Cuatro fiscalías especializadas supraprovinciales, con personal fiscal y administrativo, trabajarán con el Grupo Operativo de Respuesta contra la Extorsión (Gorex) de la Policía Nacional, a fin de enfrentar el incremento de las extorsiones en Lima Metropolitana.
Así lo dispuso la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada del Ministerio Público.
Ayer, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, reiteró que se creará de un equipo especial dedicado a la investigación y persecución del delito de extorsión en el transporte público y privado integrado.
Inicialmente estará integrado por más de 100 agentes que ya están trabajando en las instalaciones de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), aseguró.
Como parte de las acciones para enfrentar las extorsiones y el sicariato, Santiváñez indicó que también pedirá al Ministerio Público la conformación de una fiscalía supraprovincial contra la extorsión para acelerar el trámite de las denuncias y garantizar la reserva de la identidad de los denunciantes, a través de protocolos de datos personales.
Estado de emergencia
Tras el paro de transportistas, ante el incremento de las extorsiones a este sector, el Gobierno declaró la tarde de ayer el estado de emergencia en 12 distritos de Lima y Callao, por un plazo de 60 días.
Asimismo, anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley para tipificar como terrorismo urbano el sicariato, secuestro, extorsión y posesión de armas de fuego de procedencia ilegal.
Se dispuso también la ampliación del penal de Challapalca, en Puno, para el traslado de sentenciado y procesados por estos delitos.
