se requiere una mayor participación de empresas privadas y una reducción del tamaño del Estado. Esta sería la única forma de mejorar la calidad de los servicios para los ciudadanos
Estas últimas semanas han reafirmado que el Estado es un pésimo administrador de los bienes que gestiona. Quiero mencionar dos ejemplos claros que los peruanos hemos sufrido debido al capricho del Estado en querer gestionar los servicios públicos.
El primer caso es el elefante blanco llamado Petroperú, una empresa en quiebra desde hace años. A pesar de ello, el Estado continúa destinando recursos para su rescate, recursos que podrían emplearse en necesidades más urgentes como la construcción de postas y colegios. En 2020 y 2021, la empresa petrolera estatal registró pérdidas cercanas a los S/14 millones de soles, y en 2023 cerró con pérdidas de $822 millones de dólares. Por lo tanto, el gobierno carece de lógica al no privatizarla, lo que resolvería este problema que afecta no solo al gobierno sino a todos los peruanos.
El segundo caso es más grave y afecta directamente a los limeños: se trata de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, conocida como ATU. Esta institución estatal ha provocado un daño considerable en el sistema de transporte de Lima durante los pocos años que ha estado a cargo de su administración, arruinando el sistema que en algún momento el gobierno de Lima intentó establecer.
Ambos casos evidencian la ineficacia del Estado en mantener sistemas burocráticos «extractores», que solo han generado mayor burocracia e inefectividad. A pesar de las explicaciones técnicas que los burócratas puedan ofrecer para justificar la existencia de estos organismos estatales, la realidad es que no han cumplido con su cometido y han representado un lastre para la administración pública.
Necesitamos entender que hay empresas que deben de privatizarse y Petroperú es un claro ejemplo. No necesitamos este tipo de organizaciones, ya que generan más corrupción para los gobiernos de turno, tanto así que se convierten en una especie de caja chica, en lugar de buscar el beneficio para todos los peruanos.
Por parte de ATU, la situación es un desastre. Cada día, el servicio que brindan a los limeños es más desgastante: unidades malogradas, desorden en el servicio y amenazas por parte de los concesionarios debido a deudas impagas. Esto solo ha generado malestar entre los limeños y un servicio de transporte público precario, sin visos de mejora. Además, los proyectos de construcción de sistemas de metro se extienden en un horizonte de 10 a 15 años, dividiendo la ciudad y dejándola en un caos.
Por eso, se requiere una mayor participación de empresas privadas y una reducción del tamaño del Estado. Esta sería la única forma de mejorar la calidad de los servicios para los ciudadanos, algo que parece una utopía para los peruanos. Además, es necesario disminuir gradualmente la burocracia que tanto daño hace, al menos en nuestro país y en la región.
