OPINIÓN/ El déficit fiscal y el modelo de promoción agraria

(El Montonero).- El modelo económico de las últimas tres décadas, que multiplicó el PBI por varias veces y redujo pobreza del 60% de la población a 20% antes de la pandemia y del gobierno de Pedro Castillo, no se explicaría sin las audaces reformas económicas de los noventa –únicamente comparables a las reformas de los Chicago Boys en Chile y las de Javier Milei en la actualidad– y sin el imteresante aporte de la Ley de Promoción Agraria promulgada a inicios del nuevo milenio.

Un debate necesario entre quienes defienden el modelo

Es incuestionable que las bases del modelo son las reformas económicas que se consagraron en la nueva Constitución de 1993 con el fin de la regulación de precios y mercados, la cancelación del Estado empresario y el respeto irrestricto de los contratos y la propiedad privada, además del ajuste fiscal, la reforma tributaria y la reforma comercial. Gracias a esas transformaciones se multiplicó la productividad y competitividad del país y emergió el milagro económico peruano, que reducía varios puntos anuales de pobreza durante toda la primera década del nuevo milenio.

Sin embargo, uno de los sectores más devastados por el velasquismo y las reformas estatistas de la junta militar fue el agro. El agro se descapitalizó de tal manera que se convirtió en la principal fuente de pobreza nacional y, de una u otra manera, aceleró las migraciones y el despoblamiento del área rural. En ese contexto, otro sector del gobierno de los noventa –no vinculado a la tecnocracia económica y el MEF de entonces– promovió una Ley de Promoción Agraria que estableció un régimen promocional tributario y otro laboral, basado en la flexibilidad de los contratos. De alguna manera se copiaba los modelos agroexportadores del sudeste asiático, y la norma fue concebida para promover empleo de manera masiva.

El efecto social de las reformas económicas, del desarrollo de los proyectos hídricos y el régimen promocional agrario fue una revolución social en algunas regiones del norte e Ica. Las agroexportaciones se incrementaron de US$ 651 millones a más de US$ 10,000 millones, se captaron US$ 20,000 millones de inversiones y el empleo formal se multiplicó de 460,000 en el 2004 –entre directos e indirectos– hasta más de un millón en la actualidad. La pobreza en las regiones agrarias descendió muy por debajo de la media nacional (Ica tiene 6% de pobreza mientras el promedio del país está sobre 27%).

La izquierda y el progresismo en general, conscientes de que la capitalización del campo es una herida muerte para cualquier proyecto antisistema, derogaron la Ley 27360, Ley de Promoción Agraria, eliminando el régimen tributario y laboral promocionales.

Luego de la derogatoria de la ley de promoción agraria no se conocen de nuevas inversiones en el sector y se pierden entre 80,000 y 100,000 empleos mensuales. En este contexto, se produce el desmadre fiscal de las izquierdas, del gobierno de Pedro Castillo y de Dina Boluarte, que nos puede llevar a incumplir la regla fiscal por tres años consecutivos en el 2025.

Y, sorprendentemente, un sector del país, preocupado por la trayectoria fiscal de nuestra economía, en vez de plantear la reducción del gasto corriente (que crece entre 20% y 30% anual), en vez de proponer la privatización de Petroperú, que desangra casi perpetuamente al fisco nacional, en vez de proponer la reducción de los 19 ministerios a la mitad, para eliminar las sinecuras del progresismo; es decir, en vez de enfrentar el Estado burocrático que ha construido la izquierda y ha frenado el capitalismo peruano, pretende comparar los criterios promocionales de la derogada ley de promoción agraria –la mejor norma económica de nuestra historia republicana– con el fracaso de las zonas francas.

¿Cómo se puede involucionar de esa manera en el debate? De pronto todos estamos sumergidos en la emergencia que han creado las izquierdas y olvidamos que sin régimen promocional agrario no se habría conocido gran parte de la prosperidad del norte y de Ica. Es más, la agricultura moderna se ha desarrollado de manera tan limitada: solo en el 5% de las tierras dedicadas a la agricultura.

De esa falta de capitalización en el agro nace gran parte de la informalidad, el desencuentro entre minería y agricultura e incluso el avance de la minería ilegal. ¿Cómo se puede equiparar el fracaso de una zona franca con una ley promocional en el agro? ¿Qué ha pasado?