OPINIÓN/ ¿Cuándo habrá justicia en el Perú?

Escribe: César David Gallo Lale

Teniente General FAP

¿Qué dicen los representantes de las entidades responsables?

 

El Tribunal Constitucional como máximo órgano de interpretación y control de la constitucionalidad del Perú, mediante sentencia emitida a finales de 2025, declaró infundadas las demandas de inconstitucionalidad y por lo tanto constitucional y aplicable la Ley N°32107, norma que limita la persecución de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra a hechos ocurridos después del 1 de julio de 2002. Esta decisión establece que los delitos cometidos antes de dicha fecha, en que entró en vigor del Estatuto de Roma en el Perú, prescriben conforme al Código Penal de 1991, impidiendo el procesamiento de los delitos correspondientes al período 1980–2000.

A pesar de esto, la justicia en el Perú cada vez se torna más injusta, y la presión “caviar” dentro de ella es más fuerte de lo que pensábamos, pues parece existir una mayoría en las cortes que actualmente administran justicia en el país. La presidenta de la Corte Suprema, doctora Janet Tello Gilardi, pareciera estar sometida a la presión ejercida por estos grupos y por la ONG IDL que dirige Gustavo Gorriti. El respaldo de los jueces supremos parece ser unánime en apoyo a esta magistrada, quien defiende intereses políticos y evidencia animadversión contra los militares y policías procesados y comprendidos dentro de lo dispuesto por el Tribunal Constitucional, y cuyo único fin fue cumplir su misión de defender al país del terrorismo que lo azotó despiadadamente durante las décadas de 1980 y 1990, período en el que muchos miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional ofrendaron sus vidas.

Se avala lo que se permite, o se cosecha lo que se siembra. La inacción frente a la injusticia es producto del temor de los representantes de las diferentes entidades involucradas, al no pronunciarse respecto al incumplimiento de lo resuelto por el TC en relación con la Ley N°32107. Entre estas entidades se encuentran la Junta Nacional de Justicia; el fiscal de la Nación; el presidente de la República, el presidente del Consejo de Ministros; los ministros de Defensa, Interior y de Justicia, entre otros. Ni qué decir del General José Williams Zapata, no como congresista de la república, sino como oficial comando de infantería, quien estuvo al mando de la Operación Chavín de Huántar y que debería estar a la cabeza de quienes no transan con la “justicia caviar”.

Por eso, ¿cómo es posible? Aparte del Presidente del Congreso,  que ninguna de estas entidades mencionadas diga nada al respecto? Solo se han pronunciado, organizaciones como la Asociación de Oficiales Generales y Almirantes (ADOGEN) y la Asociación Comando Chavín de Huántar, haciendo este último alusión al caso del Coronel EP Comando Roberto Villar Chamorro, recientemente sentenciado a 20 años de cárcel, acusado por hechos ocurridos hace más de 31 años en el Frente Huallaga, durante la lucha contra el terrorismo. ¿Y los otros miembros que están condenados y perseguidos? ¿Y el sufrimiento de todos sus deudos: esposas, hijos y padres?

Es entendible que los Altos mandos de las FFAA y el J-CCFFAA, al encontrarse en situación militar de actividad, no tengan la posibilidad de pronunciarse oficialmente por la conocida “no deliberancia”, pero sí deben presionar a los Ministros de Defensa e interior para que tomen acción al respecto.

Sin embargo, que el Poder Ejecutivo, de quien dependen las Fuerzas del Orden, no diga nada, es inexplicable. El presidente, como Jefe Supremo de las FFAA y de la PNP, a pesar de estar envuelto últimamente en tantos problemas, debería hacerlo enérgicamente, ya que no se trata solamente de disponer el empleo de las fuerzas del orden en situaciones de emergencia, sino también de sacar cara por quienes pusieron y ponen el pecho en defensa de la patria y del sistema democrático.

Que no se confunda, esto no sería avocarse en procesos judiciales; por el contrario, es defender como Jefe Supremo al personal del cual es jefe directo, personal al que jamás se le abandona en ninguna misión, y menos aun cuando enfrenta problemas judiciales de este tipo, que resultan totalmente injustos porque desacatan la sentencia del Tribunal Constitucional del Perú, respecto a la Ley promulgada por el Congreso de la República.

Que no se repita nunca más aquello de que “Cuando la patria está en peligro se recurre a Dios y al soldado; cuando el peligro pasa, Dios es olvidado y el soldado es juzgado”.

¡COMUNISMO Y TERRORISMO NUNCA MAS EN EL PERU!

¡Estamos advertidos!

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