EN LA MIRA: Presentan moción de interpelación contra el ministro de Energía y Minas por Reinfo y minería ilegal

En la mira. Congresistas de diversas bancadas presentaron ayer, jueves,  una moción de interpelación contra el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero Cornejo, para que dé explicaciones sobre «cuestionados hechos durante su gestión».

El pliego interpelatorio contiene 20 preguntas relacionadas con la informalidad minera, el Reglamento de la Ley N.º 32213, y el avance de los indicadores de formalización en el sector a nivel nacional.

En la moción de orden del día se objeta una de las disposiciones del reciente Reglamento de Ley 32213, la misma que amplía el plazo del proceso de formalización minera y establece nuevas disposiciones sobre el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y, según la cual, en caso de fallecimiento del titular, se permite la transferencia de la titularidad de las inscripciones en el Reinfo por sucesión.

«La Ley N.º 32213 no incluye en ninguno de sus extremos la figura del ‘Reinfo hereditario’, figura que ha sido extendida y replicada de manera arbitraria desde el Decreto Legislativo N.º 1923, que declaró de interés nacional la formalización de las actividades de la pequeña minería y minería artesanal», se lee.

Los legisladores advierten que dicha normativa «carece de todo sustento legal y no beneficiaría la formalización de la minería» en el país.

Consideran, asimismo que el Decreto Supremo N.º 009-2025-EM, que aprueba el reglamento de la Ley N.º 32213, habría vulnerado el artículo 118 de la Constitución Política, referido a las atribuciones y obligaciones del presidente de la República. En particular, el inciso 8 establece lo siguiente: «Ejercer la potestad de reglamentar las leyes sin transgredirlas ni desnaturalizarlas; y, dentro de tales límites, dictar decretos y resoluciones».

En la moción también se hace hincapié en que la reciente publicación del reglamento, a pocos días del vencimiento del plazo del Reinfo —proceso que culmina el 30 de junio de 2025—, «demuestra la intención del Ejecutivo de extender» dicho plazo hasta diciembre de 2025, «pese a que esta informalidad sigue cobrando vidas, como las 13 víctimas asesinadas brutalmente en Pataz, producto de la minería ilegal»