El presentador de televisión, Andrés Hurtado Grados, pasará 18 meses encarcelado. Así quedó establecido luego que el Poder Judicial aprobara el pedido del Ministerio Público para que se dicte la prisión preventiva en su contra por ese periodo de tiempo.
“Declarar fundado en parte el requerimiento de prisión preventiva, formulada por la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos en el extremo formulado contra el imputado Andrés Avelino Hurtado Grados”, la resolución judicial respectiva.
El popular «Chibolín», es investigado por los presuntos delitos de tráfico de influencias y otros en agravio del Estado. El juez Juan Carlos Checkley dispuso también comparecencia con restricciones para la suspendida fiscal superior de lavado de activos Elizabeth Peralta y para el empresario vinculado al negocio del oro, Javier Miu Lei, comprendidos también en las investigaciones.
En su resolución, el citado magistrado (quien es titular del juzgado Supremo de Investigación Preparatoria), indica que la prisión preventiva contra Hurtado, se computará desde el 19 de setiembre de 2024, fecha en que fue detenido en una clínica de San Borja, hasta el 18 de marzo de 2026.
El presentador, se encuentra desde entonces detenido en la sede de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), ubicado en la sede de la Prefectura de Lima, ubicada en la avenida España, desde donde deberá ser trasladado a un penal.
El juez justificó su decisión al indicar que Hurtado no cuenta con arraigo laboral ni domiciliario, pues el mismo ha señalado en la audiencia de control de identidad que no cuenta con un domicilio fijo porque los propietarios de los departamentos que ocupaba en alquiler le han solicitado que se retire.
Asegura también que en los días previos a su arresto, este no fue visto ingresando al domicilio que figura en su Documento Nacional de Identidad, por lo que se habría hospedado en hoteles.
Juan Carlos Checkley se pronunció de acuerdo con lo señalado por la fiscalía, en el sentido que Andrés Hurtado tiene facilidades para salir del país (tal como lo revela su reporte migratorio), no ha entregado su pasaporte y tiene con otras investigaciones fiscales por lavado de activos.
En el caso de la suspendida fiscal Elizabeth Peralta y del empresario Miu Lei, el juez Checkley declaró infundado el pedido de prisión preventiva de la fiscalía e impuso la medida de comparecencia con restricciones disponiendo la obligación de no ausentarse de la localidad donde residen.
Asimismo, les impuso la obligación de realizar el control biométrico cada mes y de pagar una fianza de 35 mil soles para Elizabeth Peralta y un millón de soles para Mui Lei.
Tras conocer esta decisión, el abogado Benji Espinoza, defensa legal de la Elizabeth Peralta, sostuvo que están de acuerdo con la medida. “Reafirma la vigencia de la libertad y seguridad personal en un estado de derecho como el peruano”, aseveró.
