OPINIÓN/ El déficit fiscal no importa para el Gobierno de Boluarte

(El Montonero).- La promulgación de la ley que modifica la distribución de la recaudación del IGV, que reduce de 16% a 14% la participación del Gobierno central a favor de un incremento de 2% a 4% en el Impuesto de Promoción Municipal, ha disparado las alarmas en todos los sectores económicos de buena voluntad. Es decir, en los sectores que piensan la economía como parte fundamental de cualquier proyecto de desarrollo nacional y de estabilidad institucional y política.

Un MEF sin personalidad se allana al populismo y la demagogia

Según las más diversas proyecciones semejante modificación restará más de S/ 10,000 millones al Gobierno central en el preciso momento en que el nuevo ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, acaba de anunciar que se solicitará cambiar la proyección del déficit fiscal de 2.2% a 2.8% del PBI en el 2025. De esta manera el Perú avanza hacia un tercer año consecutivo de incumplimiento de las metas fiscales, una situación que ha encendido las alarmas y las luces rojas en las calificadoras internacionales. Si las cosas siguen así de descontroladas es evidente que el país podría perder los grados de inversión alcanzados a través del gigantesco esfuerzo de varias generaciones.

Vale recordar que en el 2023 se proyectó un déficit fiscal de 2.4% del PBI; sin embargo, al cierre del año se sumó un déficit de 2.8% del PBI gracias un cuestionado adelanto de utilidades del Banco de la Nación. Una singular operación contable que, de no haberse realizado, habría disparado el hueco fiscal a más de 3% del PBI. En el 2024 todo fue de mal en peor. Se proyectó un déficit de 2%, pero el Ejecutivo amplió la regla fiscal a 2.8% para evitar la vigilancia y el control de las calificadoras de riesgo. Sin embargo, el hueco fiscal terminó en 3.6% del PBI. Una barbaridad.

Como se aprecia con absoluta claridad una de las peores herencias del Gobierno de Boluarte no solo será la falta de una política de Estado para controlar la ola criminal, sino también el evidente descontrol del déficit fiscal, una variable macroeconómica en la que el Perú siempre fue ejemplo mundial. Antes de la pandemia y la llegada de la izquierda al Ministerio de Economía y Finanzas el déficit promedio era de 1% del PBI.

¿Cómo se puede entender la ley aprobada en el Congreso que modifica la distribución del IGV y cómo interpretar la decisión del Ejecutivo de promulgar una norma tan polémica? ¿Cómo entender la decisión del nuevo titular del MEF de aceptar la señalada norma y promover el cambio de la regla fiscal? La respuesta es más sencilla de lo que parece: para las izquierdas, para el populismo y la demagogia el gasto estatal antes que una herramienta de desarrollo es una estrategia política electoral, de clientela.

Detrás de la ley aprobada por el Legislativo es incuestionable que están las estratagemas de los partidos y bancadas legislativas para congraciarse con las provincias en camino hacia el 2026. Ha empezado la fiesta electoral, al margen si se revienta la economía para el futuro gobierno y las próximas generaciones. Es el mismo impulso populista que explica que el Estado haya sumado más de US$ 5,000 millones en préstamos y aportes de capital a Petroperú –una empresa quebrada–, de los cuales US$ 3,500 millones corresponden al Gobierno de Boluarte. Es el mismo impulso que explica que el gasto corriente se incremente en 30% en el 2025.

Desde la instalación del Gobierno de Pedro Castillo, siguiendo por la administración de Boluarte, la estela izquierdista y populista en el Ministerio de Economía y Finanzas –pese a no haber podido cambiar las columnas del modelo– nos está dejando una macroeconomía debilitada que, de todas maneras, obligará al próximo gobierno a desarrollar un severo ajuste. Se trataría del mejor escenario si es que no se pierden los grados de inversión obtenidos por el país.

Una vez más se confirma que el Estado disfuncional es el peor enemigo del modelo y de la peruanidad.