Yoon Suk-yeol se convirtió en el primer presidente en actividad de Corea del Sur en tener sobre sus hombros un mandato de detención expedido por un tribunal de Seúl. La orden para su arresto se debe a su declaratoria de ley marcial en ese país, medida que duró solo por algunas horas luego que fuera anulada por el parlamento surcoreano.
El mandato de aprehensión en contra del jefe de Estado fue expedido por el Tribunal del Distrito Occidental de Seúl. Yoon Suk-yeol es acusado de planear la fallida declaración de ley marcial del 3 de diciembre, orquestar la insurrección y abusar de su poder.
La orden fue expedida luego que el referido mandatario se negó a acatar tres citaciones que se le expidieron para que presente sus descargos frente a los delitos que se le imputan.
Tras la orden judicial, la Oficina para las Investigaciones de Corrupción de Funcionarios de Alto Rango (CIO por sus siglas en inglés) cuenta ahora con 48 horas para detener a Yoon para interrogarlo, informó la agencia de noticias EFE.
Pese a la medida, persiste la incertidumbre si la orden podrá ser ejecutada o no, en la medida que el Servicio de Seguridad Presidencial ha impedido que los investigadores entren tanto en el complejo de la oficina presidencial como en la residencia oficial de Yoon Suk-yeol para realizar registros aprobados por el tribunal.
Los juristas han advertido que aún cuando el presidente surcoreano tiene inmunidad presidencial frente al proceso judicial que se le sigue, esta protección no alcanza a los delitos de insurrección o traición que se le han atribuido.
El referido mandatario fue destituido el pasado 14 de diciembre por la Asamblea Nacional (Parlamento), lo que lo ha despojado momentáneamente de sus funciones hasta que el Tribunal Constitucional decida si restituye sus competencias o lo inhabilita definitivamente.
Yoon ha negado las acusaciones argumentando que su declaración de la ley marcial fue un «acto de gobernanza» que buscaba advertir a la oposición, que tiene mayoría en el Parlamento, contra lo que ha descrito como un abuso del poder legislativo que busca minar al Estado y apoyar al régimen de Corea del Norte, con quien el Sur está técnicamente en guerra.
