Perú enfrenta un panorama fiscal y económico complejo, marcado por crecientes riesgos que amenazan su estabilidad a mediano plazo, según especialistas. La reciente reducción de la calificación crediticia de Perú por parte de S&P de «BBB» a «BBB-» refleja la preocupación por la capacidad del Gobierno para implementar políticas que fomenten el crecimiento.
La fragmentación del Congreso y la falta de capital político del Ejecutivo son factores que han deteriorado la confianza de los inversionistas y han obstaculizado la recuperación económica y fiscal.
A diferencia de la política monetaria del Banco Central de Reserva (BCR), la política fiscal en Perú está sujeta a presiones políticas del Congreso y el Ejecutivo. Aunque existen mecanismos como el Marco Macroeconómico Multianual (MMM), la Regla Fiscal y el Consejo Fiscal para asegurar la coherencia y transparencia fiscal, estos han sido insuficientes para evitar el incumplimiento de las metas fiscales en los últimos años.
“En el 2023, el déficit fiscal global aumentó considerablemente, elevando la deuda pública mundial al 93.1% del Producto Bruto Interno (PBI), con América Latina experimentando uno de los mayores incrementos, alcanzando el 73.7% del PBI. Se prevé que las finanzas públicas enfrentarán desafíos debido a un crecimiento económico moderado y tasas de interés elevadas”, explica Luis Falen, Head de Macroeconomía de Intéligo SAB.
Por otro lado, la persistencia de la incertidumbre política, la falta de políticas proactivas para impulsar el crecimiento económico y las presiones sobre las cuentas fiscales debido al elevado gasto público son factores clave que afectarán las futuras decisiones de las agencias calificadoras, según Falen. Si estos problemas persisten, el riesgo de que Perú pierda su grado de inversión aumentará significativamente.
En ese sentido, la pérdida del grado de inversión tendría serias implicaciones para la economía peruana. Esto incluiría un endurecimiento de las condiciones financieras, un incremento en el costo de endeudamiento del gobierno y del sector privado, y una reducción significativa de la inversión extranjera. Los efectos de tal pérdida podrían ser duraderos, como se ha visto en otros países de la región.
“Para evitar una mayor degradación crediticia y estabilizar la economía, es crucial implementar reformas que impulsen la productividad y la inversión privada, así como estrategias de consolidación fiscal que mejoren la eficiencia del gasto y aseguren una gestión prudente de las finanzas públicas”, señala el experto. La adopción de marcos creíbles de gestión fiscal será esencial para proteger la inversión y mejorar la gobernanza presupuestaria.
