El pleno del Congreso aprobó, por unanimidad, el dictamen que propone establecer medidas para una lucha efectiva contra la criminalidad a fin de garantizar la seguridad ciudadana.
incluye evaluación del sector Interior
La iniciativa legislativa fue aprobada con 91 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. Además, fue exonerada de la segunda votación.
El dictamen tiene por objeto garantizar la seguridad ciudadana, disponiendo medidas extraordinarias de fortalecimiento institucional y modernización operativa, optimizando los recursos públicos, agilizando procesos operativos y priorizando la protección de los derechos fundamentales de la ciudadanía, con enfoque en resultados medibles y mediante la coordinación multisectorial.
Además, autoriza la intervención inmediata y oportuna del Ministerio del Interior, de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales para que, durante el estado de emergencia, realicen las contrataciones de bienes y servicios para la ejecución de acciones urgentes e inmediatas, a fin de reducir los niveles de inseguridad ciudadana y de criminalidad organizada.
Igualmente, faculta a la Contraloría General de la República de realizar el control concurrente correspondiente a las adquisiciones que realicen tanto el Ministerio del Interior, los gobiernos regionales y los gobiernos locales en el marco de lo dispuesto por la presente ley.
También se dispone el otorgamiento de una entrega económica para el personal policial, autorizado por la Ley 32197, para el personal policial que de forma voluntaria preste servicios de patrullaje a pie, patrullaje motorizado y operaciones focalizadas de investigación en el marco de la lucha contra la delincuencia común y la inseguridad ciudadana y dicta otras medidas.
Reestructuración del sector Interior
Asimismo, la propuesta normativa dispone que la Secretaría General del Ministerio del Interior, en coordinación con la Secretaría Ejecutiva de la Policía Nacional del Perú (PNP), realice una evaluación del estado situacional del sector Interior, en un plazo de 90 hábiles contados a partir de la vigencia de la presente ley, debiendo emitir una propuesta de reestructuración del Ministerio del Interior y de la PNP.