El problema de la seguridad en el Perú no es solamente presupuestal. Es, fundamentalmente, institucional y político.
El anuncio de una partida de 15,400 millones de soles para combatir la delincuencia, el sicariato y el crimen puede parecer, a primera vista, una respuesta contundente frente a la inseguridad que golpea al país. Y ciertamente el Perú necesita recursos. Muchos recursos.
Pero sería ingenuo -y hasta irresponsable- pensar que el crimen se derrota únicamente con dinero. El problema de la seguridad en el Perú no es solamente presupuestal. Es, fundamentalmente, institucional y político.
Hace algún tiempo sosteníamos que el país necesita una profunda reorganización de la Policía Nacional y una depuración seria, responsable y respetuosa del debido proceso de aquellos malos elementos que han terminado utilizando el uniforme de la patria para delinquir, proteger delincuentes o enriquecerse ilícitamente. No podemos seguir mirando hacia otro lado.
El ciudadano peruano ha perdido buena parte de la confianza que alguna vez tuvo en su Policía. Y recuperar esa confianza no se consigue con discursos, ceremonias, fotografías ni anuncios millonarios. Se consigue con resultados y conducta. El Perú necesita una Policía Nacional que tenga dinero, sí; pero, sobre todo, necesita una Policía que tenga autoridad moral.
Requerímos policías honestos, honrados, disciplinados y comprometidos con su institución. Necesitamos recuperar al policía que inspire respeto y confianza; aquel al que el ciudadano pueda acercarse sin temor y al que pueda pedir auxilio con la certeza de que encontrará protección. Y para eso hay que comenzar por una verdad elemental: no cualquiera puede vestir el uniforme de la patria.
El ingreso a la Policía Nacional debe contar con filtros mucho más rigurosos. No basta comprobar condiciones físicas o conocimientos básicos. Hay que evaluar integridad, vocación, equilibrio emocional, antecedentes, entorno y compromiso con el servicio público.
Porque cuando un delincuente consigue ponerse un uniforme policial, el daño que produce es doble: delinque y, al mismo tiempo, destruye la confianza en toda la institución. Pero la reforma tampoco puede quedarse en los niveles inferiores. Hay que mirar a la oficialidad.
El Perú necesita una oficialidad que lidere con el ejemplo, que conozca la realidad de sus policías y que entienda que comandar no significa exhibir galones, posar para las fotografías o desplegar una permanente peliculina institucional.
El liderazgo policial se demuestra en la calle, en las comisarías, en la capacidad de conducir a los subordinados, en la lucha contra el crimen y, sobre todo, en la conducta personal.
Menos peliculina y más resultados.
Porque resulta difícil hablar de una Policía moderna cuando muchos efectivos en el interior del país trabajan en condiciones que deberían avergonzarnos como Estado.
Recorrer el interior del Perú y comprobar la precariedad en la que muchos policías cumplen su misión, es crispante. Comisarías deterioradas, vehículos -cuando existen- que apenas pueden desplazarse, falta de equipos, instalaciones indignas y carencias elementales.
Y mientras eso ocurre en muchas provincias y distritos, en Lima no faltan oficiales superiores que disponen de gollerías, condiciones privilegiadas y superfluidada.
¿Esa es la Policía que queremos?
No. Si el Estado va a invertir 15,400 millones de soles, entonces que tenga también el coraje de preguntarse dónde está el dinero, cómo se distribuye, quién lo administra y, sobre todo, qué resultados se esperan. Porque no necesitamos solamente más Policía. Necesitamos mejor Policía.
Necesitamos una institución capaz de enfrentar al sicariato, la extorsión, el narcotráfico, la minería ilegal, el crimen organizado y todas las nuevas modalidades delictivas que están penetrando nuestra sociedad.
Pero exige también algo que no se compra con presupuesto: integridad.
Podemos comprar miles de patrulleros, instalar cámaras, adquirir equipos sofisticados y construir grandes complejos policiales. Pero si dentro de la institución continúan enquistados malos elementos, todo ese esfuerzo será insuficiente.
Por eso, el Gobierno y el Parlamento tienen una responsabilidad que va mucho más allá de aprobar una partida presupuestal. Tienen que atreverse a reformar la Policía.vY reformarla de verdad. Evaluar, depurar, profesionalizar, modernizar y dignificar.
Separar, con todas las garantías de la ley, a quienes no merecen continuar en la institución. Premiar y reconocer a quienes honran el uniforme. Fortalecer los mecanismos de control interno. Mejorar los procesos de formación y ascenso. Terminar con cualquier privilegio que no tenga relación con la función policial.
Y devolverle al policía de a pie la dignidad que merece.
Porque mientras el policía honesto tenga que trabajar con carencias y mientras el ciudadano siga preguntándose si puede confiar en quien lleva un uniforme policial, ningún presupuesto será suficiente.
Los 15,400 millones pueden convertirse en una inversión histórica o en otro gigantesco desembolso público sin resultados proporcionales.
La diferencia dependerá de la voluntad política.
El país no necesita gobernantes que anuncien cifras. Necesita gobernantes que tengan el valor de transformar instituciones.
El Perú está cansado de escuchar que se está ganando la guerra contra el crimen mientras los ciudadanos siguen pagando cupos, cerrando negocios por miedo, enterrando víctimas del sicariato y viviendo detrás de rejas.
La inseguridad ya no admite maquillaje.
Necesitamos una Policía Nacional que vuelva a ser respetada, pero para ello primero debe ser respetable.
Una Policía con recursos, sí. Una Policía moderna, también.
Pero, fundamentalmente, una Policía limpia, profesional, honesta y al servicio de la ciudadanía. Porque el uniforme de la patria no puede convertirse en escudo de delincuentes.
Y porque si el Estado va a gastar 15,400 millones para combatir el crimen, tiene que empezar por combatir también aquello que, desde dentro de sus propias instituciones, permite que el crimen siga creciendo.
No se trata solamente de poner más dinero en la Policía. Se trata de recuperar la Policía para el Perú.
