OPINIÓN/ Contener la anarquía y avanzar hacia el 2026

(El Montonero).- En comparación a lo que sucede en Colombia, Bolivia e incluso en Chile –países en los que la polarización política convierte a los procesos electorales en guerras del fin del mundo– en el Perú la precaria estabilidad política conseguida comienza a desatar varios círculos virtuosos de la economía y la sociedad. Si bien es cierto que la estabilidad y la reactivación de la economía dependen de las elecciones del 2026 y de la elección de un gobierno con sentido común y de un Legislativo aceptable (sobre todo en el caso del Senado) es evidente que el Perú debe celebrar el momento que se comienza a alcanzar.

Las tareas para mantener la fortaleza de las instituciones

 

Los indicadores económicos en general señalan que se empiezan a alcanzar las cifras alcanzadas antes de la pandemia, más allá de que, en cuanto a los niveles de pobreza, se haya retrocedido considerablemente. Vale anotar que antes de la pandemia y del gobierno de Pedro Castillo la pobreza se ubicaba a niveles del 20% de la población, mientras que ahora está en el 27%.

El Perú para llegar, como se dice, en buenos términos a las elecciones del 2026 necesita contener la anarquía institucional, enfrentar el desborde de la ola criminal, cerrar el déficit fiscal y evitar cambios significativos al modelo económico e institucional. En ese sentido es una extraordinaria noticia la decisión del Tribunal Constitucional que establece que la ley 32130, que devuelve la investigación preliminar de los delitos a la policía nacional del Perú (PNP), es absolutamente constitucional. Al respecto vale recordar que en el Ministerio Público se desarrolló una resistencia en la aplicación de esta norma –contraviniendo el orden constitucional– y, de una u otra manera, los conflictos entre fiscales y PNP agravaron la falta de una política de Estado para enfrentar el desborde criminal.

En otras palabras, la anarquía institucional y el desborde criminal –incluyendo la grave amenaza de la minería ilegal– parecían convivir como parte de un mismo fenómeno que podía llevarnos a desarrollar algunos de los rasgos de los estados fallidos que caracterizan a las sociedades Hispanoamericanas. La decisión del TC arriba mencionada entonces puede ser el punto de partida para que el Estado implemente una política para contener el avance criminal en el que converjan Ejecutivo, Ministerio Público, Poder Judicial, PNP, regiones y municipios. Y, a partir de esa política convocar al sector privado que, según diversos estimados, gasta sumas parecidas a las que el Estado destina a seguridad ciudadana.

Una de las razones por las cuales es difícil hablar en el Perú de un Estado fallido –a pesar de la crisis política, la anarquía institucional, el desborde criminal y zonas liberadas de la autoridad del Estado de derecho– es la vigencia del modelo económico basado en la desregulación de mercados y la inversión privada. La fortaleza del sol peruano y la labor del BCR se convierten en los principales elementos de la unidad nacional y territorial. 

Haber evitado la vacancia presidencial –es decir, un nuevo ciclo de anarquía e incertidumbre–, por ejemplo, ha permitido que la economía empiece a reactivarse. En el primer trimestre de este año el crecimiento casi alcanza el 4% del PBI, la reinversión privada creció en alrededor de 8% luego de varios semestres sin levantar vuelo y se proyectan exportaciones de más de US$ 77,000 millones para el 2025.

Sin embargo, para que este impulso constructivo prosiga el Ejecutivo debe cumplir la regla fiscal y garantizar un déficit del 2.2%, un objetivo que parece absolutamente posible por la reactivación económica y el correspondiente aumento de la recaudación fiscal. A una administración de izquierda no se le puede pedir que reduzca y racionalice gastos y detenga la sangría de recursos fiscales de Petroperú, una empresa quebrada y sin viabilidad. Objetivos de ese tipo no parecen posibles.

Sin embargo, lo que sí podemos exigirle al Ejecutivo y al Congreso es que no se desarrollen cambio alguno al modelo político, institucional y económico. Dejemos esa nueva tarea para el nuevo Ejecutivo y Legislativo a elegirse en el 2026.