ADRIANZÉN: GOBIERNO NO OBSERVARÁ LEY QUE DELIMITA VIGENCIA DE CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD
El titular del Gabinete Ministerial, confirmó ayer, miércoles, que el Poder Ejecutivo no observará la ley que “prescribe” delitos de lesa humanidad, aprobada por el Congreso el pasado 4 de julio. Según refirió, el Parlamento tendrá la potestad de promulgarla.
No es cierto que promueva la impunidad”
“Desde el Ejecutivo se decidió no observarla y dejar que esto ocurra si así el Congreso lo considera pertinente. No la promulgó la presidenta y entonces será el Parlamento el que deba promulgarla, presumo yo que en los días próximos se produzca aquello”, informó en conferencia de prensa el ministro Gustavo Adrianzén
Adrianzén sostuvo que la norma aprobada por el Congreso no promueva ninguna impunidad en contra de las víctimas de La Cantuta o Barrios Altos.
“La controversia radica en que lo señalado en el estatuto de Roma y la Convención sobre la imprescriptibilidad de los delitos de crímenes de guerra y lesa humanidad son aplicables al Perú solo después de la publicación de la ley. Así que desde el punto de vista de la aplicación inmediata de la ley penal no es cierto que la norma promueva la impunidad”, explicó.
Reiteró que las víctimas de Barrios Altos como Cantuta ya tienen una sentencia que se encuentra en etapa de ejecución y los acusados ya están siendo juzgados.
“Reitero que no hay impunidad. Lo que se está diciendo es que estas normas no pueden tener carácter retroactivo y que se aplicará desde la entrada en vigencia de la ley en el año 2003, yo ahí no veo dificultad mayor”, sostuvo.
DATO
Con 15 votos a favor, 12 en contra y ninguna abstención, la Comisión Permanente del Congreso aprobó en segunda votación la ley que busca delimitar los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos antes del 2002.
Esta medida considera que el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional en el Perú y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad entra en vigor recién a partir del año 2022, por lo que los delitos cometidos anteriormente no estarían incluidos y juzgar a una persona por ellos se contrapondrían entonces con los principios de legalidad y de irretroactividad.