El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se mostró en contra de la propuesta legislativa realizada por el congresista Waldemar Cerrón (Perú Libre), que busca modificar el Reglamento del Congreso para crear una comisión encargada de fiscalizar jueces y fiscales en el ámbito nacional, señalando que dicha iniciativa vulnera la Constitución y atenta contra el Estado de derecho.
La Iniciativa Legislativa 8678/2024-CR, según refiere el mencionado congresista, se da con la finalidad de fortalecer la labor de fiscalización del Legislativo, a la función de los jueces y fiscales a escala nacional conforme a los alcances facultados por la Constitución.
Según el ministerio, esta propuesta resulta incompatible con la Constitución Política, ya que afecta el principio de separación de poderes y, por ende, pone en riesgo el sistema democrático del país.
El pronunciamiento enfatiza que establecer un control político sobre las resoluciones judiciales y fiscales contraviene la independencia y autonomía de los órganos del sistema de justicia.
Advierte, además, que esto permitiría la interferencia en las decisiones jurisdiccionales, dejando a los jueces y fiscales expuestos a presiones indebidas y excluyendo sus decisiones de toda influencia indebida.
El ministerio también abordó la preocupación legítima del Parlamento y la ciudadanía por las irregularidades y deficiencias en el sistema judicial, así como por la conducta inapropiada de algunos jueces y fiscales.
Sin embargo aclaró que «el diseño constitucional vigente ha reservado a la Contraloría General de la República, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y otras autoridades competentes la responsabilidad de fiscalizar la labor de estos funcionarios, aplicando mecanismos administrativos, disciplinarios o judiciales para corregir y sancionar las irregularidades».
Por último, el Ministerio hizo un llamado a la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público y la Junta Nacional de Justicia para que escuchen las demandas ciudadanas y la preocupación del Congreso, a fin de que, con rectitud y responsabilidad, se determinen las medidas correspondientes en el ámbito de la fiscalización de jueces y fiscales.
