruana el discurso pronunciado por el canciller Javier González-Olaechea en la Embajada de Canadá, deplorando la intromisión de ese país, de Estados Unidos y otros gobiernos europeos en asuntos de competencia interna de la nación.

De esa manera, el ministro ha defendido las prerrogativas constitucionales del Congreso de la República para decidir si aprueba o no el proyecto para que la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) pueda fiscalizar el dinero que las ONG reciben de fuente externa.

La norma, impulsada por el legislador Aguinaga, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento, tiene como propósito que las ONG se registren en APCI y rindan cuenta del uso de las donaciones que reciben, porque esos fondos, además de estar exonerados del pago de impuestos, requieren contar con la indispensable transparencia en su utilización.

En este contexto, es importante destacar que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en su investigación a organizaciones sin fines de lucro, reportó 195 operaciones sospechosas y, por ello, recomendó modificar el marco normativo de APCI.

Es decir, la idea es aplicar un sistema similar –e inclusive menos rígido– que el existente en la mayoría de países de los embajadores que han hecho difusas y oscuras observaciones a los cambios que se pretenden aprobar.

En Norteamérica, en efecto, rige la Ley de Registro de Agentes Extranjeros; el Reino Unido cuenta con la Ley de Organizaciones Benéficas; Australia con una norma denominada Esquema de Transparencia de Influencia Extranjera FITS; Canadá, con el Proyecto C-/70 para Contrarrestar la Interferencia Extranjera; y, en Francia, la Alta Autoridad de Transparencia de la Vida Pública supervisa los donativos a las ONG.

La declaración dice que “preocupa que las enmiendas propuestas a la ley de creación de APCI que restringen la capacidad de la sociedad civil para operar en un entorno propicio”, agregando que las democracias son más inclusivas, equitativas, estables y prósperas cuando estas se encuentran “plenamente empoderada para proteger los derechos humanos y responder a las necesidades de los ciudadanos”.

Sobre la ruidosa publicación de este documento sorprende que se hiciera público, cuando el derecho internacional, así como la práctica diplomática señalan que, en vez de difundirlo en medios de prensa, los firmantes debieron haberse reunido con el titular de la Cancillería peruana, tal como lo señala taxativamente el artículo 41.1 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas o/y hacerlo con el presidente de la Comisión de RREE de Parlamento para esclarecer aspectos que les preocupan.

Sin embargo, no lo hicieron, entrometiéndose en asuntos de competencia interna del país y violando, así, el principio de intervención, que es uno de los pilares del derecho internacional.

Este principio se encuentra consagrado en la Carta de las Naciones Unidas y en las resoluciones de su Asamblea General No.2131, de 1965; 2625, de 1979; y 36/103 de 1981. La Carta de la OEA, por su parte, así lo establece en su artículo tercero y, más ampliamente, en el numeral 19 al señalar que “Ningún Estado tiene el derecho de intervenir, directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro”.

Rechazar esa intromisión, para que no se introduzcan cambios al texto de APCI, ha servido para que algunos comentaristas digan que el canciller González-Olaechea no debió pronunciarse en la sede diplomática canadiense.

Pienso que está muy bien que lo hiciera en ese escenario, porque la declaración de los embajadores extranjeros –entre ellos el representante de Canadá– fue hecha pública y la respuesta debe darse en el mismo marco. Callar es aceptar. Responder abiertamente es sinónimo de claridad y transparencia en las relaciones internacionales; una actitud que parece molestar a algunos que prefieren el silencio.